Unipost sigue sin conseguir su propósito de que Correos sea considerado culpable de su quiebra. La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso de la empresa catalana contra una primera sentencia, dictada en octubre de 2024, que declaró que la entidad pública no había llevado a cabo prácticas anticompetitivas durante 14 años y por tanto no debía indemnizar al antiguo servicio postal catalán con 301,25 millones de euros. La audiencia provincial ha confirmado íntegramente este fallo, lo que agrava las dificultades del antiguo operador privado de servicio postal, en fase de liquidación, a pagar las deudas millonarias con los acreedores. Unipost entró en concurso de acreedores en julio de 2017, después de años de pérdidas cuantiosas. La demanda contra Correos fue presentada por el administrador concursal en junio de 2020 para reclamar 300 millones de euros por daños y perjuicios, al entender que el servicio público fue el causante de su quiebra, como consecuencia de la política de precios “predatorios” que fijó entre 2004 y 2018 con el objetivo de excluir al grupo postal de la familia Raventós del mercado minorista. Con dicha cantidad, el administrador tenía intención de saldar parte de las cuentas pendientes.La demanda se apoyó en en un informe pericial del economista Joan Ramon Borrell, que cuantificó en 162 millones de euros el valor del negocio que la compañía con sede en Barcelona perdió por la actuación de Correos; a lo que sumó otros 135 millones por el “daño emergente” resultante del concurso y la liquidación de la empresa y otros 3,5 millones por los daños derivados de la negativa de Correos para acceder a la red postal. Asimismo, su tesis acusatoria se basó en una sanción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2013 a Correos —que devino en firme en 2018 por el Tribunal Supremo— por abuso de posición de dominio, al no permitir a otras empresas de la competencias el acceso a la red postal en el mercado de las notificaciones.Financiación con “ayudas ilegales”Unipost centró su argumentación en que Correos (cuyo accionista único es la Sepi) ofreció a clientes con grandes volúmenes de envíos postales descuentos que, a su vez, fueron sufragados por “ayudas estatales ilícitas”. Según la firma demandante, esto impidió constituir “una competencia efectiva en el mercado” y permitió a la empresa pública alcanzar una cuota de mercado del 90%. La demanda explica que entre 2004 y 2010 Correos recibió 317 millones de euros como ayudas del Estado, cantidad que utilizó, según la demanda, para financiar tales descuentos, ya que dichos importes cubrieron las “perdidas” que causaron dichas rebajas, lo cual incumple “el fin legal de las compensaciones”. El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona, en su sentencia dictada en octubre de 2024, sí ve como probado que Correos mantuviera una posición de dominio estable en el mercado minorista, con cuotas de entre el 80% y el 90%. Sin embargo, rechazó que la financiación de grandes clientes con ayudas de Estado, supusiera un perjuicio para Unipost. Una conclusión que alcanzó siguiendo las resoluciones de la Comisión Europea y la justicia europea, que declararon dichas ayudas legales no alteraron el normal funcionamiento del mercado aunque fueran ilegales. Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia dictada el pasado 23 de julio, ha confirmado este criterio y subrayado que no ha quedado acreditado que esas ayudas de Estado las ayudas de Estado “ilegales e incompatibles” dieran lugar a la política de precios predatorios. El tribunal afirma que “la percepción de una ayuda incompatible no constituye, por sí, un abuso de posición dominante imputable a su beneficiario”. En esta línea, recuerda que Bruselas declaró una “ilegalidad procedimental imputable al Estado concedente” porque las ayudas se ejecutaron sin previa notificación, como exige la normativa comunitaria. Pero esta falta de notificación, prosigue la sentencia, “no implica que Correos utilizase dichas compensaciones por la OSU [Obligación de Servicio Universal] para financiar una política de precios predatorios centrada en los grandes clientes durante dicho periodo”.La compañía catalana también puso el foco en las subvenciones recibidas entre 2011 y 2020. Pese a que Bruselas certificó que Correos se benefició en dicho periodo de 1.280 millones de euros, Unipost advirtió que la cantidad ingresada entre hasta 2018 se superó en 416 millones, una cuantía mayor a lo autorizado por la Unión Europea y lo que constituiría una “financiación ilegal e injustificada”. Al respecto, el juez de instancia razonó que, de acuerdo a las autoridades españolas, el cálculo de la demandante es erróneo debido a que se tuvo en cuenta 318,1 millones de euros imputados en los Presupuestos Generales del Estado destinados al pago de la compensación pendiente para 2008-2010. Este matiz ha sido acogido por la Audiencia de Barcelona. La sentencia aún no es firme, ya que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.