Opinión
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Políticas públicasNo despolitizaron las designaciones: politizaron la academia.
Hace unas semanas abordé las elecciones de segundo grado desde la óptica del riesgo-país. Hoy conviene mirarlas desde otro ángulo: el de las lecciones institucionales que están dejando. En 2026, Guatemala está renovando piezas claves de su arquitectura institucional —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría—, procesos que, aunque indirectos, definen el funcionamiento efectivo del Estado de derecho. Se trata de un ciclo concentrado de decisiones que reconfiguran el balance de poder.
La apuesta por el sistema que subyace a estos procesos —el de comisiones de postulación— fue, en su origen, ambiciosa: despolitizar las designaciones y elevar la calidad de los funcionarios. Hoy, a la luz de los hechos, hay que admitir que esa apuesta no ha cumplido sus objetivos. El problema de fondo es de diagnóstico, no de procedimiento. Se quiso eliminar la política de un proceso que es, por naturaleza, político. El resultado ha sido paradójico: no se despolitizaron las decisiones, sino que se trasladó la política —y, en muchos casos, sus peores prácticas— hacia espacios (la academia y los gremios profesionales) que no estaban diseñados para procesarla.
