El acuerdo de Doñana sirvió esencialmente para desenrocar la postura beligerante de los agricultores del entorno del Parque Natural y paralizar la ley de ampliación de regadíos impulsada por la Junta de Andalucía. La sustancia de ese pacto radica en las subvenciones para permutar tierras de cultivo y reducir la presión sobre el espacio protegido, pero también tiene una línea que pretende amparar a quienes han hecho posible la consolidación del modelo productivo agrícola de la zona: los temporeros. Precisamente, este miércoles se ha oficializado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los 14 alcaldes del entorno de Doñana el protocolo para mejorar las condiciones de vida de estos jornaleros, muchos de ellos migrantes y con unas condiciones laborales, pero sobre todo humanas, muy precarias.
El marco de actuaciones recogidas en la línea 13 del acuerdo de Doñana incluye medidas específicamente orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población temporera, entre las que se encuentran los planes de inclusión social o el desarrollo de infraestructuras habitacionales para erradicar el chabolismo. El protocolo firmado esta mañana en Sevilla se centra en esas tareas de integración y apoyo a los jornaleros, pero también del resto de personas vulnerables y cuenta con seis millones de euros para este 2025 y otros 14 millones para los siguientes dos años. Este acuerdo sucede al suscrito el 3 de junio en Huelva entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los alcaldes de Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera para mejorar las condiciones de habitabilidad de los trabajadores migrantes, cuya dotación total es de 10 millones -cinco para este año y otros cinco para 2021 y 2027-.
