Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la ley de amnistía han reabierto el debate sobre la vuelta de Carles Puigdemont a España. Sin embargo, a pesar de que el independentismo y el Gobierno han cantado victoria —cada uno a su manera—, la batalla judicial aún está por escribir y todo apunta a que puede prolongarse más de lo previsto hasta que se deshaga el embrollo judicial. De momento, el Tribunal de Luxemburgo ha respondido a dos de las cuestiones prejudiciales: una de la Audiencia Nacional, por la causa abierta por terrorismo contra los CDR, y otra del Tribunal de Cuentas, vinculada a la utilización de fondos públicos en el procés. Sin embargo, lejos de zanjar el asunto. El TJUE ha iniciado una nueva etapa judicial que ahora mismo enfrenta abiertamente al TCu con la defensa de Carles Puigdemont, que se ha revuelto con contundencia. Así, a la espera de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional muevan ficha, el primer organismo en pronunciarse tras la decisión del TJUE ha sido el Tribunal de Cuentas, que ha dictado una providencia en la que pregunta a las partes personadas en la causa cuál es su opinión sobre la respuesta del tribunal europeo. Este movimiento ha propiciado la inmediata respuesta de la defensa de Carles Puigdemont, que, según ha podido saber El Confidencial, ha presentado dos quejas ante el TJUE con el argumento de que se trata de una estrategia dilatoria y ha presentado otras dos denuncias contra el Reino de España por incumplir una resolución del TJUE. "La respuesta de la Gran Sala no dejó resquicio: la obligación de resolver sin valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias y en un plazo de dos meses es “consustancial al principio mismo de la amnistía” y conforme con el artículo 19 TUE (punto 2 del fallo)", explica el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en un escrito de 17 páginas dirigido al TCu: "Básicamente este órgano al que nos estamos dirigiendo se ha declarado en abierta rebeldía frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha avanzado directamente hacia una resolución arbitraria, carente de cualquier sustento legal y más propia de incardinarse en otra rama del derecho". TE PUEDE INTERESAR Opinión En concreto, lo que el TCu ha preguntado a las partes es si cabe la posibilidad de no amnistiar a la treintena de exaltos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés' ante la posibilidad de que se utilizaran fondos de la Unión Europea (UE) para sufragarlos. Las acusaciones y las defensas disponen de un plazo de diez días para presentar "la documentación que estimen oportuna" sobre el origen de los fondos que sufragaron el 'procés', después del aval de la justicia europea al perdón de la malversación. En la providencia, la consejera Helena Hernáez no interpreta que la resolución del TJUE implique que este tribunal, ni los demás organismos afectados, deban aplicar inmediatamente y en su totalidad la amnistía. Según su criterio, efectivamente, las resoluciones del TJUE concluyen que la ley de amnistía no choca con la normativa comunitaria, pero con un matiz: siempre que los actos investigados estén vinculados a fondos "que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste". En este sentido, la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del TCu plantea la posibilidad de que la amnistía "no resultase aplicable" en el caso de que "se hubiesen utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión, o administrados por la Unión, o por cuenta de esta". Entre las acusaciones, Sociedad Civil Catalana dijo al conocer la resolución del TJUE que "no declara que no existiera malversación", sino que "establece que, en los términos analizados, no resultaron comprometidos los intereses financieros de la Unión". Por ello, el despacho que lleva su representación, Chapapría, Navarro y Asociados, entiende que corresponde al Tribunal de Cuentas "verificar los hechos y determinar si existió un menoscabo de fondos públicos españoles y las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse”. Puigdemont contra el Reino de España El segundo motivo de queja de la defensa de Puigdemont tiene que ver con el comunicado de prensa difundido por el Tribunal de Cuentas en paralelo a la providencia de la consejera Hernáez. En él, recuerda que la justicia europea ha admitido las ocho cuestiones prejudiciales que planteó y ha rechazado "las alegaciones de los demandados que cuestionaban la independencia e imparcialidad del Tribunal de Cuentas". TE PUEDE INTERESAR Asimismo, el comunicado insiste en que, en dos