Durante sus casi ocho años como ministra de Hacienda y tres como vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero situó en diferentes puestos de su gabinete y organismos públicos dependientes de su ministerio a un círculo de colaboradores con los que había trabajado previamente en la Junta de Andalucía, algunos de ellos cercados ahora por diferentes investigaciones judiciales. La "mujer con más poder en el conjunto de la democracia" —como ella misma se definió en la campaña de las elecciones andaluzas de este mismo año— llegó a Madrid en 2018, de la mano de Pedro Sánchez para formar parte de su recién formado Gobierno. A finales de ese mismo año, un vuelco electoral desbancó al PSOE de la Junta de Andalucía, pero la llegada de Montero a Madrid ofreció una pasarela directa a distintos responsables que habían coincidido con ella en la Junta, tanto en la Consejería de Sanidad (2004-2013) como en la de Hacienda, de las que Montero fue responsable (2013-2018).Los integrantes de ese grupo se convirtieron en la etapa de Montero en la Junta en su círculo de confianza político: un equipo estable de altos cargos con los que la futura ministra de Hacienda mantuvo una estrecha relación profesional y en los que delegó responsabilidades. Varios de esos dirigentes, de hecho, mantienen una relación personal y coinciden habitualmente desde hace años en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, conocida como Los Mimogas, y cuya adjudicación al exconcejal socialista Alfonso Mir fue objeto de controversia en Sevilla por la concesión de la que originalmente era una caseta vinculada a un servicio municipal. La exvicepresidenta del Gobierno coincidió allí en numerosas ocasiones con dirigentes del PSOE andaluz y con algunos miembros de ese grupo, apodado "clan andaluz" o "clan del rebujito" en alusión a esa complicidad profesional y personal tejidas en esos años. "Cuando Sánchez se presentó en 2016 a las primarias, fue a la feria y solo le hizo caso Alfonso Rodríguez Gómez de Celis [hoy vicepresidente del Congreso]", explican a 20minutos fuentes cercanas al entorno político de Andalucía durante esos años. Las mismas fuentes relatan a 20minutos la cercanía entre los socios de la caseta, afiliados y cargos del PSOE andaluz, como la propia María Jesús Montero o el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, entonces el alto cargo de mayor confianza de Montero y su "hombre para todo", que tenía una gran influencia en el ámbito político andaluz. "También era habitual Santos Cerdán", añaden.Dos expresidentes de SEPI, en el foco del 'caso Leire'Vicente Fernández es el principal nombre clave de ese "clan andaluz" que Montero promocionó desde el entorno de Andalucía al Ministerio de Hacienda. Presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, fue detenido por la UCO a finales de 2025 e investigado en el marco del 'caso Leire', junto a la propia Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Fernández, que ocupó puestos de máxima confianza de Montero en la Junta de Andalucía —donde fue interventor general y secretario general de Innovación, Industria y Energía—, llegó a Madrid para presidir la SEPI a propuesta de la ministra. Un año y tres meses después, en octubre de 2019, tuvo que dimitir tras ser investigado en la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (de la que finalmente fue absuelto).Tras el cese de Fernández, Montero mantuvo como presidente interino de la SEPI a Bartolomé Lora mientras se definía la situación procesal del anterior dirigente. No fue hasta 18 meses después cuando se nombró finalmente a una nueva presidenta, precisamente otra colaboradora de Montero había recuperado de su etapa en la Junta de Andalucía, Belén Gualda, quien ocupó diferentes puestos de responsabilidad (por ejemplo, en la Agencia de Obra Pública y en áreas de Medio Ambiente) bajo su tutela.La influencia de Vicente Fernández en la SEPI se habría prolongado años después de su salida de la entidad pública, según consta en los informes de la UCO que constan en la investigación del 'caso Leire' en el que Fernández formaba el grupo bautizado por la UCO como "Hirurok" con la 'fontanera' del PSOE y Antxon Alonso. Su designación como investigado se convirtió en el primer gran revés político para ese grupo de altos cargos procedentes de Andalucía de la mano de Montero.La UCO señala que Fernández tuvo acceso a documentos confidenciales de la SEPI y habría mantenido un alto grado de influencia con el que, junto a Leire Díez —que durante la etapa de Fernández en la SEPI entró a trabajar como jefa de comunicación en ENUSA, empresa participada en un 60% por la propia sociedad—, le habría servido, presuntamente, para tejer una red de influencias para cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en adjudicaciones públicas o en la concesión de fondos de ayuda económica por la crisis derivada de la pandemia. Habría sido el caso del rescate a la siderúrgica Tubos Reunidos —de 112,8 millones de euros—, y también se investigan concesiones ilícitas a la empresa Servinabar (propiedad de Antxon Alonso y vinculada estrechamente con Santos Cerdán) en las que Fernández pudo presuntamente mediar o cobrar comisiones por las mismas. Montero defendió inicialmente a Vicente Fernández alegando que los hechos investigados eran posteriores a su salida de la SEPI y que, cuando le nombró, no existía "ningún indicio" para sospechar de él. Ya avanzada la investigación, terminó diciendo que se arrepentía de haber "confiado" en él. Su sustituta al frente de la SEPI, Belén Gualda, llegó a la