El regidor supuestamente contrató a una amiga íntima durante seis semanas como asesora del Ayuntamiento “sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”, según un auto judicial
El juez del juzgado de Instrucción Número 5 de Estepona ve “indicios suficientes” para juzgar al alcalde de la localidad, José María García Urbano (PP), por malversación de caudales públicos al contratar a una amiga íntima “sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”. Considera que la contratación fue “una mera ficción jurídica” y, por eso, ha decidido continuar con la causa que investiga al regidor y a la propia mujer como cooperadora necesaria. Fuentes del Ayuntamiento defienden la inocencia de García Urbano y han asegurado que la prórroga de la instrucción es necesaria para “se pueda defender” ante una “acusación falsa”. El pasado 27 de noviembre la defensa del regidor había pedido el sobreseimiento del procedimiento, aunque todo apunta de que llegará a juicio.
El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda que de las diligencias practicadas hasta el momento se desprende “de modo indiciario” que García Urbano, alcalde de Estepona desde el año 2011, aprovechó su puesto para contratar a una amiga íntima como funcionaria eventual, con plaza de asesora, en el Área de Control Externo del Ayuntamiento de Estepona, para la realización de labores de asesoramiento especial y confianza. Lo hizo el 13 de febrero de 2023 mediante un decreto de alcaldía, aunque cesó en sus funciones el 31 de marzo de 2023. En ese tiempo cobró 5.276,92 euros “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”, según el juez, que considera que esos hechos “podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos” imputable a ambos investigados. El primero como autor directo; la segunda como cooperadora necesaria.
