El PEI-GT documentó irregularidades, abusos y cooptación en las elecciones de segundo grado en Guatemala. (Diario La Hora) (Captura de video)Las recientes elecciones de segundo grado en Guatemala han expuesto irregularidades, abusos y cooptación en los procesos de designación de altas autoridades del sistema de justicia.Así lo documentó el Panel de Expertos Independientes para Guatemala (PEI-GT), que este lunes 13 de julio presentó un informe en el que señala la urgente necesidad de reformar los mecanismos de selección, tras detectar deficiencias en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y advertir sobre los desafíos que enfrenta la próxima elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).En conferencia de prensa, el Panel, integrado por expertos internacionales de Perú, Chile y México, destacaron irregularidades, abusos, cooptación y falta de perfiles consolidados durante las elecciones de segundo grado en Guatemala.PUBLICIDADEl marco regulatorio actual “es insuficiente”, lo que permite que “cada grupo interprete la norma de acuerdo a sus intereses”, explicó la experta mexicana Lorena Delgadillo, quien integró el panel. “Se interpreta de manera arbitraria”, agregó Delgadillo y alertó: “Están cooptadas por intereses políticos. Se han pervertido y manipulado”, señalando que “lo que menos se toma en cuenta (de los candidatos) es la honorabilidad. De tal manera que personas rechazadas por la sociedad y sancionadas internacionalmente lograron tener de las mejores puntuaciones”, dijo.Tal como lo advirtió el extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el panel de expertos detectó posibles Comisiones Paralelas en torno a la última elección de Magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) y de Fiscal General.PUBLICIDAD“(Vimos) que sesionaban con discusiones superficiales, pero que ya llevaban acuerdos previos... Muchas de las decisiones se toman en otro lugar. Llegaban a los espacios con acuerdos, dependiendo a qué grupo se perteneciera”, remarcó Delgadillo. Además, el informe advierte que “las comisiones se han vuelto vulnerables a dinámicas de cooptación y captura por redes político-económicas y criminales”.(Captura de video) (Captura de video comisiones paralelas)Pese a las exigencias de la sociedad civil, empresarios y otros sectores civiles y de Gobierno, el Panel de Expertos detectó que no existen perfiles idóneos establecidos durante las elecciones de segundo grado, por el contrario, personas que habían sido rechazadas y hasta sancionadas internacionalmente como antidemocráticas y corruptas, fueron los que tuvieron las mejores calificaciones.PUBLICIDADAl respecto, el abogado peruano José Ugaz destacó: “Encontramos una muralla que nos decía que no les interesan los perfiles con estándares internacionales”. Según jurista, “las preguntas a los candidatos eran superficiales y, en ningún momento, se trababa de medir los méritos y la honorabilidad”.No obstante, reconoció que pese al contexto de criminalización impulsado desde entidades como el mismo Ministerio Público, esto “no persuadió a los candidatos” a desistir de sus postulaciones.(Captura de video) (Captura de video perfiles)En cuanto a los recursos judiciales, el chileno Jaime Arellano denunció el “uso abusivo y malicioso del amparo y el rol de la justicia constitucional”. Afirmó que “el amparo se usa de manera indebida y se manipula para entorpecer los procesos de selección y limitar el ejercicio de derechos”.PUBLICIDADRecordó el caso de la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en el que se excluyó a profesionales de ciencias afines, alterando el universo electoral y afectando la segunda vuelta de selección de magistrados para la CC. Arellano puntualizó: “Eso fue un abuso y una ausencia de ejecución de amparos cuando esto beneficiaba a un buen funcionamiento de las elecciones de segundo grado”.El PEI-GT también alertó sobre la criminalización de operadores de justicia, periodistas y líderes indígenas, que “ha generado un efecto inhibidor en profesionales que podrían aspirar a cargos públicos, lo que debilita la competencia y la legitimidad de los procesos de selección”. Y cuestionó la actuación del Ministerio Público, señalando que algunas acciones “pudieron influir en procesos electorales vinculados al sistema de justicia mediante acciones consideradas intimidatorias”.PUBLICIDAD(Captura de video) (Captura de video sesgo)Arellano también recordó el caso de Leila Lemus, quien, siendo presidenta de la Corte de Constitucionalidad, resolvió en contra de la permanencia de representantes con cargos vencidos en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).No obstante, “no hizo nada para hacer cumplir su resolución y cuando decide participar ¿A dónde fue? Recurrió a la USAC, dejando en evidencia un claro ejemplo de conflicto de intereses y estableciendo un muy mal precedente", dijo.Las elecciones de segundo grado en Guatemala constituyen procesos de designación indirecta en los cuales la ciudadanía no vota de forma directa en las urnas, sino que la elección de los altos funcionarios recae en órganos del Estado y cuerpos colegiados específicos. Bajo este mecanismo, instituciones clave como el Congreso de la República, el Presidente de la Nación, el Colegio de Abogados y las Comisiones de Postulación —integradas por decanos universitarios y magistrados— asumen la responsabilidad legal de seleccionar a las autoridades que dirigirán el rumbo institucional del país. PUBLICIDADEste sistema indirecto define la conformación de los contrapesos y la cúpula del sistema de justicia guatemalteco, abarcando la renovación de cargos cruciales como las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, así como la jefatura del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Debido a que estas autoridades dictan el rumbo de las garantías constitucionales y la persecución penal, analistas y sectores sociales coinciden en que estas jornadas representan un pulso político decisivo para el fortalecimiento de la democracia o el riesgo de cooptación de las instituciones públicas.