NoticiaEl ente de control señaló que este pico genera riesgos presupuestales. Llama la atención la contratación directa que supera los 11 mil contratos.Edificio de la Contraloría. Foto: Milton Diaz / El TiempoPERIODISTA JUDICIAL27.07.2026 06:12 Actualizado: 27.07.2026 06:16
La Contraloría General advirtió graves riesgos presupuestales por la aceleración de la contratación tras el levantamiento de la Ley de Garantías, que aumentó un 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años.EL TIEMPO ya había revelado procesos contractuales por más de $3 billones en los últimos 15 días, algunos para dejar 'amarrados' servicios durante los próximos dos y hasta cuatro años.El ente de control señaló que, entre el 22 de junio y el 21 de julio de este año, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones. Además, llamó especialmente la atención sobre el hecho de que más de 11.000 de esos contratos fueron adjudicados mediante contratación directa.El organismo advirtió, además, riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior. También señaló que el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación. En ese escenario, insistió en que cualquier decisión contractual debe contar con respaldo presupuestal y ser compatible con la sostenibilidad fiscal.La advertencia de la Contraloría señala que adoptar nuevas transferencias, asignaciones presupuestales o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación y sin disponibilidad efectiva de recursos podría profundizar las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, afectar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, aumentar las necesidades de endeudamiento y generar una eventual afectación al patrimonio público.En el análisis, el ente de control sostuvo que la dinámica contractual observada durante el último mes se caracteriza por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios, por lo que consideró necesario mantener un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas respondan a una adecuada planeación financiera, cuenten con capacidad real de ejecución y puedan ser supervisadas durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.La función de advertencia identifica siete factores de riesgo que, desde la óptica del control fiscal preventivo y concomitante, requieren seguimiento permanente. Entre ellos figuran la insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual, así como riesgos relacionados con la efectividad del control sobre la ejecución de los contratos.La Contraloría recordó que la gestión fiscal no se limita a ejecutar recursos públicos, sino que implica garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible desde el punto de vista financiero y jurídico. En ese sentido, advirtió que, de materializarse los riesgos identificados, podrían derivarse afectaciones al patrimonio público y eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias para los ordenadores del gasto. La función de advertencia fue dirigida al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y, por su conducto, a las entidades que integran el Gobierno Nacional Central. Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
