0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl grupo parlamentario de Vox en las Corts Valencianes ha aprobado el paquete de enmiendas propuesto por Vox contra el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Los dos socios parlamentarios ya habían acordado modificar la ley de Función Pública Valenciana, para incluir, entre las obligaciones del personal público, la de “prestar sus servicios y desempeñar sus funciones manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro”. Sin embargo, la formación de derecha radical reclamaba generalizar este veto, por una cuestión de seguridad, al resto del espacio público: centros sanitarios, centros escolares, transporte público o espectáculos y actividades recreativas. Además, pedía que fuera la Policía Local la que velara por estos incumplimientos. Todo se ha aprobado. La diputada de Vox Teresa Ramírez ha argumentado la necesidad de ratificar estas cuestiones por seguridad ante “una inmigración masiva”. La parlamentaria ha defendido que “la prioridad es la seguridad ciudadana; es de sentido común que las personas puedan ser identificadas en aquellos lugares donde está en juego la protección de todos”. Además, la diputada ha apuntado que este tipo de medidas sirven para evitar “el sometimiento de la mujer que la izquierda dice tanto defender”. En la misma línea, antes de la votación, el síndic del PP, Nando Pastor, ha justificado el apoyo de su partido a estas medidas para poder identificar visualmente a las personas por una cuestión de seguridad. “Tú no puedes ir con un pasamontañas al aeropuerto”, ha apuntado. El dirigente popular también ha querido hacer una reflexión “más profunda” y ha indicado que no puede entender que alguien esté en contra de que a una mujer se le obligue a llevar la cabeza tapada. PP y Vox justifican las medidas por seguridad y en defensa de la mujerAdemás de este paquete de medidas, los dos partidos, tal y como acordaron ya el pasado viernes, han votado cambios para modificar la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana e introducir una disposición final que prevé “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular”. Un acceso del que solo se exceptúan “los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”. La nueva ley de medidas, como ya ha sucedido con el presupuesto, incluye también la prioridad nacional. La diputada Teresa Ramírez ha destacado especialmente las enmiendas relativas al acceso a la vivienda pública y ha aclarado que “ha habido confusión” sobre su contenido. “Existe un requisito de acceso al registro de demandantes basado en el empadronamiento histórico acumulado: cinco años para el alquiler de vivienda pública y diez años para la compra. Una vez cumplido ese requisito, entra en funcionamiento un sistema de baremación por puntos”, ha explicado.La diputada de la derecha radical ha precisado que ese sistema tendrá en cuenta factores como los años de empadronamiento, la cotización, la escolarización de los hijos, la edad o la situación de dependencia: “Nadie puede negarse al sentido común. Los recursos públicos son limitados y hay que ordenarlos y priorizarlos con criterios objetivos”. Por su parte, Pastor no ha querido entrar “en cuestiones semánticas” y ha justificado la apuesta de su partido por el arraigo. “Estamos convencidos de que no hacemos nada extraño”, ha indicado. Sobre la decisión del PP de aceptar un endurecimiento de los años de empadronamiento exigidos, el portavoz popular ha apuntado que “es una cuestión de meses”, pero que en el fondo el criterio no cambia. Licenciado en Periodismo (2005) y Ciencias Políticas y de la Administración (2012). Redactor de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana desde enero de 2021. Antes, en El Mundo. Ha participado en varios libros sobre la Comunidad Valenciana