La cascada de confesiones que se produjo este lunes en el caso Plus Ultra ha dejado a José Luis Rodríguez Zapatero al borde de una condena sólo dos meses después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se presentara en su casa de Las Rozas para comunicarle que estaba imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Pero los arrepentidos también han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez. Moncloa se había aferrado a la tesis del lawfare o utilización política de la Justicia para tratar de mantener viva la llama de la inocencia de su principal referente moral y político, el mayor animador de las campañas electorales del PSOE y el negociador jefe del Gobierno con sus socios de legislatura. El entorno del expresidente esgrimió presuntas irregularidades en la incorporación a la causa de un teléfono intervenido a un accionista de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, en un aeropuerto de Estados Unidos y pidió también que se tumbara el análisis del móvil de un abogado español, Miguel Palomero. Ni el testaferro de Zapatero, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez; ni el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; ni el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli; ni la propia compañía como persona jurídica han esperado a que la Audiencia Nacional tome una resolución definitiva sobre los recursos sobre esas supuestas nulidades para reconocer completamente los hechos, asumir los delitos que se les imputan y ponerse a disposición de la Justicia para colaborar en las diligencias. El lawfare ha saltado por los aires desde dentro. Qué altavoces del Gobierno van a repetir ahora la teoría de la conspiración cuando hasta los propios acusados se postrado ante la contundencia del sumario judicial. El testimonio más nocivo para Zapatero sólo ocupa 6 páginas y lo firma su presunto testaferro, que este martes declarará como investigado ante el instructor del caso, el juez José Luis Calama. La estrategia de defensa del expresidente del Gobierno pasaba por atribuir los más de dos millones de euros que facturaron él y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, entre 2020 y 2025, a trabajos de asesoramiento legales y servicios de comunicación que habían sido declarados a la Agencia Tributaria. TE PUEDE INTERESAR Sin embargo, el fiduciario sitúa ahora a Zapatero en el origen de un entramado societario que camufló como servicios de consultoría lo que en realidad era un cobro masivo de comisiones ilegales por ejercer su influencia ante gobiernos de todo el mundo para favorecer a las compañías privadas que pasaban por caja. El testimonio de Martínez despeja presuntamente el nudo gordiano de la causa afirmando que Zapatero pactó con Plus Ultra una remuneración del 1% si lograba que el Gobierno de Sánchez concediera a la aerolínea una ayuda de 53 millones de euros públicos del fondo contra el covid que gestionó la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. La UDEF intervino el contrato con la comisión del 1%, pero Zapatero sostenía que no sabía nada de ese acuerdo. Ahora, tanto su testaferro como la compañía aérea han admitido la existencia de ese pacto secreto con una coincidencia milimétrica y han añadido que el antiguo líder del PSOE llegó a recibir 527.417 euros de los 530.000 que le correspondían. Julio Martínez precisa que Zapatero usó hasta cuatro sociedades instrumentales (Análisis Relevante SL, Voli Analitica SL, Iot Domotic Europe SL e Idella Consulenza Estratégica) y decenas de facturas falsas para canalizar el ingreso de su comisión. TE PUEDE INTERESAR Los arrepentidos no sólo aportan en sus escritos detalles imprescindibles para poder reconstruir la presunta participación de Zapatero en el rescate Plus Ultra, sino que describen una mecánica de venta de influencia que el expresidente del Gobierno habría usado con multitud de empresas y países para engordar sus cuentas bancarias, como la recientemente descubierta operación para salvar al holding peruano Grupo Gloria de un pleito millonario en Bolivia que le reportó 200.000 euros. Otras gestiones similares están en la rampa de salida de la UDEF. Con la caída de Plus Ultra, cae como un castillo de naipes toda la coartada del exdirigente socialista. La pérdida de credibilidad va a afectarle en otros frentes. Los investigadores hallaron más de un centenar de joyas en una caja fuerte escondida en su despacho. Su entorno aseguró que no valían más de 50.000 euros, pero una tasación ordenada por el juez Calama ha tasado su precio en al menos 1,3 millones. Dos meses después del descubrimiento del ajuar, Zapatero aún no ha aclarado quién se lo regaló ni por qué. Con la confesión de su testaferro y el afloramiento del tráfico de influencias, será difícil que el magistrado se tome en serio su versión sobre las joyas, cuando quiera que finalmente la presente. Los escritos de los arrepentidos abren otro frente jurídico al Gobierno de Sánchez. Para que las gestiones de Zapatero merecieran el pago de una comisión del 1%, tuvo que convencer a los directivos de Plus Ultra de que era el único capaz de conseguir que Moncloa autorizara los 53 millones de euros. No existe ningún método legal en la administración pública que reconozca ese nivel de excepcionalidad o privilegio a una sola persona. Para que el tráfico de influencias opere hace falta un organismo permeable al trato de favor y todo indica que la SEPI operó con la discrecionalidad habitual en las tramas de corrupción. TE PUEDE INTERESAR En el caso Leire, que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ya hay un aluvión de pruebas de que el organismo que dependía de la exvicepresidenta María Jesús Montero amañó contratos y subvenciones públicas para favorecer a empresas del entorno del PSOE. Una sola compañía, Tubos Reunidos, pagó comisiones ilegales a intermediarios para llevarse 112,8 millones de euros públicos en 2021 a pesar de las dudas sobre su solvencia. El PNV, socio del Gobierno, presionó para aprobar la ayuda. Tubos Reunidos presentó finalmente el concurso de acreedores el pasado mayo. Las confesiones del testaferro de Zapatero y de los máximos responsables de Plus Ultra evidencian que el Gobierno ha gestionado durante años la SEPI como si fuera un chiringuito de cartas nigerianas. La cascada de confesiones que se produjo este lunes en el caso Plus Ultra ha dejado a José Luis Rodríguez Zapatero al borde de una condena sólo dos meses después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se presentara en su casa de Las Rozas para comunicarle que estaba imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Pero los arrepentidos también han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez.