Noticia Exclusivo suscriptores Fueron abiertas en la Superintendencia de Notariado y Registro y en la Unidad de Víctimas. Voces del sector alertan licitaciones tipo sastre.Millonarias licitaciones buscaban amarrar nuevos contratos de vigilancia antes del cambio de Gobierno; una fue cancelada Foto: ArchivoPERIODISTA JUDICIAL22.07.2026 22:01 Actualizado: 22.07.2026 22:01 22.07.2026 22:01 Actualizado: 22.07.2026 22:01
Una millonaria licitación, la 005 de 2026, por 76.000 millones de pesos, abierta a poco más de un mes del cambio de Gobierno, buscaba adjudicar el contrato de vigilancia y seguridad privada para la Superintendencia de Notariado y Registro, dejándolo amarrado para los próximos cuatro años.Cuando EL TIEMPO indagó por el proceso, la ‘Super’ informó que fue cancelado, apenas una semana después de abrir la licitación, y se le prorrogó durante un mes el contrato a los actuales adjudicatarios.El proceso, sin embargo, al igual que la licitación de la aerocivil para este mismo fin: la seguridad de los aeropuertos, por 78.000 millones de pesos, hizo ruido en el sector de las empresas de vigilancia privadas por tener condiciones que reducían el margen de postulación, abriendo dudas sobre si se adecuó ‘tipo sastre’.Varios requisitos fueron tachados de ser los ganchos que, supuestamente, direccionaron la licitación hacia un único oferente. Primero, hubo un cambio en el modelo de contratación, que en la licitación de 2025 se hizo a través de selección abreviada.Licitación de la Superintendencia de Industria y Comercio Foto:ArchivoUno de los primeros reparos apunta a que el contrato se estructuró por cuatro años, una duración que califican como inusual para la Superintendencia de Notariado y Registro. Según las fuentes consultadas por EL TIEMPO, esa condición hace mucho más difícil acreditar la experiencia exigida, pues la mayoría de contratos de vigilancia en el sector público tienen una vigencia anual.A ello se suma un requisito de antigüedad mínima de 20 años para las empresas interesadas. El pliego también establecía que, en caso de presentarse en unión temporal, cada integrante debía cumplir ese requisito, lo que, según expertos del sector, dejaba por fuera a muchas empresas medianas y pequeñas.Otro de los cuestionamientos tiene que ver con los clasificadores de bienes y servicios. Aunque la normativa exige acreditar uno de los códigos aplicables a la actividad de vigilancia, el proceso pedía tres e incluía uno relacionado con la instalación de sistemas de seguridad física, un requisito que correspondería a compañías de tecnología y no a firmas dedicadas exclusivamente a la vigilancia privada.Las mayores críticas, sin embargo, se concentraron en la experiencia exigida. El pliego pedía acreditar tres contratos que, en conjunto, representaran el 100 % del presupuesto oficial; que cada uno hubiera prestado simultáneamente el servicio en cuatro municipios donde opera la Superintendencia; que incluyera al menos 50 vigilantes por contrato; y que la sumatoria de los plazos de ejecución superara los cuatro años. Para varias empresas del sector, reunir todas esas condiciones resulta excepcional en el mercado de contratación pública.A eso se agregaba que al menos uno de los contratos debía acreditar el uso de medios tecnológicos y dispositivos detectores de metales, además de exigir experiencia específica en los mismos departamentos y ciudades donde actualmente se presta el servicio.Otro de los puntos que despertó inquietudes fueron los perfiles del personal mínimo exigido. El documento pedía, entre otros cargos, un asesor de infraestructura —una figura que, según empresarios de vigilancia, no existe dentro de la estructura habitual de este tipo de compañías— y coordinadores con una combinación de títulos profesionales, condición de oficiales retirados, múltiples certificaciones ISO, diplomados y acreditaciones como consultores de seguridad. Uno de los más curiosos sería la certificación de pilotaje de drones, pese a que no exigían tener estos equipos para la contratación del servicio.Este diario se comunicó con la Superintendencia sobre estos cuestionamiento, e informó que decidieron cancelar la licitación y prorrogar con el actual contratista un mes más, hasta que el nuevo Gobierno y el superintendente designado decida abrir nuevamente el proceLa licitación de la Unidad de VíctimasUna alerta similar se encendió en la licitación, también para el contrato de vigilancia y seguridad privada de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. El valor es de 26.000 millones de pesos, por cinco meses -hasta diciembre de este año- y el servicio se busca para el Complejo San Cayetano, en Bogotá.Proceso licitatorio de la Unidad de Vìctimas Foto:archivoAl cierre del proceso de postulación, solo un oferente estaba postulado: Detección LTDA., según empresas del gremio con las que habló EL TIEMPO, porque las condiciones también habrían reducido el margen de convocatoria.Las empresas de seguridad que más contrataronDentro de las empresas de seguridad a las que más contratos se les han adjudicado entre 2022 y 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro, están Avizor Seguridad Ltda., con contratos por más de 100.000 millones de pesos; Seguridad Fénix de Colombia Ltda., con 67.000 millones; y Detección Seguridad Privada Ltda., con 262.000 millones.La primera fue matriculada en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 3 de mayode 2002. De acuerdo con la información del Registro Único Empresarial y Social (Rues), la empresa continúa activa y renovó su matrícula el pasado 30 de marzo.En el Rues, Sulma Soraida Rico Morales figura como representante legal y Mariana Chávez Rico como representante legal suplente. Además, la compañía registra 16 sucursales y una agencia activas en el país.Por su parte, Detección Seguridad Privada Ltda. fue registrada el 7 de febrero de 2018 en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Su matrícula fue renovada el pasado 24 de marzo y su vigencia aparece como indefinida.Según el Rues, mediante la Escritura Pública No. 140 del 5 de febrero de 2018 fue designada Gloria Estela Durán Jaimes como representante legal suplente. Posteriormente, el 30 de julio de 2025, la junta de socios designó a Ricardo Romero Bayona como representante legal, decisión inscrita ese mismo día en la Cámara de Comercio de Bogotá. La empresa también registra 11 sucursales, dos agencias y un establecimiento de comercio activos.En el formulario más reciente de la CCB, correspondiente a la vigencia 2025, la compañía reportó activos por 45.102'019.140 pesos, pasivos por 16.972'243.744 pesos y un patrimonio neto de 28.129'775.396 pesos.Seguridad Fénix de Colombia Ltda. fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 16 de junio de 1998. Su matrícula fue renovada el 31 de marzo de este año y tiene vigencia hasta 2063.La junta de socios designó a Sandra Soledad Pantoja Rosales como gerente y a Iván Fernando Esteban Pantoja como subgerente. En el Rues figuran tres agencias, dos establecimientos de comercio y una sucursal activos bajo esa razón social.De acuerdo con la información registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, para 2025 la empresa reportó activos por 21.926'190.528 pesos, pasivos por 10.745'027.538 pesos y un patrimonio neto de 11.181'162.990 pesos.Sara Valentina Quevedo Delgado y Sabrina Bastidas - Redacción Justicia y Datos Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
