El PP y Vox avanzan en la extensión de la “prioridad nacional” que postula la formación de extrema en el marco normativo valenciano. Este viernes han impuesto su mayoría (40 y 13 diputados, respectivamente) y han aprobado en Les Corts la llamada Ley de Acompañamiento que introduce el polémico principio en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda. La pasada semana ya lo hicieron en una ley, por primera vez en España, al aprobar los Presupuestos de la Generalitat. Además, ambos socios parlamentarios han aprovechado esta norma, que funciona anualmente como una especie de cajón de sastre legislativo, para aprobar varias propuestas de Vox que rebajan en general la carga fiscal, con significativa incidencia en las rentas más altas. Por un lado, se rebaja el IRPF con efecto retroactivo en 2026, como ya tenía previsto el PP, y se añade una reducción de un 0,15% de los tipos a partir de los 100.000 euros de ingresos anuales. Para 2027 se rebaja otra décima en todos los tramos, de manera que la bajada acumulada al final para el tramo a partir de 100.000 euros será de 0,25%.Por otro lado, se aplica una nueva reducción del Impuesto de Patrimonio, al elevar el mínimo exento del millón de euros, que había aprobado el anterior presidente valenciano, Carlos Mazón, del PP, a los dos millones. Solo unos 4.200 valencianos tendrán que abonar este impuesto, frente a los cerca de 28.000 que lo hacían en 2023, antes de que el PP y Vox llegaran a un acuerdo de Gobierno, según las estadísticas de la Agencia Tributaria.El PP ha aceptado todas las enmiendas de Vox, excepto la que pedía recortar aún más la partida de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el ente normativo del valenciano de la Generalitat que la formación de extrema derecha no oculta su intención de eliminar. Y han rechazado las de la oposición. De esta manera, los votos de los populares y del partido que lidera Santiago Abascal se han impuesto a los del PSPV-PSOE (31 diputados) y Compromís (15) para sacar adelante la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, más conocida como ley de acompañamiento. Se completa el acuerdo entre las dos formaciones de la derecha que ha permitido aprobar los terceros presupuestos de la Generalitat de la legislatura presidida por el PP, los primeros de Juanfran Pérez Llorca como president. El debate ha sido corto, pero bronco e intenso. La oposición ha acusado al PP de plegarse a los designios y las políticas racistas de la extrema derecha. José María Llanos, portavoz de Vox, ha vuelto a jactarse, como ya hizo con la sesión de los Presupuestos, de que “la prioridad nacional” aparece en otra ley y tiene “efectos reales sobre las políticas públicas” en el acceso a la viviendas públicas con “cinco años de empadronamiento histórico en cualquier municipio de España”. Y ha añadido que nadie tiene que quedar excluido de las rebajas de los impuestos. El portavoz popular, Nando Pastor, ha destacado que las medidas simplificarán los trámites burocráticos y que bajarán los impuestos sobre todo a las medias y bajas, al tiempo que se dedicarán 350 millones de euros a vivienda. “Siempre he dicho que Vox es un buen socio y me siento muy cómodo diciéndolo” ya que, en cambio, se sentiría “muy incómodo, incluso me darían náuseas, si tuviera que decir gracias Otegi, gracias Bildu o gracias Arnaldo”. José Muñoz, del PSPV-PSOE, ha criticado que se hagan rebajas fiscales a quienes ganan más de 100.000 euros anuales y añadido que el PP de Pérez Llorca aprueba leyes “de la mano de quienes hablan de los menores no acompañados como si fueran paquetes de Amazon”. El PP practica “un falso patriotismo que hace que el 99,9 por ciento de los valencianos vivamos peor”. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha situado las cuentas en un “extremismo ideológico” a medida del PP y Vox, y ha coincidido con los socialistas en que de forma “vergonzosa” se beneficia a la gente privilegiada “y castiga a la gente que menos ingresos tiene”. Ha lamentado que Vox esté “satisfecho” con las cuentas.Medidas aprobadasUna de las medidas aprobadas establece que el desarrollo reglamentario contemple “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular”, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”.En la práctica, esto se traduce en que se pedirá “un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio” para recibir ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, además de tener en cuenta “la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema”. También se ha aprobado la prohibición del uso del burka y del niqab, al incluir en la ley de acompañamiento “como razón objetiva de denegación de acceso y permanencia” en espacios públicos -incluyendo transporte y centros sanitarios- y establecimientos a las personas que porten “prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial”. Los funcionarios deberán cumplir este precepto, que quedará bajo la vigilancia de los cuerpos de Policía Local.