El ministerio público considera que José María García Urbano contrató durante 46 días a una mujer con la que mantenía una relación íntima “a sabiendas” de que no iba a desempeñar ninguna actividad

La Fiscalía de Marbella ha solicitado cinco años y seis meses de prisión para José María García Urbano, alcalde de Estepona (Málaga, 79.621 habitantes), por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, además de diez años de inhabilitación para cargo público. El ministerio fiscal considera que el regidor contrató a una mujer, también acusada, con la que mantenía una relación íntima “a sabiendas de que la misma nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna” durante 46 días entre los meses de febrero y marzo de 2023, en los que cobró algo más de 5.000 euros “con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal”. Para ella se solicitan tres años y seis meses de prisión como cooperadora necesaria para el delito de malversación. La defensa de García Urbano asegura que se trata de “disparate jurídico basado en una declaración falsa” enmarcado en una “inadmisible e injusta campaña política”, según fuentes municipales.

La calificación, firmada por la fiscal Alejandra Gámez, señala que García Urbano —alcalde de Estepona desde 2011— emitió un decreto de alcaldía el 13 de febrero de 2023 para contratar a una mujer, Cristina P, como personal eventual adscrita al Área de Control Externo del ayuntamiento. El escrito apunta que tenía con ella “una relación sentimental” y que la contrató con conocimiento de que no iba a desempeñar en realidad ninguna tarea. A pesar de ello, recibió una nómina correspondiente al mes de febrero de 1.634,64 euros y otra de 3.642 euros en marzo, hasta que el día 31 de ese mes fue cesada. “Apropiándose la misma de tales cantidades sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal”, dice la fiscal. Esta apunta, además, que el alcalde esteponero presentó una instancia para ingresar un cheque en favor del consistorio de 5.276,92 euros —justo la cifra pagada a la mujer— pero que este no ha sido todavía ingresado de manera efectiva en el Tesoro Municipal. Además de cinco años y seis meses de prisión, el ministerio fiscal pide también diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.