Noticia Exclusivo suscriptores Un equipo del presidente electo puso la lupa sobre centenares de contratos. Presuntas irregularidades ya fueron trasladadas a los entes de control.Empalme regional en Casanare. Foto: Suministrada a EL TIEMPOPERIODISTA JUDICIAL19.07.2026 00:11 Actualizado: 19.07.2026 00:11 PERIODISTA19.07.2026 00:11 Actualizado: 19.07.2026 00:11
Un convenio entre la SAE y la Agencia Nacional de Tierras; un contrato del ICBF con un hospital intervenido en Chocó; la presunta intervención del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en asuntos de la compañía y el uso de aeronaves de la empresa aun cuando se encontraba en licencia tras la imputación de cargos en su contra por tráfico de influencias; y la irrisoria ejecución de Caminos Comunitarios para la Paz, el programa con el que el Gobierno invirtió miles de millones de pesos y contrató de forma directa con juntas de acción comunal y resguardos obras para sus comunidades.EL TIEMPO conoció en primicia que estos son algunos de los temas que protagonizan las denuncias radicadas por un equipo designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para auditar contratos y decisiones administrativas del gobierno saliente y llevar ante la justicia cualquier sospecha de posible corrupción.Tras la inédita suspensión del empalme, el equipo de De la Espriella ha remitido derechos de petición y recibido denuncias sobre más de 170 casos, frente a los cuales empezó a cruzar la información pública disponible en el Secop con reportes de prensa que revelen algún tipo de alerta sobre el proceso contractual o el acto administrativo. Las alertas son revisadas por Carlos Sánchez, auditor forense, quien emite un concepto técnico que posteriormente pasa al equipo jurídico, encargado de redactar las denuncias penales o las quejas disciplinarias y de responsabilidad fiscal ante los entes de control. Hasta el momento, según fuentes de este proceso, se han puesto en conocimiento de las autoridades diez casos.Abelardo de la Espriella en Cúcuta durante el empalme regional. Foto:@ABDELAESPRIELLAUno de los focos de las denuncias apunta a la política de compra de tierras del gobierno Petro. El equipo de empalme asegura haber documentado posibles irregularidades en un convenio entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionadas con la adquisición de predios que, en la mayoría de los casos, no figuran titulados a nombre del Estado.Según explicaron a EL TIEMPO personas involucradas en las auditorías, el problema va más allá de un eventual detrimento patrimonial. Advierten que existe una incertidumbre jurídica porque se están entregando predios a campesinos, pese a que muchos de esos inmuebles siguen cobijados por medidas cautelares dentro de procesos judiciales y podrían regresar a manos de sus propietarios originales si así lo decide un juez.Otro expediente, que ya es de conocimiento público, está relacionado con presuntas irregularidades en un proceso contractual de Cenit, filial de Ecopetrol. El contrato, adjudicado a la firma Gesycobro S.A.S., superó los 21.108 millones de pesos y, según la denuncia, habría sido otorgado por encima de reconocidas empresas del sector.Una denuncia adicional cuestiona la actuación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntamente haber seguido participando en juntas directivas y utilizando vehículos oficiales e incluso aeronaves de la empresa mientras se encontraba en licencia, tras la imputación de cargos en su contra.Otro de los temas, revelado por EL TIEMPO, que también escaló a una queja disciplinaria presentada por el equipo del presidente electo fue un contrato del ICBF con un hospital intervenido en Chocó para atender a niños, niñas y madres gestantes con desnutrición. Pero este diario conoció que hay más casos relacionados con presuntas anomalías en el Invías, las electrificadoras e incluso en contratos de la Vicepresidencia Jurídica que, de acuerdo con las fuentes, habrían sido direccionados.Altas fuentes señalaron que varias de las denuncias provienen de los mismos funcionarios salientes, quienes, según explican, se están “emancipando” y buscando la forma de poner en conocimiento de las autoridades posibles hechos de corrupción que presenciaron en sus respectivas entidades. Sara Valentina Quevedo Delgado y Juan Sebastián Lombo - Redacción Justicia y Política Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
