La Audiencia de Barcelona ha decidido dar carpetazo a una de las tres investigaciones judiciales que intentaba esclarecer un presunto caso de estafa en CSSB, una sociedad participada por Core Store, de la que el actual presidente electo del Barcelona, Joan Laporta, es accionista. El tenista Albert Ramos denunció el caso después de destinar 100.000 euros en la empresa en 2017 a través de inyección de capital y de un crédito en un negocio que no acabó fructificando: la explotación del club de fútbol Reus Deportiu, expulsado de la liga de fútbol por impagos en 2020, y el BIT F. C, un equipo chino que sufrió durante tres años el golpeo de la pandemia de la covid. La sección 10 de la Audiencia rechaza el recurso de reposición de Ramos y mantiene el sobreseimiento que ya había ordenado una jueza de instrucción al constatar que no existen “indicios razonables” de delito.“Lo cierto es que se presentó”, concluye el auto de archivo, “como un proyecto de inversión interesante para el querellante y de la documentación, así como las declaraciones testificales prestadas no existe indicio que permita sostener que le fue presentado a sabiendas que no iba a prosperar”. En este caso, la Audiencia difiere de otra causa por una inversión similar en la misma compañía en la que decidió que se reabriera el caso que un Juzgado de Instrucción había decidido sobreseer. En aquel caso el actual presidente del Futbol Club Barcelona sí consta como investigado, en cambio en este solo participó como testigo en su calidad de accionista de la sociedad. Los acusados en esta investigación judicial eran Joan Oliver, exdirector del Barça en el primer mandato de Laporta y expresidente del reus Deportiu, en calidad del hombre que dirigía la empresa, y Sandra Solé como asesora de la compañía. Ambos mantuvieron reuniones con el denunciante.El tenista denunció un posible delito de estafa al considerar que el proyecto que le presentaron para invertir aparentaba ser solvente y con un “riesgo bajo” de inversión, además de utilizar perfiles de prestigio (Laporta y su mano derecha rafa Yuste, además del economista Xavier Sala i Martín) como gancho para encauzar dinero hacia el proyecto. Por su parte, los denunciados argumentaron que si el negocio no había salido tal y como lo vendieron -se comprometieron a pagar unos intereses del 6% durante tres años- fue por motivos que no podían controlar y que plantearon un calendario de devolución de pagos en 2023, antes de que se iniciara el proceso judicial, que el tenista decidió no aceptar. La Audiencia decide asumir la tesis de la jueza instructora que abogó por archivar la causa porque “el procesamiento exige que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos tan posible o fuerte como la contraria”. En enero pasado, Laporta acudió como imputado a la Ciutat de la Justícia para declarar por un caso similar sufrido por una mujer que invirtió 120.000 euros en 2016. A la salida, se desmarcó de la gestión de las dos sociedades implicadas en el caso, Core Store (de la que es accionista directo y fue administrador hasta 2019) y CSSB.