Investigación Exclusivo suscriptores Operador de programa de protección interpuso tutela argumentando vulneración de derechos. De La Espriella pidió vigilancia proceso de compra de botes.Augusto Rodríguez director de la UNP. Foto: Archivo particular21.07.2026 07:30 Actualizado: 21.07.2026 07:30
En medio de la ola de contratos y denuncias por nombramientos en el último tramo del gobierno Petro, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha convertido en una de las entidades más cuestionadas.De hecho, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ya pidió que se frenaran varias millonarias contrataciones en esa entidad, que se encargará de la seguridad del nuevo presidente de la República y de sus funcionarios. Como también de congresistas y líderes sociales bajo amenazas. LEA TAMBIÉN Tutela y frenoEste es el comunicado de Defensores de la Patria sobre contratación en la UNP. Foto:Archivo particularHace tan solo 4 días, el gobierno de De La Espriella le pidió al procurador general, Gregorio Eljach, que intervenga de manera urgente e indispensable en varios de los procesos que se adelantan.Y fuentes del empalme le dijeron a EL TIEMPO que el que más preocupa está relacionado con la contratación de escoltas por más de 78 mil millones de pesos. Según denunciaron, la adjudicación de esta licitación está prevista antes del cambio de gobierno, lo que impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, experiencia, idoneidad y condiciones de quienes estarán a cargo de la protección del nuevo jefe de Estado. LEA TAMBIÉN Sin embargo, este diario estableció que no es el único proceso por el que se está indagando.EL TIEMPO conoció en primicia una tutela en la que uno de los contratistas operadores del programa de protección de la entidad, denuncia que la UNP modificó de manera sustancial el proceso de selección que inicialmente contemplaba la contratación de diez zonas operativas del programa de protección.Según la tutela, al momento de la apertura oficial del proceso, la entidad decidió limitar la convocatoria únicamente a las zonas 1 y 2, dejando por fuera las zonas 3 a la 10 sin publicar estudios técnicos, financieros o jurídicos que justificaran esa decisión.El denunciante es la cooperativa Starcoop, que hace parte de la Unión Temporal Andinos 040 y presta el servicio de escoltas en la Zona 1 desde diciembre de 2023.Según la firma, la modificación cambió las reglas del proceso de contratación y puso en riesgo la continuidad de un contrato que, según expone, venía ejecutándose bajo condiciones similares a las de las demás zonas del país. LEA TAMBIÉN Perjuicios irremediablesEscoltas de la UNP. Foto:UNPEn el documento, la cooperativa afirma que la entidad desconoció el principio de igualdad al dar un tratamiento diferente a zonas que, a su juicio, tenían las mismas condiciones contractuales y la misma posibilidad legal de ser prorrogadas.También sostiene que la resolución mediante la cual se abrió el proceso carece de motivación suficiente y que la UNP no publicó los documentos que sustentaran el cambio de alcance de la convocatoria, pese a tratarse de información pública. LEA TAMBIÉN La tutela advierte, además, que la continuidad del proceso podría generar un perjuicio irremediable, pues el cronograma prevé una contratación de corta duración y, según la accionante, los tiempos no permitirían que la jurisdicción contencioso-administrativa resuelva de fondo una eventual demanda antes de que se adjudique el contrato. Por esa razón, solicita como medida provisional la suspensión del proceso mientras un juez estudia el caso.En el escrito también se argumenta que la decisión de la UNP no solo tendría efectos económicos sobre el contratista, sino que podría afectar la estabilidad laboral de sus asociados y la continuidad del servicio de protección que presta la entidad a personas con niveles extraordinarios o extremos de riesgo. Y añaden que la ausencia de una explicación oficial impide conocer si la modificación respondió a necesidades reales del servicio o a decisiones administrativas sin suficiente planeación.Botes y motoresUno de los botes de la UNP. Foto:Archivo particularParalelo a esa tutela, EL TIEMPO conoció otro documento en el que se habla de irregularidades y sobrecostos en la compra de botes y motores por parte de la entidad.Se trata de un contrato adjudicado por la UNP en 2024 para la adquisición de botes y motores destinados a comunidades con medidas de protección colectiva. El documento señala presuntos sobrecostos, posibles deficiencias en el estudio de mercado y relaciones contractuales de