José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), está a un paso del banquillo de los acusados por contratar para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” que, según el testimonio de ella y otros indicios, nunca fue a trabajar. El regidor apura ahora sus últimas opciones para evitar que los indicios que ha reunido el juez de instrucción durante el último año y medio lleguen a juicio. Argumenta que ella no ratificó como investigada la confesión que hizo como testigo. Sin embargo, también ella ha presentado un escrito ratificando que nunca trabajó porque nunca recibió instrucciones.
La última oportunidad del regidor para esquivar el banquillo está en los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga, ante los que ha presentado un recurso contra la resolución del juez que cierra la instrucción y pasa el asunto a la fase de enjuiciamiento. El alcalde esteponero pretende que la Audiencia corrija al juez y archive el asunto. Es un intento a la desesperada: la Audiencia puede revocar el auto de transformación en procedimiento abreviado (a priori, una resolución eminentemente procesal) y zanjarlo todo, pero es muy inhabitual.
En este caso, el juez ha sido elocuente durante la fase de instrucción: en diciembre ya dictó un auto donde subrayaba que había “indicios suficientes” de delitos de malversación y prevaricación, porque el alcalde contrató para el Ayuntamiento a Cristina Pulido “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”. La Fiscalía y dos acusaciones populares (Vox y PSOE) también han presentado sendos escritos de acusación, y piden para el alcalde cinco años y medio de prisión como autor de los delitos, y tres años y medio para Pulido como cooperadora necesaria del presunto delito.
