Noticia Exclusivo suscriptores El contralor general Rodríguez detalló la investigación adelantada por la cascada de contratos tras el fin de las restricciones por Ley de Garantías.Abelardo De La Espriella (izquierda), Carlos Hernán Rodríguez (centro), y Gustavo Petro (derecha). Foto: Archivo El Tiempo01.08.2026 22:01 Actualizado: 01.08.2026 22:01
La Contraloría General de la República emitió esta semana una función de advertencia en contra del gobierno saliente de Gustavo Petro y el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, por cuenta de la cascada de contratos del gobierno nacional, una vez finalizadas las restricciones por la Ley de Garantías. Según la contralora delegada para las Finanzas, esta administración superó, por lejos, lo contratado en el mismo periodo por el gobierno Duque. Para conocer más de la situación, este diario se contactó con el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien argumentó las razones detrás de esta pesquisa.¿En qué dimensión este gobierno está contratando una vez terminadas las restricciones por ley de garantías en comparación con el gobierno anterior?En el análisis efectuado por la Contraloría, se observa un incremento significativo de la actividad contractual una vez finalizadas las restricciones de la Ley de Garantías.Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los contratos de prestación de servicios, que aumentaron en 50%, al pasar de 8.496 en 2022 a 12.761 contratos en 2026. Asimismo, la contratación directa registró el mayor incremento del 59% en el número de contratos: pasó de 7.047 en 2022 a 11.208 en 2026. En términos del valor contratado, se observa un crecimiento real del 23,8 %, una vez descontado el efecto de la inflación. En total, en solo cuatro semanas se comprometieron más de 4,5 billones de pesos del presupuesto general de la Nación de 2026 mediante esta modalidad de contratación.¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Contraloría con respecto a ello?La contratación posterior al levantamiento de las restricciones de ley no es irregular. Sin embargo, cuando se observa una aceleración de los procesos contractuales y recursos comprometidos para vigencias futuras, es una dimensión que exige una vigilancia y control por el ritmo de suscripción, la participación de la contratación directa y el volumen de obligaciones que podrían ejecutarse o pagarse durante el siguiente gobierno.Contralor Carlos Hernán Rodríguez, durante la cumbre liderada por EL TIEMPO. Foto:EL TIEMPOLas principales preocupaciones de la Contraloría General de la República se centran en la eventual materialización de los riesgos identificados en el pronunciamiento de advertencia comunicado el 24 de julio de 2026. Entre estos se destacan la concentración de recursos públicos en determinados procesos contractuales, el incremento de la contratación en períodos específicos, el uso significativo de la modalidad de contratación directa, la atomización contractual y los compromisos económicos asociados a contratos de alta cuantía.En ejercicio de su función constitucional de vigilancia y control fiscal, la Contraloría, mediante este pronunciamiento de advertencia, busca que las entidades del Gobierno nacional fortalezcan sus mecanismos de planeación contractual, programación presupuestal, seguimiento financiero y control de la ejecución de los recursos públicos. El propósito es garantizar que las decisiones en materia de contratación respondan a necesidades institucionales debidamente justificadas y se adopten con estricto apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, responsabilidad, moralidad administrativa y sostenibilidad fiscal.¿Cómo se puede hacer control a esos contratos?En este caso, activamos la advertencia, un pronunciamiento no vinculante mediante el cual se alerta al gestor fiscal sobre la detección de riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos o de afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, con el fin de que evalúe autónomamente la adopción de las medidas que considere procedentes para evitar que el daño se materialice o se extienda. Al mismo tiempo, desplegamos una actuación de Policía Judicial para recaudar información presupuestal, financiera y contractual, con el propósito de identificar, en el lugar de los hechos y de manera oportuna, posibles riesgos o irregularidades.