0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl Govern y los Comunes presentaron este viernes una batería de medidas para fomentar la edificación de vivienda de protección oficial (VPO), principalmente en el sector privado. Entre ellas, destaca la posibilidad de reconvertir oficinas y hoteles en viviendas así como la opción de construir remontas.Mediante una proposición de ley, la Generalitat quiere que todas las viviendas que se edifiquen bajo el amparo de esta ley tengan la calificación permanente de VPO y en ningún caso puedan liberalizarse ni tener ningún uso residencial distinto del de protección pública. Se trata, en todo caso, de una norma temporal y de carácter excepcional, subrayaron este viernes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, durante un acto en Mollet del Vallès. La ley se aplicaría solo en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, que incluyen 271 municipios donde vive el 90% de la población de Catalunya, o en ámbitos declarados de mercado de vivienda tenso, así como en las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada del plan territorial sectorial de vivienda. Además, tendrá una duración máxima de cuatro años, prorrogables por acuerdo de Govern.Tanto el Ejecutivo de Salvador Illa como los Comunes quieren tramitar la ley por la vía de urgencia, igual que han hecho con la compra especulativa. De la misma manera, esta iniciativa forma parte del acuerdo entre Govern y el partido de la exalcaldesa Ada Colau para aprobar los presupuestos del 2026.De manera paralela, el ejecutivo catalán quiere dar una vuelta de tuerca más en la limitación del uso de nuevas viviendas. Mediante una disposición adicional en esta proposición de ley sobre la vivienda protegida, el Govern quiere apostar por limitar el uso de los inmuebles que vayan a construirse de aquí en adelante. Así, quieren obligar a destinar a residencia habitual y permanente todas las nuevas viviendas que se levanten a partir de las licencias solicitadas desde que esta ley entrara en vigor.La medida afectaría tanto a los pisos del mercado libre como a los del protegido. De esta manera, las viviendas que se construyeran no podrían destinarse en ningún caso a alquiler de corta duración o alquiler turístico, por ejemplo. El uso debería ser siempre residencial, ya sea en régimen de propiedad de un particular o un familiar (de un hijo, por ejemplo) o en régimen del alquiler de larga duración.El texto pactado entre el Ejecutivo y los Comunes permite, eso sí, que los ayuntamientos no apliquen estas medidas siempre que lo justifiquen debidamente. Por ejemplo, si las necesidades de vivienda social ya están suficientemente cubiertas o si la densidad de población del municipio ya es muy elevada. Ahora, PSC y Comunes buscarán los votos de ERC en el Parlament para que la ley salga adelante.Periodista. Ha desarrollado gran parte de su carrera en La Vanguardia, donde ha cubierto las áreas de Educación y Universidades, Política y, ahora, Economía. Licenciada en Ciencias de la Información y Postgrado en Estudios Culturales