entidad en marzo de 2021. Montero la había reubicado un año antes en la presidencia del astillero público Navantia. El pasado 29 de junio, Gualda corrió la misma suerte que su predecesor al ser imputada en el ‘caso Leire’, tras aceptar el juez Santiago Pedraz la petición de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado, siguiendo la línea de investigación de la Fiscalía, trata de esclarecer la actuación de Gualda en la tramitación del rescate a Tubos Reunidos y si pudo facilitarla, influida por su predecesor. Pese a ello, Montero ha cerrado filas con ella y ha defendido públicamente que mantiene "toda" su confianza.Junto a ellos, Montero incorporó desde la Junta nada más llegar a Hacienda a su director de gabinete durante casi toda su etapa en Andalucía, Carlos Moreno. Fue la mano derecha de la ministra hasta el pasado 1 de abril, cuando fue cesado por las presiones después de que el comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, le señalase como receptor de un pago de 25.000 euros por supuestamente interceder y conseguir aplazamientos de deudas fiscales de empresas. Moreno negó en el Supremo como testigo haber cobrado dichas cantidades, si bien admitió haber trasladado, a petición del entorno de la red corrupta, solicitudes de aplazamiento de deuda de una de las empresas de la trama.Reubicados en entidades dependientes de HaciendaFuera del foco judicial pero no exento de polémicas se encuentra Jesús Huerta. El actual presidente de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ostentó puestos relevantes en el organigrama del Gobierno andaluz bajo la tutela de Montero tanto en Salud como en Hacienda, como secretario general del Servicio Andaluz de Salud, director de la Agencia de Servicios Sociales, y más tarde de Presupuestos, uno de los cargos con mayor peso dentro de la Consejería, así como viceconsejero y secretario general de Hacienda. En 2018, la recién nombrada ministra lo designó como presidente de la SELAE. Huerta se ha visto envuelto en varias controversias durante sus ocho años de mandato: la Audiencia Nacional inadmitió en 2025 una querella presentada por Manos Limpias contra la SELAE por presuntas adjudicaciones irregulares —la Sala de lo Penal consideró que ese órgano judicial no tenía competecias sobre esos hechos—. Por otra parte, el conflicto histórico de los loteros ante la congelación de sus comisiones (que se prolonga más de 20 años) mientras el sueldo de Huerta asciende, tras la última subida en 2025, hasta los 252.474 euros anuales, una de las mayores remuneraciones entre los presidentes de empresas públicas.Inés Bardón se incorporó al equipo de Montero en el Miniserio tras ser una pieza clave en la Consejería de Hacienda de Andalucía (como directora general de Tributos y viceconsejera de Hacienda). A propuesta de la ministra, fue designada secretaria de Estado del departamento y, por extensión, presidenta de la Agencia Tributaria desde 2018 hasta enero de 2022. Fue entonces cuando pasó directamente a presidir SEGIPSA (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio), una entidad adscrita al propio Ministerio de Hacienda. Un cargo con menos exposición mediática, pero con una retribución mayor que las ministeriales (de 164.094 euros).El cese y posterior reubicación se produjo en pleno avance de la investigación del rescate a la aerolínea Plus Ultra en cuya aprobación participó Bardón, como secretaria de Estado de Hacienda e integrante del Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), del que también formaban parte otras tres secretarias de Estado: Esperanza Casteleiro (Defensa), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).Otro colaborador de la etapa de Montero en Andalucía llegado a Madrid es Enrique Cervera. Ocupó durante años cargos muy importantes en la comunicación del Gobierno andaluz, llegando a ser director de la Oficina del Portavoz entre 1997 y 2009, en los mandatos de Manuel Chaves en los que también participó Montero, y también acompañó al expresidente andaluz en su etapa en el Ministerio de Política Territorial durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2020, la ministra de Hacienda lo recuperó para la dirección de Comunicación de SEPIDES (entidad adscrita a la SEPI y, por ende, a Hacienda). Su paso por la sociedad fue breve, y en apenas tres meses pasó a la agencia Efe como director gerente. Esa fue la primera de varias reubicaciones, ya que después pasó a ser director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Correos (2022-2024) y, después, director general de Correos Telecom (la filial tecnológica de Correos, dependiente precisamente de la SEPI), cargo que desempeña en la actualidad.Por último, Montero recuperó de su etapa en la Junta de Andalucía a Lidia Sánchez Milán. La funcionaria ocupó puestos de gran responsabilidad dentro del organigrama de Montero en la Consejería de Hacienda, llegando a ser la máxima responsable de la función pública andaluza como secretaria general para la Administración Pública entre 2012 y 2019. En febrero de 2020, Montero la recuperó para ser directora general y presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), dependiente de Hacienda. Además del cargo al frente de la institución de divisas, Montero designó a Sánchez Milán secretaria de Estado de Función Pública (desde julio de 2021 a enero de 2024) y subsecretaria de Hacienda, cargo que desempeña desde abril de 2024. Su nombre completa ese trasvase de altos cargos llegados a Madrid desde Andalucía durante los casi ocho años de Montero al frente del Ministerio de Hacienda.