¿Qué pasa si se detecta una irregularidad?Cuando la Contraloría identifica riesgos o posibles situaciones que puedan comprometer la adecuada administración de los recursos públicos, activa los mecanismos de vigilancia y control previstos en la Constitución y la ley, para verificar los hechos, recaudar información y profundizar en su análisis.Contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien dejará su cargo el próximo 7 de agosto. Foto:El TiempoLos riesgos identificados pueden dar lugar a actuaciones especiales de seguimiento, inspecciones y a la inclusión de temas específicos dentro de los planes y ejercicios de auditoría fiscal, con el fin de establecer si existe una afectación al patrimonio público o incumplimientos en la gestión de los recursos del Estado.Todo ello se desarrolla en el marco de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría, sin interferir en las decisiones administrativas de las entidades vigiladas ni sustituir a los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones, preservando en todo momento el principio de no coadministración.¿Cuáles son las motivaciones para la inspección a MinHacienda?La inspección que adelanta la Contraloría en el Ministerio de Hacienda tiene como propósito profundizar la verificación y el seguimiento al pronunciamiento de Advertencia en cuanto a la reciente dinámica de los compromisos presupuestales, financieros y contractuales del Gobierno nacional, en atención a los riesgos advertidos para el patrimonio y los intereses públicos y la sostenibilidad fiscal.La labor de la Contraloría no se limita a su revisión. Implica recaudar, contrastar y validar información técnica y documental que permita verificar la planeación, el soporte presupuestal, la financiación y la ejecución de los compromisos adquiridos, para identificar oportunamente riesgos que puedan comprometer el patrimonio público y la sostenibilidad fiscal.Adicionalmente, como parte del alcance de esta actuación especial de vigilancia, ampliamos esta inspección a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de tener la trazabilidad e identificar el relacionamiento entre las 3 entidades para el manejo de los recursos públicos desde su asignación, giro y ejecución contractual, en el marco de la Advertencia emitida por la Contraloría.Funcionarios del órgano de control durante intervención a la Fiduprevisora. Foto:Contraloría¿Por qué emitir una advertencia contra el ministro Germán Ávila?La advertencia se emite al Gobierno Nacional a través de su ministro de hacienda y se hace extensivo a todos los ordenadores del gasto de las entidades nacionales.El objetivo no es cuestionar una actuación específica del ministro, sino alertar a los gestores fiscales sobre la necesidad de adoptar medidas que aseguren que los compromisos contractuales mantengan correspondencia respecto a la capacidad financiera de las entidades.¿Qué hallaron preliminarmente en esa inspección a MinHacienda?La actuación que adelanta actualmente la Contraloría se encuentra en etapa de recaudo y verificación de información. Por ahora, se recopilan datos presupuestales, financieros y contractuales para contar con los elementos necesarios que permitan realizar un análisis técnico integral sobre los compromisos asumidos y los riesgos identificados. Una vez concluida esta fase, los equipos especializados de la Contraloría evaluarán la información para determinar su alcance, identificar posibles riesgos para el patrimonio público o la sostenibilidad fiscal y definir, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, las actuaciones de control fiscal que resulten pertinentes.Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:Milton Díaz - CEET¿Qué decir con respecto a los miles de contratos firmados por la ANT?En el caso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), los 1.866 contratos suscritos de manera directa por más de $103.600 millones, en 4 semanas, hacen necesario un seguimiento especial desde la perspectiva del control fiscal, no porque su volumen constituya por sí mismo una irregularidad, sino porque una contratación de esta magnitud exige verificar que responda a necesidades efectivas de la entidad, cuente con una adecuada planeación, evite riesgos de fragmentación contractual y garantice que los recursos públicos sean administrados bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía.¿De qué manera afecta esto al nuevo gobierno?La advertencia de la Contraloría no constituye una sanción ni impide la ejecución de la gestión gubernamental; sin embargo, sí pone de presente que una expansión acelerada de la contratación, especialmente en modalidades de contratación directay en un contexto de restricciones fiscales, puede generar presiones sobre la sostenibilidad financiera del Estado, aumentar los costos futuros y afectar la capacidad de priorizar el gasto público. Por ello, el llamado es a fortalecer la planeación, la disciplina presupuestal y los mecanismos de supervisión para asegurar que cada peso comprometido produzca resultados efectivos para la ciudadanía y proteja el patrimonio público.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
