Kristalina Georgieva pisa suelo argentino este lunes por invitación expresa de Javier Milei, en la primera visita de un director gerente del FMI al país desde que Christine Lagarde estuvo en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. La jefa del Fondo Monetario viene a conocer a su principal deudor: al 23 de julio de 2026, la Argentina le debe al organismo 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.753 millones al tipo de cambio que informa a diario el propio organismo.
El país es, por lejos, el mayor deudor individual del Fondo: concentra el 34,5% de toda la cartera de créditos pendientes de cobro del organismo (123.170 millones de DEG en total), muy por encima de Ucrania, segundo en el ranking con apenas el 8,9%. Si se mira solo la ventanilla de créditos no concesionales —el Departamento General, por donde se canalizan los préstamos ordinarios como el argentino—, la proporción trepa al 45,9%: casi uno de cada dos dólares prestados por el núcleo financiero del FMI está colocado en el país.
Esa montaña de deuda tiene tres capas. La base es el stand-by de US$44.500 millones que el FMI le aprobó a Macri en 2018, el mayor crédito otorgado por el organismo hasta entonces; ese préstamo fue refinanciado en 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante un acuerdo de Facilidades Extendidas que evitó la cesación de pagos pero no redujo el capital adeudado. Sobre esa base —que al momento de firmarse el programa actual, en abril de 2025, rondaba los US$42.000 millones—, el gobierno de Milei acordó un nuevo Extended Fund Facility (EFF 2025) que habilitó un financiamiento adicional de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.800 millones. En criollo: alrededor de tres cuartas partes de la deuda actual con el FMI es la herencia de los acuerdos de Macri y Fernández, y aproximadamente un cuarto es deuda nueva tomada por Milei en poco más de un año.
