Desde el estallido de la guerra de Ucrania, hace más de cuatro años, el acceso a los recursos energéticos y alimentarios se ha convertido en una cuestión estratégica, que acaba marcando las políticas públicas y su apuesta por un determinado modelo económico. A esta necesidad se han sumado episodios como la inflación, la sequía, la guerra comercial o las tensiones geoestratégicas derivadas de los conflictos bélicos. En este contexto, la soberanía alimentaria, o al menos la importancia de garantizar una cierta autosuficiencia de productos básicos, se han situado en el centro del debate.PublicidadHace pocos días, el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) ha publicado el informe Entre el campo y la mesa, las cadenas de suministro agroalimentario en Catalunya, en el que analiza quién controla la alimentación en Catalunya y qué políticas hay que impulsar para asegurar su futuro. Una de las conclusiones es que en los últimos 60 años se ha vivido una reordenación de las cadenas de suministro agroalimentario. Como ejemplo, IDRA indica que cinco empresas controlan todo el proceso de transformación del sector cárnico, desde el sacrificio del animal hasta la distribución y la exportación.Además de la industrialización del sector primario, con un incremento del consumo de carne y de los productos ultraprocesados, el estudio pone el foco en el modelo alimentario, de forma que se han favorecido los circuitos largos de comercialización y la concentración de la oferta. IDRA alude a que una decena de cadenas de supermercados copan el 65% de las ventas, mientras un 30% de los alimentos se derrochan. Así, el estudio atribuye a algunas decisiones políticas la desaparición de higos como el comercio de proximidad, los mercados de payés o la fortaleza de las cooperativas de consumo.Cambio de orientación políticaEl investigador de IDRA y autor del informe, Adrià Rodríguez, afirma que "la agricultura catalana está atravesando un proceso de industrialización y concentración empresarial". Este fenómeno ha derivado en la destrucción de puestos de trabajo en el sector primario y del tejido económico en el mundo rural. Aterrizando la realidad en datos, Rodríguez precisa que se ha producido "un fuerte declive del campesinado y en 40 años han desaparecido 15.000 explotaciones ganaderas y 150 mataderos locales".En 40 años han desaparecido 15.000 explotaciones ganaderas y 150 mataderos locales en CatalunyaPor todo ello, el investigador señala que se ha "dejado un territorio fragmentado, que deja paso a la expansión de incendios forestales". Respecto a la alimentación, las consecuencias implican "una comida cada vez más cara, menos saludable y menos sostenible y un campesinado cada vez más precarizado". Como conclusión, añade que “es necesario un sistema alimentario sostenible, capaz de garantizar unas condiciones laborales dignas y una alimentación saludable y asequible”.PublicidadLa convivencia de una agricultura más industrial y una basada en las pequeñas explotaciones no sólo es posible, sino que resulta necesaria. Esta es la tesis que defiende el economista especializado en agroalimentación y fundador del Observatorio de Economía Agroalimentaria del Colegio de Economistas de Catalunya (Obealimentaria), Francesc Reguant. Aunque admite que “en Catalunya no alcanzaremos un grado de autosuficiencia para producir alimentos para ocho millones de personas, debemos apoyar a los pequeños productores sin demonizar el sistema tradicional”.Reguant aboga por "no ir en contra del sector primario, colocando placas solares en los terrenos de cultivo y atacar los regadíos". Según apunta, Catalunya no está llevando a cabo políticas para mejorar la soberanía alimentaria. Como medidas inmediatas, menciona "cuidar el suelo agrario y mejorar las tecnologías productivas, lo que nos permitirá optimizar el regadío ante episodios de sequía más intensos y frecuentes".Paralelamente, critica lo que define como una "agricultura de postal", basada en explotaciones testimoniales que, según dice, difícilmente pueden garantizar el suministro alimentario. La intensificación sostenible de la producción, alineada con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) es, a su entender, una de las claves para reforzar la soberanía alimentaria.PublicidadGobernanza territorialUnió de Pagesos (UP), el sindicato mayoritario en el campo catalán, critica que uno de los instrumentos que debería facilitar el despliegue de una agricultura competitiva, la Política Agrícola Común (PAC), no resuelve los retos pendientes. En un acto celebrado a mediados de julio en la sede del Departament de Agricultura del Govern sobre el posicionamiento catalán ante la PAC 2028-2034, UP rechaza los planteamientos sobre gobernanza territorial, el diseño de la futura política agraria y la financiación de la PAC.La coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat, matiza que la nueva PAC debería "reforzar el apoyo al campesinado profesional, garantizar una renta digna a las explotaciones agrarias y mantener la soberanía alimentaria como objetivo estratégico de la Unión Europea". Por este motivo, el sindicato considera que las ayudas deben orientarse prioritariamente a las personas que viven de la actividad agraria y aseguran la producción de alimentos y la gestión del territorio.Ante la incertidumbre geopolítica, el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, el debate sobre la soberanía alimentaria va más allá del sector agrario para erigirse en una cuestión capital en relación con el modelo económico y social. La importancia de garantizar la llegada de alimentos, cuidar el suelo productivo y lograr la viabilidad económica del campesinado obliga a repensar las políticas públicas. El reto pasa ahora por encontrar un equilibrio entre la competitividad de un sector agroalimentario industrializar y potenciar un modelo que apoye la producción local, la cohesión territorial y la capacidad de Catalunya para afrontar futuras crisis alimentarias.