0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialPP y Vox han llegado a un acuerdo para prohibir el uso del burka y el niqab en los funcionarios en la negociación sobre la ley de acompañamiento a los presupuestos que se debate la semana que viene en las Corts Valencianes. En una enmienda de aproximación, los síndics de ambos partidos han propuesto modificar la ley de Función Pública Valenciana, para incluir, entre las obligaciones del personal público, la de “prestar sus servicios y desempeñar sus funciones manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro”.Según el texto rubricado por los dos partidos con mayoría en las Corts Valencianes (las enmiendas se votan este lunes en comisión), el objetivo de esta medida no es otro que el de “garantizar el derecho de la ciudadanía a su plena identificación visual, asegurar la transparencia y eficacia administrativa, y cumplir con los estándares organizativos de seguridad interna de las dependencias públicas”. El acuerdo de PP y Vox sobre la vigilancia del burka por parte de las policías locales.LVPP y Vox solo permiten exceptuar la medida en aquellos casos en que el uso de elementos de cobertura facial “responda a prescripción médico-sanitaria, o cuando sea exigido de forma obligatoria por la normativa de prevención de riesgos laborales”. Incumplir la obligación de prestar servicios y desempeñar las funciones públicas con el rostro sustancialmente descubierto será considerado falta grave.Con todo, el acuerdo alcanzado entre los dos socios parlamentarios modifica solo una de las enmiendas presentadas por la formación de derecha radical en su cruzada contra el burka y el niqab. Vox tiene otras propuestas que, salvo que las retire o se llegue a acuerdos con el PP antes de la votación de la próxima semana, tendrán que debatirse en la comisión del Parlamento valenciano.Las peticiones de Vox requieren la modificación de varias leyes de peso, algunas aprobadas el año pasadoAsí, los ultras reclaman modificar varias leyes para vetar el uso de estas prendas en espacios públicos. En esta línea, exigen cambios en la ley de coordinación de las policías locales para que estos cuerpos velen “por el estricto cumplimiento de las normas autonómicas destinadas a garantizar la identificación visual y a restringir el uso de prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, por razones de seguridad organizativa, control de accesos y prevención de riesgos en los transportes, centros sanitarios, dependencias de la administración y recintos de espectáculos públicos de su término municipal”.De la misma manera, se pide modificar la ley de movilidad para regular el uso de estas prendas en los transportes públicos o la ley de salud para evitar el acceso con el rostro cubierto a centros de salud u hospitales del sistema valenciano de salud. Una restricción que se fundamenta para “prevenir el fraude por suplantación de la tarjeta sanitaria individual (SIP)”.Vox no se queda ahí y también reclama cambiar la ley de convivencia escolar aprobada en 2025, ya por la nueva mayoría parlamentaria, con el mismo objetivo: “El deber de mantener el rostro sustancialmente cubierto durante el desarrollo de toda la jornada académica, tanto en el interior de las aulas como en el resto de dependencias e instalaciones del recinto escolar”.Mientras que la aprobación de las restricciones a los funcionarios se puede dar por hecha al tener estampada la firma de los dos partidos con mayoría en el Hemiciclo, para conocer si el PP acepta el resto de enmiendas habrá que esperar a la votación, pues desde los dos grupos se guarda silencio después de presentar el pasado viernes hasta 16 acuerdos para modificar el proyecto de ley de medidas fiscales, gestión y organización de la Generalitat. Propuestas entre las que se encuentran “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular” o la exigencia de incrementar el requisito de residencia habitual para la ley de renta valenciana de 15 meses a tres años.Licenciado en Periodismo (2005) y Ciencias Políticas y de la Administración (2012). Redactor de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana desde enero de 2021. Antes, en El Mundo. Ha participado en varios libros sobre la Comunidad Valenciana