Noticia Exclusivo suscriptores EL TIEMPO accedió a detalles de la pesquisa que adelanta la Contraloría contra el gobierno saliente y por la que ya emitió una función de advertencia.El gobierno nacional aseguró que se tratará de un proceso gradual durante cinco años. Foto: Archivo El Tiempo29.07.2026 06:50 Actualizado: 29.07.2026 06:50
Esta semana, la Contraloría General de la República emitió una función de advertencia al Gobierno Nacional tras detectar un incremento del 22,5 % en la contratación pública durante las semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías. Entre el 22 de junio y el 21 de julio se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos, una cifra, según el órgano de control, superior a la registrada en el mismo periodo de hace cuatro años.El organismo de control, a través de su delegada para las finanzas públicas, manifestó su preocupación porque más de 11.000 de esos contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, en un contexto en el que el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y mayores necesidades de financiación. Por ello, insistió en que todo compromiso debe contar con respaldo presupuestal suficiente y garantizar la sostenibilidad fiscal.Contralor Carlos Hernán Rodríguez, durante la cumbre liderada por EL TIEMPO. Foto:EL TIEMPOEn diálogo con EL TIEMPO, la contralora delegada para las Finanzas, Jenny Lindo, explicó que “el problema de fondo es que se están violando los principios de la administración pública. Si la Contraloría evidencia que se hacen traslados sin respaldo presupuestal, o que se firman contratos sin planeación o sin la seguridad de que se puedan ejecutar en estos cinco meses, esto terminará en responsabilidades de carácter disciplinario o fiscal”, señaló.Las entidades que más han contratado a corte de 27 de julio de 2026:Ministerio del Interior, seis contratos por $141.104’613.296.Agencia Nacional de Tierras (ANT), 1.866 contratos por $103.623’966.808.Defensoría del Pueblo, 3.447 contratos por $ 91.393’432.166.Regional Antioquia del SENA, seis contratos por $ 65.597’408.977.Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 1.038 contratos por $ 40.396’756.682.Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico, un contrato por $26.709’524.144.Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuatro contratos por $ 12.869’000.000.Unidad de Restitución de Tierras (URT), 74 contratos por $ 9.835’031.671.Ministerio de Minas y Energías, tres contratos por $ 8.537’080.600.Hospital Central de la Policía, 180 contratos por $ 7.212’830.603.Base Naval número 6 de la Armada de Bogotá, tres contratos por $ 6.945’000.000.Ministerio de Ciencias, 138 contratos por $ 6.253’678.314.Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 41 contratos por $ 6.199’373.583.Otras 294 entidades, 4.432 contratos por $ 167.741’303.825.La advertencia de la Contraloría también señala que el acelerado ritmo de contratación podría generar riesgos para las finanzas públicas si las entidades comprometen recursos sin la capacidad real para ejecutarlos o sin una adecuada planeación financiera. Por tal razón, el órgano de control pidió fortalecer los controles sobre la ejecución del gasto y el seguimiento a los contratos.El informe identifica, además, que parte importante de los recursos se concentra en contratos de obra pública y de prestación de servicios, por lo que el ente de control consideró necesario verificar que las apropiaciones presupuestales sean suficientes y que exista capacidad para cumplir las obligaciones adquiridas antes del cambio de gobierno. La función de advertencia fue remitida al Ministerio de Hacienda, el cual dejará Germán Ávila el próximo 7 de agosto, para que adopte las medidas correspondientes y evite que el incremento en la contratación comprometa el equilibrio de las finanzas públicas durante la recta final del actual Gobierno.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó una nueva reforma tributaria. Foto:Ministerio de Hacienda“Nos preguntamos cuál es el respaldo presupuestal y la planeación de estas contrataciones. Además, supervisar más de 14.000 contratos para que se ejecuten bien en este segundo semestre requiere un músculo y una capacidad del Estado que va más allá de lo financiero. Debe existir la capacidad no solo de suscribir contratos, sino de ejecutarlos y supervisarlos”, concluyó la delegada Jenny Lindo.De acuerdo con los datos obtenidos por EL TIEMPO, los contratos por prestación de servicios representan el 45,9% de los acuerdos públicos firmados de manera posterior al cierre de las restricciones por la Ley de Garantías. Los contratos de obra pública apenas representan el 0,12%. Los acuerdos para suministros llegan al 14,67% y los de compraventa alcanzan el 1,97%.Los mayores montos se registraron el 22 de junio ($705,4 mil millones), el 8 de julio ($647,8 mil millones), el 1 de julio ($435,8 mil millones), el 26 de junio ($424,4 mil millones) y el 3 de julio ($416,0 mil millones. De otro lado, los mayores volúmenes de contratación se presentaron el 15 de julio (2.009 contratos), el 16 de julio (1.976 contratos) y el 17 de julio (1.322 contratos), aunque con valores contratados inferiores a los observados en los días de mayor cuantía, reflejando una mayor atomización de los procesos contractuales.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
