Cristina Fernández de Kirchner impulsa, desde su prisión domiciliaria, una estrategia inédita: distinguir entre la deuda argentina “legítima” y aquella tomada por razones políticas, con la mira puesta en unos US$ 40.000 millones desembolsados por el FMI a los gobiernos de Macri y Milei. La idea, que retoma la vieja doctrina peronista de la “deuda odiosa” y se apoya en las críticas del exfuncionario Guillermo Michel al préstamo de 2018, sería uno de los ejes de la campaña presidencial de 2027, justo cuando el oficialismo busca reinsertar al país en los mercados de crédito.

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