El Gobierno se niega a hacer públicos los pliegos del contrato de 180.138 euros que Leire Díez adjudicó durante su etapa en Correos a SDEP & Carrillo Abogados SLP, un despacho investigado en la causa de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de la SEPI. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha resuelto en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez por empeñarse en ocultar esta información. En su etapa como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (entre febrero de 2022 y febrero de 2024), Leire Díez participó en la adjudicación de 51 contratos, como adelantó El Confidencial. Entre este medio centenar de contratos, dos fueron formalizados con SDEP. Uno de ellos, el de menor cuantía, se firmó por 16.819 euros para que el bufete ofreciera servicios de consultoría en la redacción de un convenio de colaboración en logística y comercialización de líneas de negocio de contenido educativo entre Correos y la Editorial Vicens Vives SA. El otro ascendió a 180.138 euros, y fue formalizado el 15 de diciembre de 2022, diez meses después de que la fontanera del PSOE ascendiera a alto cargo de esta empresa pública. El objeto del contrato era el "asesoramiento y asistencia técnica para dar soporte a la Dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, estudios y futuro". O sea, el departamento que dirigía Leire Díez. Este despacho aparece en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la fontanera del PSOE, Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, (el grupo Hirurok) por el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de ayudas y contratos públicos. Los dos abogados al frente de SDEP, Juan Antonio Carrillo Donaire y Laura Babío De Pablos, están imputados por su presunta participación en esta trama. Las diligencias efectuadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centran en adjudicaciones concedidas a SDEP Estudio Legal SLP (sucesor de SDEP & Carrillo Abogados SLP) por los servicios de asesoramiento jurídico que habrían prestado a la trama. En concreto, los agentes tuvieron acceso a documentos y comunicaciones que apuntan a que los tres principales cabecillas de la red Hirurok habrían intervenido para que distintos entes públicos controlados por el Gobierno de Pedro Sánchez concedieran contratos bajo sospecha al despacho de Sevilla. A través del Portal de Transparencia, se solicitó la memoria justificativa del procedimiento especial por el que se adjudicó a SDEP el contrato de más de 180.000 euros por parte de Leire Díez. Según consta en la resolución de Transparencia, el Ministerio de Hacienda trasladó esta petición informativa a Correos, que permaneció en silencio. El Consejo de Transparencia volvió a solicitar a Hacienda una copia del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe de alegaciones, pero no envió ni una cosa ni la otra. En consecuencia, el CTBG ha resuelto contra el Gobierno de Sánchez en un escrito demoledor: "Esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública". En una de las operaciones en el punto de mira de la UCO por el caso SEPI están involucradas otra de las empresas públicas en las que trabajó Leire Díez y el bufete SDEP. La Guardia Civil investiga “supuestos pagos efectuados por Enusa Industrias Avanzadas" a este despacho. Antes de acceder a su puesto en Correos, Leire Díez ejerció de directora de comunicación de Enusa, la empresa pública que gestiona el uranio enriquecido. En el auto del juez Santiago Pedraz sobre el caso Fontanera, se explica cómo el paso de Leire por Enusa fue clave para el inicio de la trama Hirurok. Díez y Vicente Fernández mantuvieron una relación personal desde el año 2019, cuando este último presidía la SEPI. A través de Santos Cerdán, Díez y Fernández conocieron a Antxón Alonso. Tras el nombramiento de Belén Gualda como presidenta de la SEPI, el 3 de marzo de 2021, el grupo Hirurok intentó colocar a la fontanera del PSOE como su jefa de gabinete, una operación que no salió bien. Encontró un lugar, sin embargo, en Correos, en noviembre de 2021, cuando la empresa pública estaba presidida por el íntimo de Sánchez Juanma Serrano. En el auto judicial se señala que hay indicios que revelan la colaboración de Serrano en el "ilícito plan" de Cerdán y Díez para desestabilizar las causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno. También se apunta a la posición de liderazgo de Cerdán en la trama SEPI: "Se ha puesto de manifiesto de manera indiciaria la participación de Santos Cerdán León en la actividad criminal antedicha, actuando junto al resto de integrantes de Hirurok y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior". El ascenso de Leire Díez en Correos fue fulgurante. Llegó a compaginar la dirección de Relaciones Institucionales con el cargo de directora de Productos y Servicios, puesto en el que estuvo durante las elecciones generales de 2023, cuando permaneció al frente de la red de 2.500 oficinas de Correos. De hecho, se llegó a jactar de su participación en la gestión del voto por correo en su cuenta de Facebook.