El PP y Vox está ahondando la aplicación de la “prioridad nacional” en el marco normativo valenciano, tras la aprobación de la ley de Presupuestos de la Generalitat el pasado miércoles que introduce por primera vez en un texto legal en España el principio que postula la extrema derecha. Ambos partidos han acordado en Les Corts varias enmiendas, como la que contempla “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”. Esta es una de las enmiendas que han registrado este viernes por la tarde los dos grupos, socios en Les Corts, a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, más conocida como la ley de acompañamiento. Esta norma se aprueba cada año junto con los presupuestos para modificar varias leyes a la vez y aplicar la política del Consell. Se votará en comisión y en pleno los próximos lunes y viernes, respectivamente. El PP es el grupo mayoritario con 40 escaños, pero necesita 10 escaños más para alcazar la mayoría absoluta. Vox cuenta con 13 diputados. En una de las propuestas firmadas por los portavoces del PP y Vox, Nando Pastor y José María Llanos, respectivamente, establecen que “el Consell aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas e inspiradas en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana”. Así, según han acordado PP y Vox, el desarrollo reglamentario contemplará, “en todo caso”, un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema” y, por último, “la exclusión de las personas en situación administrativa irregular” a las prestaciones y servicios sociales “de carácter estructural”. En esta misma enmienda, los dos grupos incluyen en la Ley 3/2019, de servicios sociales inclusivos, como principio general y transversal, que “se procurará la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable”, con el objetivo de “asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante al territorio”. En otra enmienda establecen que el acceso a la renta valenciana de inclusión “se inspirará en el acceso a la prioridad nacional”, con los mismos objetivos citados anteriormente. Según exponen, “se considerará cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste el empadronamiento en cualquier municipio” valenciano durante alguno de estos dos periodos mínimos: “tres años de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud” o “diez años dentro de los 30 inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpido”, segú Europa Press.En materia educativa, ambos grupos fijan que los comedores escolares deberán “garantizar la igualdad” en los alimentos que sirvan a los alumnos, “salvo que por razones médicas deban ofrecerse alternativas”. Por otro lado, PP y Vox establecen entre las obligaciones de los funcionarios “mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que lo oculten sustancialmente” y exceptuando supuestos de prescripción médico-sanitaria o por normativa de riesgos laborales. Añaden como falta grave incumplir esta obligación que persigue prohibir el niqab y el burka empleados por parte de la població musulmana.En la misma línea, incluyen “como razón objetiva de denegación de acceso y permanencia” en establecimientos públicos a las personas que porten “prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial”. Recurso al ConstitucionalTras conocer estas enmiendas, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, denuncia que “una vez más vemos cómo el PP se arrodilla ante Vox y pactan medidas que van contra los consensos más básicos de la sociedad”. “Los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo. Somos un pueblo digno e integrador. Y sabemos que nuestro problema no está en nuestros vecinos que han nacido fuera, sino en los políticos de PP y Vox que enchufan a sus amigos y reparten las viviendas públicas entre sus militantes”, manifiesta en declaraciones remitidas a los medios. Por todo ello, Baldoví anuncia que Compromís impulsará un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento “y a todos los recortes de derechos pactados por PP y Vox”. Por su parte, para el síndic del PSPV, José Muñoz, estas enmiendas suponen “un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunitat Valenciana” porque PP y Vox pretenden “extender la mal llamada ‘prioridad nacional’, el apartheid institucionalizado, al resto del ordenamiento jurídico de la Comunitat Valenciana y, en concreto, a las leyes de carácter social, convirtiendo el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos y quién tiene menos”. “Esto se llama discriminación y crueldad institucionalizada”, subraya en un comunicado.“La aberración llega al extremo de que, a través de las enmiendas, se encarga al Consell que haga un desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional, es decir, que elabore el Reglamento del Racismo institucionalizado en la Generalitat. Es repugnante”, denuncia, y advierte que “la debilidad de Pérez Llorca y sus continuas cesiones ante la ultraderecha están convirtiendo la Comunitat Valenciana en un laboratorio de la inhumanidad”.