Noticia Exclusivo suscriptores El 66 por ciento de la contratación del Gobierno Nacional fue directa y, de esas adjudicaciones, el 96 por ciento fue para vincular personas. Invías concentró 11 de los 15 contratos de mayor valor del periodo. Foto: Composición EL TIEMPO17.07.2026 22:15 Actualizado: 17.07.2026 22:15
Entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, las entidades públicas del país firmaron 43.092 contratos por 7.674.921'191.723 pesos en las tres semanas siguientes a la suspensión de la Ley de Garantías Electorales —que restringió la contratación directa desde el 31 de enero hasta el 21 de junio en el marco de las elecciones presidenciales en el país—. De ese total, las entidades del Gobierno Nacional concentraron 3,4 billones de pesos, es decir, el 45 por ciento del total adjudicado. Dos de cada tres de esos contratos se firmaron a través de la modalidad de contratación directa, en la que no se exige competencia entre oferentes. LEA TAMBIÉN Los datos corresponden a un informe de Transparencia por Colombia conocido por EL TIEMPO que fue elaborado a partir de los registros del Sistema Electrónico de contratación Pública (Secop I y II) de las tres semanas posteriores al final de la veda electoral. La información se obtuvo el 11 de julio y fue contrastada con el Sistema de Información Estratégica (SIE) de Función Pública, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Registro Único Empresarial y Social (Rues) y el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). Además, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, le explicó a este diario que el análisis surgió tras alertas sobre un posible comportamiento irregular en la contratación al finalizar el periodo electoral. Sin embargo, señaló que el volumen encontrado no configura por sí solo una anomalía, pero que hay señales que merecen revisión, como la concentración de contratos en ciertas entidades y "la persistencia de la contratación directa asociada a contratos de prestación de servicios". Los contratos nacionales y territorialesTransparencia por Colombia identificó 2.829 entidades de orden nacional y territorial que suscribieron los contratos rastreados. De esas, 2.256 son entidades territoriales (79,8 por ciento) —que incluyen alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, entidades municipales y departamentales, resguardos y cabildos, contralorías regionales y empresas de servicios públicos—. Las 570 restantes (20,2 por ciento) son de nivel nacional —entidades del Gobierno Nacional con o sin presencia regional, corporaciones autónomas, entidades del sector de seguridad y defensa, empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) y entidades sin ánimo de lucro estatales (Esales)—. De hecho, el Gobierno Nacional concentró 488 de esas entidades (86 por ciento). Las que más contrataron fueron las territoriales, con 35.188 contratos (81,7 por ciento) y un monto de 3.987.019'321.625 pesos. Por su parte, las nacionales suscribieron 7.904 contratos (18,3 por ciento) por 3.687.901'870.098 pesos. Con respecto al Gobierno Nacional, entendido como la rama ejecutiva, se firmaron 6.717 contratos por 3.443.507'294.410 pesos. Es decir que el Ejecutivo concentró el 93 por ciento del valor contratado por todas las entidades nacionales. Al dividir las adjudicaciones por tipo de entidad, la categoría que concentró el mayor monto fue la de "otras entidades nacionales del ejecutivo", en la que se agrupan organismos como el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Agrosavia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Los 475 contratos adjudicados sumaron 2.322.649'664.064 pesos. LEA TAMBIÉN El sector Defensa concentró 1.440 contratos por 488.258 millones de pesos. Las unidades administrativas —como la Aerocivil, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos (Ungrd) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otras— concentró 1.628 contratos por 212.634 millones de pesos. Los ministerios celebraron 147 adjudicaciones por 169.549 millones de pesos y las entidades nacionales descentralizadas —que agrupan direcciones regionales de organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)— firmaron 2.475 que sumaron 122.520 millones de pesos. Les siguieron los departamentos administrativos, con 39 contratos por 73.453 millones de pesos, los fondos nacionales, con 114 por 24.610 millones de pesos, las empresas industriales y comerciales del Estado, con 185 por 14.810 millones de pesos y las superintendencias, con 54 por 6.114 millones de pesos. Después se ubican las universidades, que firmaron 135 contratos que sumaron 4.679 millones de pesos, las entidades sin ánimo de lucro estatales, con cuatro contratos por 2.249 millones de pesos, las sociedades mixtas, con dos adjudicaciones por 935 millones de pesos, los patrimonios autónomos, con seis por 772 millones y los colegios y escuelas, con 13 por 266 millones de pesos. LEA TAMBIÉN La contratación directa y por prestación de serviciosCon respecto a la modalidad y tipo de contratos firmados en el periodo analizado, la contratación directa fue la más frecuente. Hernández advierte que, aunque ya no está restringida, "su uso intensivo incrementa los riesgos de corrupción al reducir los niveles de competencia y participación de potenciales oferentes, a la vez que permite la toma de decisiones de manera más discrecional". De acuerdo con los datos de Transparencia por Colombia, la contratación directa se usó en 4.409 contratos (65,6 por ciento del total) y concentró 344.302 millones de pesos. La mínima cuantía fue la