El fuego ha vuelto a poner de manifiesto las condiciones de "extrema degradación", según las ONG que trabajan en la zona, en que viven los jornaleros —el 80% son hombres— en los asentamientos chabolistas vinculados a la fresa en Huelva. Este lunes se produjo en Lucena del Puerto un incendio y hace unos días ardieron en Palos de la Frontera centenares de chabolas, que son "pasto fácil de las llamas", según han lamentado 32 asociaciones, organizaciones, sindicatos y partidos políticos en un comunicado conjunto. El documento Asentamientos de chabolas en Huelva: 26 años de abandono institucional recoge: "En Huelva ya han muerto cinco trabajadoras y trabajadores en estos incendios. La sociedad civil se pregunta si estamos esperando a que haya más muertos y advierte de que, en un país democrático y en un Estado Social y de Derecho es absolutamente inadmisible que, las personas trabajadoras que sostienen el motor económico de la provincia, sobrevivan en condiciones de extrema degradación humana".Publicidad"En la reserva de la biosfera de Doñana, en Lucena, Moguer y Palos la situación no mejora, salvo la cuenta de resultados. Son incapaces de arreglar esta situación cronificada", afirma a Público Juan Romero, de Ecologistas en Acción. "Resulta difícil entender que un negocio que genera millones de euros en ventas [1.450 millones en 2025, según el Gobierno andaluz] cada año, con una demanda de más de cien mil puestos de trabajo en cada campaña, no sea capaz de ofrecer una solución habitacional a personas trabajadoras siendo una chabola construida con sus propias manos la única salida a la que se ven empujadas".Las ONG calculan que en Huelva hay 5.000 jornaleros en la temporada alta que habitan en estas chabolas, que se ubican fundamentalmente en los municipios freseros de Doñana, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, y también en Lepe y Mazagón. Según una nota del Gobierno de España del pasado 15 de julio, "más de 10.000 personas de Huelva se van a intentar incorporar al mercado" en el proceso de regularización abierto por el Ejecutivo. No todas ellas, obviamente, habitan en estos asentamientos. "En cada campaña hay un déficit de entre 8.000 y 10.000 personas trabajadoras respecto a la demanda de los empresarios agrícolas", según la APDHA. "Vivir o residir en asentamientos chabolistas cerca de los cultivos no solo tiene graves riesgos específicos para la salud y la seguridad, sino que son condenas a la exclusión social y al ejercicio de trabajos que dependen de la buena voluntad de los empleadores. La falta del acceso al alquiler de una vivienda a la población migrante se ceba especialmente con las mujeres", recoge el informe Las fronteras internas en Andalucía. Las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería, de la APDHA, publicado el año pasado."El origen de los asentamientos —expone ese trabajo de la APDHA— irregulares o informales se encuentra directamente relacionado con el crecimiento de la economía agraria, la intensificación de sus cultivos y la necesidad de mano de obra. Estas infraviviendas son construidas utilizando materiales desechados como palets, cartón, plástico y mantas, sin sistema general eléctrico ni de agua corriente, por lo que el abastecimiento se consigue de manera informal, lo que ha provocado en diferentes ocasiones, incendios en los asentamientos". Publicidad"Tras 26 años de existencia de chabolismo, como única solución habitacional para una parte de trabajadores y trabajadoras temporeras, el problema sigue prácticamente en el mismo punto de inicio", aseguran los colectivos en su comunicado. En el año 2020, el relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ya describió la situación en estos términos en un informe: "En Huelva, el Relator Especial visitó un asentamiento de trabajadoras y trabajadores migrantes cuyas condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad".Asegura Juan Romero a Público: "Las personas [tras el incendio de Palos] se quedaron sin nada, sin agua, comida ni ropa. Y gracias a las ONG atendimos a estas personas, pero esta no es la solución. Las soluciones pasan por acometer medidas de emergencia, montar infraestructuras portátiles con agua, luz y cama, donde puedan tener servicios mínimos garantizados hasta que se encuentre la solución definitiva. De lo contrario, los incendios pueden provocar una desgracia de vidas humanas. Estas infraviviendas están ubicadas en medio del pinar y puede ocurrir", alerta el portavoz de Ecologistas en Acción. Los colectivos denuncian que existe un "abandono de la salubridad y se acumulan residuos". "Municipios como Palos de la Frontera y Lucena del Puerto se niegan a recoger la basura en el entorno de los asentamientos. El resultado son auténticas montañas de desechos inflamables que actúan como combustible para los fuegos veraniegos generando un foco crítico de insalubridad", señalan. "La fresa de Huelva es un éxito económico, pero es un desastre social y ambiental. Social es porque el dinero que viene de la administración central no se invierte", añade Romero a Público.PublicidadEl Gobierno de España, la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, instó hace unos días —tras mantener un encuentro con varias asociaciones (bastantes menos de las firmantes del comunicado, según ha podido saber Público) que trabajan con los migrantes, del que "algunas", no todas, salieron "decepcionadas", según exponen en la nota— a los tres ayuntamientos de la comarca a usar los fondos de que disponen dentro del marco de Doñana —un conjunto de medidas que garanticen el uso sostenible de los recursos de la zona— para "contribuir a acabar con el chabolismo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores". Estos fondos, según