Dicen los cercanos que es el capítulo sobre el que más se concentra hoy Cristina Fernández de Kirchner. Incluso más profundamente que en las cuestiones políticas que tienen que ver con la interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Aseguran que la ex presidenta consultó a varios expertos tanto en deuda como en acciones jurídicas, para saber qué tan cierta y posible es la alternativa que tiene en mente. Y que cada tanto frena a su hijo Máximo, que busca una salida aún más revolucionaria que la que Cristina tiene en mente y diseña en sus largas horas de condena en su domicilio de prisión. Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia de normalización financiera y busca recuperar el acceso pleno al crédito internacional, en el principal espacio opositor comienza a tomar forma una propuesta de sentido exactamente contrario: revisar el origen de parte de la deuda externa argentina y dejar de pagar aquellos compromisos considerados de naturaleza “política” o “ilegítima”. Obviamente no se trata de ningún proyecto de ley ni, aún, de una plataforma formal. Pero sí de una línea de trabajo dictada por la ex presidenta, para que dirigentes del kirchnerismo y sectores del peronismo afines estén al tanto. Y que eventualmente respeten como las tablas sagradas de la propuesta de gobierno para el 2027. La idea parte de una premisa: distinguir entre la deuda tomada para financiar al Estado o inversiones y aquella contraída, según esta visión, por razones geopolíticas o para sostener gobiernos específicos. Por ejemplo, los de Mauricio Macri y Javier Milei.