El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha vuelto al juzgado que le investiga por contratar para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” (según Fiscalía) que nunca fue a trabajar. Allí ha evitado las preguntas de la jueza, la fiscal y las acusaciones y ha aportado tres declaraciones ante notario de trabajadores municipales con las que pretende sostener que esa mujer, Cristina Pulido, sí que dejó un rastro en el Ayuntamiento, con el fin de desmontar la idea de que su contratación fue una ficción para pagarle 5.200 euros de dinero público en 48 días a cambio de nada. A la salida ha evitado responder a los medios.

Fue la propia mujer quien contó al juez, en el marco de otra investigación penal ya archivada hace más de un año, que el alcalde la había contratado durante mes y medio en febrero de 2023. Jamás tuvo despacho, ni medios corporativos (correo, móvil, ordenador, coche) para desarrollar su trabajo, ni registro horario ni nada (un informe, un correo, un mensaje) que pruebe que trabajó. Ella misma insistió ante el juez: nunca fue a trabajar ni le dieron instrucciones para hacerlo. La mujer, que vivía en Córdoba, le contó al juez que García Urbano le restó importancia, porque aquello era su “cortijo”. Ambos habían mantenido una relación y durante dos años el regidor le había pasado una asignación de 2.000 euros mensuales. La contrató para el Consistorio justo cuando dejó de pagarle a título personal y por una cuantía similar.