de las cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Luxemburgo ha concluido que la ley de amnistía "es contraria en los aspectos que analiza el derecho de la Unión Europea", al imponer la obligación de los tribunales de resolver sobre el perdón en un máximo de dos meses y levantar las medidas cautelares fijadas, sin esperar a que las instancias europeas resuelvan las cuestiones prejudiciales. Por todo ello, el abogado de Puigdemont ha denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho de la Unión y solicita que abra un procedimiento de infracción "por el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia" del 16 de julio. "Y dirigiendo al Reino de España —continúa Boye— la correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente, dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros". Boye ha presentado un tercer escrito, este de 9 páginas y ante el propio TJUE. En él, reclama que adopten "cuantas otras medidas estimen procedentes en garantía de la autoridad, la primacía y el efecto útil de las resoluciones del Tribunal de Justicia". Las defensas de los CDR procesados por terrorismo piden que se les aplique de inmediato la amnistía El otro tribunal afectado directamente por las resoluciones del TJUE es la Audiencia Nacional, que también presentó una cuestión prejudicial en relación con los delitos de terrorismo atribuidos a 12 miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). La sentencia del tribunal de Luxemburgo entendió que la amnistía española no choca con la normativa antiterrorista europea, por lo que las defensas de la docena de procesados por pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y tentativa de estragos ya han pedido que se les aplique la medida de gracia de forma inmediata. Mientras, el Constitucional tiene aún pendiente resolver sobre los recursos presentados por el expresidente catalán y el resto de condenados por el procés que quedaron fuera de la ley de amnistía. A su presidente, Cándido Conde-Pumpido, se le han pasado las prisas y ha impuesto un ritmo lento bajo el argumento de esperar al TJUE como forma de evitar incongruencias. No obstante, esa espera no le viene nada mal a un Ejecutivo que aborda el último tramo de una legislatura convulsa y marcada desde el principio por la relación inestable con el partido independentista del fugado en Bélgica. Tal y como adelantó este periódico hace semanas, el máximo órgano de garantías no tiene previsto abordar el asunto al menos hasta el mes de octubre. El papel del Supremo Y aquí entra en juego el Tribunal Supremo, que, una vez que se ha pronunciado el TJUE, maneja entre tres escenarios: esperar a ver qué dice el TC, desdecirse y aplicar inmediatamente la amnistía a los afectados o plantear nuevas dudas jurídicas. Fuentes jurídicas explican que el segundo caso, aplicarla inmediatamente, es lo que sucedió con la sentencia del TJUE sobre la doctrina Parot: "Era un asunto que afectaba a una etarra, Inés del Río, pero el Supremo y la Audiencia Nacional se pusieron inmediatamente a excarcelar presos". Sin embargo, transcurrida ya una semana desde que el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, leyera públicamente la sentencia, el Alto Tribunal no ha hecho movimiento alguno. El Gobierno vive en una paradoja. Por una parte, celebra las resoluciones del TJUE en la medida en que, según su opinión, avalan la amnistía, que no deja de ser el proyecto estrella de esta legislatura; y por otro, confía en que el embrollo judicial impida la vuelta de Puigdemont, puesto que su reaparición en Barcelona no gusta ni internamente ni en el Govern ni en la Moncloa, tal y como ha podido constatar este periódico tanto en Madrid como en la Ciudad Condal. Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la ley de amnistía han reabierto el debate sobre la vuelta de Carles Puigdemont a España. Sin embargo, a pesar de que el independentismo y el Gobierno han cantado victoria —cada uno a su manera—, la batalla judicial aún está por escribir y todo apunta a que puede prolongarse más de lo previsto hasta que se deshaga el embrollo judicial. De momento, el Tribunal de Luxemburgo ha respondido a dos de las cuestiones prejudiciales: una de la Audiencia Nacional, por la causa abierta por terrorismo contra los CDR, y otra del Tribunal de Cuentas, vinculada a la utilización de fondos públicos en el procés. Sin embargo, lejos de zanjar el asunto. El TJUE ha iniciado una nueva etapa judicial que ahora mismo enfrenta abiertamente al TCu con la defensa de Carles Puigdemont, que se ha revuelto con contundencia.