las empresas que integraron la unión temporal adjudicataria con la entidad.Según la alerta, una de las compañías que terminó obteniendo el contrato había participado previamente en la elaboración de una de las cotizaciones utilizadas para fijar los precios de referencia del proceso. LEA TAMBIÉN Y el tema acaba de cobrar relevancia porque otro de los procesos que pide frenar el gobierno De La Espriella tiene el mismo objeto de compra de botes y motores.En efecto, se trata del proceso SC-UNP-050-2026 con el que se busca la adquisición de elementos para ser implementados en territorio ancestral por la UNP como medidas con enfoque diferencial recomendadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) y la mesa técnica de seguridad y protección.Aunque todavía no aparece el monto de esta contratación, según cronogramas aparece en fase de presentación de ofertas.EL TIEMPO tuvo acceso a documentos del proceso en donde se asegura que se adquirirán botes y motores fuera de borda para implementar medidas de protección colectiva en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas ubicadas principalmente en zonas ribereñas del Pacífico colombiano, la Amazonía y otras regiones donde el transporte fluvial es indispensable.Además, se asegura que las entregas se realizarán en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Vichada, Santander y Caquetá. También se especifica que deben ser botes tipo canoa de 12, 13 y 15 metros y embarcaciones en fibra de vidrio de 26 pies.Uno de los puntos que se pide verificar es si las empresas del contrato de 2024 también están participando en esta nueva licitación.La respuesta de la UNPAugusto Rodríguez, director de la UNP. Foto:UNPEL TIEMPO se comunicó con Augusto Rodríguez, director de la UNP, para preguntarle por las alertas en torno a los procesos y empezó por asegurar que siempre se ha pedido acompañamiento de la Procuraduría y que la contratación ha sido transparente.Sobre la reducción de contratación en las zonas denunciadas en la tutela, Rodríguez manifestó que se debe a temas presupuestales: “El año pasado hicimos una solicitud presupuestal de cerca de 4 billones para la vigencia 2026, pero solo se han recibido por parte de Hacienda 2,7 billones de pesos. Con ese presupuesto y se ha tocado pagar facturas y hacer contratación en períodos en donde han subido las solicitudes de protección”. LEA TAMBIÉN Y agregó: "Tras el asesinato del doctor Miguel Uribe Turbay surgió una nueva población que antes no se protegía: Los precandidatos presidenciales. Eso era algo que no se tenía previsto en el presupuesto de la entidad. Nosotros iniciamos el proceso de contratación y la plata no llegó y tocó reducir las zonas y priorizar la 1 y 2, que abarca a congresistas y funcionarios del gobierno y a algunos líderes sociales. Pero eso no quiere decir que, a medida que se vayan presentando las necesidades en otras zonas, no podamos ir adicionando contratos, tal como se viene prestando el servicio”.Cuando EL TIEMPO le preguntó por la adquisición de los botes y los supuestos sobrecostos en el contrato de objeto similar de 2024, dijo: “Eso fue un tema que revisó la Contraloría en su momento y no encontró nada. Todo estuvo ceñido a las normas de contratación y la ley. En el nuevo proceso, también hemos pedido acompañamiento de los entes de control, como siempre lo hacemos”.Además, dijo que las lanchas y motores hacen parte de una ruta colectiva de protección: “Las comunidades indígenas no piden que les llevemos escoltas a sus territorios, pero sí que les demos lanchas para poder salir de los resguardos y mover los productos agrícolas que cultivan”.Y sobre la contratación de escoltas antes de que llegue el gobierno De La Espriella, que la nueva administración pidió frenar, dijo: “Hay rumores infundados de que se va a contratar guerrilleros o exguerrilleros para la protección del nuevo presidente. Eso es totalmente falso. La jefatura de protección presidencial la designa el nuevo mandatario y es esta quien solicita los escoltas de Policía y de la UNP para seguridad presidencial. Eso tiene que pasar por un proceso de estudios, polígrafos y hasta verificaciones de familiares”.Rodríguez además aseguró que están en el proceso de formalización de cerca de 6.000 escoltas y que quiere dejar lista la contratación de vehículos y demás por un tema de responsabilidad con el nuevo gobierno: “No es que vayan ellos a llegar y no tengan vehículos, escoltas y demás. Se trata de un tema de responsabilidad que tiene que quedar a servicio del gobierno entrante”.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