segunda modalidad más frecuente, con 1.292 contratos (19,2 por ciento) por 59.436 millones de pesos. Bajo la modalidad de régimen especial se firmaron 525 contratos (7,81 por ciento) por 309.679 millones de pesos, por selección abreviada, se firmaron 408 (6,07 por ciento) por 309.422 millones de pesos, por licitación se firmaron 49 (0,72 por ciento) por 2.285.471'462.139 pesos —el monto más alto— y por concurso de méritos abierto, 34 (0,5 por ciento) por 135.195 millones de pesos. Hernández señala que el riesgo está en principio en la modalidad. "La contratación directa tiene muchísima más discrecionalidad por parte de quien contrata y, por lo tanto, menos mecanismos de competencia que podrían ayudar a identificar que un contrato esté amañado", explica. Sobre la justificación de la contratación, en el informe se encontró que del total de contratos directos firmados, 4.253 (96 por ciento) correspondieron a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (PSAG) —vinculación de personas naturales—. Esas adjudicaciones sumaron 137.680 millones de pesos. Bajo la inexistencia de pluralidad de oferentes en el mercado, se firmaron 42 contratos por 124.147 millones de pesos; los interadministrativos, 65 por 68.220 millones de pesos; y el arrendamiento de inmuebles, 16 por 6.916 millones de pesos. También se firmaron 15 contratos interadministrativos de valor cero por 3.395 millones de pesos; seis por la causal de la Ley 1150 de 2007 con un monto de 2.327 millones de pesos; cinco para adquisición de inmuebles por 1.299 millones de pesos; cinco para actividades científicas y tecnológicas por 193 millones de pesos y dos para la ejecución de trabajos artísticos por 120 millones de pesos.Los contratos de mayor valorTransparencia por Colombia encontró que 15 contratos firmados por el Gobierno Nacional concentran el 71 por ciento del valor contratado por el Ejecutivo con 2.429.873'751.832 pesos. El de mayor cuantía le fue adjudicado al Consorcio Variante Oriental 057 por 650.399 millones de pesos para la construcción y gestión social, ambiental y predial de la Variante Oriental de Chachagüí, en Nariño. Le siguieron uno de 291.569 millones de pesos con la UT Chachagüí CAZ y otro de 281.348 millones de pesos con la UT Catatumbo 055 IZ en Norte de Santander. La Unidad de Datos de EL TIEMPO ya había informado sobre estas tres adjudicaciones de Invías, que fueron las más altas del periodo analizado. LEA TAMBIÉN También figuran los del Ministerio del Interior con la empresa NewSat S.A.S., para la modernización de infraestructura tecnológica de comunicaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que también fue reportado por este diario. El informe también registró un contrato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con GMW Security Rent a Car por 32.570 millones de pesos para la seguridad y vigilancia; otro de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) con el Consorcio Vial Girardot CC por 33.684 millones de pesos para la interventoría del corredor Bogotá - Girardot; y la póliza de seguros del Inpec con una unión temporal liderada por La Previsora, por 25.759 millones de pesos. El informe también identificó las entidades del Gobierno Nacional que más recurrieron a la contratación directa y por prestación de servicios. En el primer lugar aparece la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con 1.238 contratos directos por 63.173 millones de pesos, todos por prestación de servicios. Según el informe, la entidad, que cuenta con una planta de 216 servidores públicos, contrató a 6.276 personas para el apoyo a la gestión entre enero y junio. Además, esa modalidad se usó para volver a vincular a personas que ya habían sido contratadas en enero.Le siguieron el Dane, con 1.124 contratos por 15.161 millones de pesos y el ICBF, con 376 contratos por 6.586 millones de pesos. Para Transparencia por Colombia, la reactivación de la contratación tras el levantamiento de la Ley de Garantías es un comportamiento usual, relacionado con la reanudación de la actividad contractual tras cinco meses de restricción. Por eso, Hernández insiste en que "hay muchos recursos, una cantidad de contratos, pero no es un comportamiento necesariamente atípico. Es un patrón". LEA TAMBIÉN Además, advierte que para el 10 de julio, había 50.645 procesos que aún no habían sido firmados. "Hay que mantener el monitoreo, no necesariamente se genera la sensación de que esto es un caos, pero hay que vigilar donde se debe vigilar", menciona. La calidad de la información también tiene debilidades relacionadas con los sistemas de contratación pública. Una de las limitaciones identificadas es que el 15 por ciento de los contratos aún está registrado en Secop I, a pesar de que Secop II es más completo y confiable. A esto se le suman las diferencias entre el universo de entidades de cada sistema, pues en Función Pública hay 6.317 registros, mientras que en Secop aparecen 14.710.La organización le hizo llamados al gobierno saliente, al entrante y a los órganos de control. Al primero le pidió transparencia en la contratación de sus últimas semanas y atención especial sobre los grandes contratos en curso.Al gobierno entrante lo llamó a revisar los compromisos adquiridos en la transición sin caer en la narrativa del desorden. Y a los órganos de control, en especial a la Contraloría, les pidió mantener la vigilancia sobre estos picos de contratación y las posibles banderas rojas.SABRINA BASTIDAS IGUARÁNUNIDAD DE DATOSMás noticias Sigue toda la información de Datos en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