el decreto que los regula, que el Ministerio de Transición Ecológica emite cada año hasta 2027 —el último está en vigor desde octubre de 2025 y prevé cinco millones, 1,6 para cada uno de ellos— permiten que los ayuntamientos de Palos, Moguer y Lucena puedan, entre otras soluciones, por ejemplo, adquirir "inmuebles ya construidos para su posterior acondicionamiento y adecuación".También comprar "suelo para la posterior construcción de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección", rehabilitar viviendas para destinarlas a personas temporeras, construir nuevas viviendas y "cualesquiera otras actuaciones destinadas a dar solución habitacional a las personas temporeras". Sobre si 1,6 millones de euros cada año hasta 2027 es una cantidad alta o baja, un ejemplo: en Lepe, Asnuci, una ONG que trabaja también en esa zona, levantó un albergue para 34 personas, que le costó unos 125.000 euros.En Palos de la Frontera, los sucesivos incendios han reducido el tamaño del asentamiento conocido como "San Jorge". "Hasta el 2021 se consideraba el mayor asentamiento de los municipios freseros alcanzando un conjunto de aproximadamente 700 infraviviendas. Sin embargo, tras los incendios de febrero de 2021 y septiembre del 2023 el número de infraviviendas se ha reducido", recoge el informe de la APDHA.En Lucena del Puerto, según un trabajo de 2023, llamado Estudio descriptivo de asentamientos de Huelva, en el que colaboró el Instituto Andaluz de Administración Pública, había "aproximadamente 750 chabolas distribuidas en 16 asentamientos, todos en suelo público y ámbito rural, donde residen unas 950 personas de distintas nacionalidades". En Moguer eran entonces "270 chabolas distribuidas en seis asentamientos, dos de ellos en suelo privado y cuatro en suelo público". El trabajo de APDHA —de 2025— documentó que al menos aún existen tres asentamientos en Lucena y otro, amplio, conocido como Las Madres, en Moguer. En todos ellos, existe además, según recoge el trabajo de la APDHA y denuncian en su nota las 32 asociaciones, sindicatos y partidos, un "bloqueo ilegal del empadronamiento". "Los tres consistorios —escriben las ONG— mantienen una negativa sistemática a empadronar a las personas extranjeras en sus chabolas obligándolas a caer, como única alternativa, en redes mafiosas que mercantilizan el empadronamiento. Esta práctica contraviene directamente la legislación española vigente, que obliga a registrar a cualquier habitante independientemente de las condiciones de su vivienda, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad administrativa", recoge el comunicado.Denuncian, de este modo, en su comunicado que "las administraciones locales operan bajo un esquema de racismo institucional que se evidencia en varias realidades flagrantes que califican como un auténtico castigo colectivo hacia las personas trabajadoras migrantes". Además de los problemas para el empadronamiento y la falta de recogida de residuos, las ONG lamentan lo que llaman "ausencia mayoritaria de ayuda humanitaria de emergencia". Así lo exponen: "Tras los sucesivos y devastadores incendios en los núcleos chabolistas, los ayuntamientos han negado sistemáticamente asistencia básica de urgencia. Decenas, e incluso centenares de personas, son abandonadas a su suerte, obligadas a quedarse al raso y durmieron con lo puesto sobre las cenizas de sus pertenencias".Así, las ONG exigen "la apertura urgente de un espacio digno en Palos de la Frontera como medida de emergencia para las personas trabajadoras" que se han quedado sin hogar. También la "paralización inmediata de la transferencia" de los fondos del ministerio dentro del marco de Doñana "a los ayuntamientos que albergan asentamientos chabolistas hasta que aseguren que lo invertirán en mejoras de los mismos como medida provisional, mientras se busca una solución habitacional digna y definitiva, a corto plazo".PublicidadLos colectivos detallan al respecto: "Esas mejoras provisionales de los asentamientos se deben traducir en la implantación de tiendas de campañas, recogida de basura, módulos para servicios y baños, tanques de agua potable, saneamiento básico y demás servicios necesarios que doten de salubridad al lugar de estancia de las personas migrantes". Las ONG recuerda que "el abastecimiento de agua y el saneamiento es un Derecho Humano declarado por Naciones Unidas desde 2010". Por último, reclaman que se la Junta de Andalucía se implique y "lidere" y "coordine" la búsqueda de "una solución inmediata que contemple albergues de estancia provisional y alojamientos dignos que respeten la dignidad de los trabajadores y trabajadoras".Sin noticias del plan de la Junta de AndalucíaLos colectivos detallan que, en estos 26 años, "los intentos por hallar una solución teórica no han faltado". Desde 2014, apuntan, "el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva —espacio que reúne a los actores locales y a los tres niveles de la administración— busca una alternativa habitacional digna que sigue sin materializarse". Tampoco, añaden, "ha tenido impacto real sobre el terreno la firma, el 1 de julio de 2022, del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Moguer y Lepe, un acuerdo dotado con más de 2,5 millones de euros". En la misma línea, remachan, "el I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales en Andalucía del Gobierno de Moreno Bonilla, presentado en 2023 y relanzado un año después, continúa sin arrojar resultados tangibles, hasta la fecha, ni cuenta con un presupuesto real y transparente para su ejecución". Fuentes del Gobierno andaluz admitieron que el plan está en stand by e indicaron a Público que necesitan de la colaboración del Ejecutivo central para poder llevarlo a cabo y ejecutarlo.