La Comisión Europea ha presentado este viernes la esperada reforma del mercado de emisiones, conocido por sus siglas en inglés, ETS (Emissions Trading System), un sistema que establece unos topes anuales para una serie de sectores contaminantes (industria, generación eléctrica, transporte aéreo y marítimo), que ha sido desde su introducción en el año 2005 una de las piezas clave de la agenda climática de la Unión Europea. Cada año se va reduciendo el tope de emisiones permitidas, llevando así a la industria hacia una descarbonización y financiando con esos ingresos otros proyectos destinados también a reducir las emisiones. Los elementos principales son la prolongación de emisiones gratuitas para la industria más allá de la antigua fecha límite de 2035, eso sí, condicionando a inversiones en la descarbonización, reduciendo el ritmo anual de reducción de emisiones de CO2 y ofreciendo mayor flexibilidad a la industria, especialmente a la industria química y las refinerías. El objetivo de la reforma ha sido, según una fuente comunitaria, lograr un equilibrio entre "clima, competitividad e independencia". Un grupo de Estados miembros ha estado exigiendo una reforma de la normativa ETS para aumentar significativamente el número de permisos gratuitos y dar algo de espacio a la industria. Ya por la presión de las compañías y de algunas capitales, especialmente Roma, Varsovia y Berlín, el Ejecutivo comunitario tomó medidas de urgencia en marzo. En todo caso, esta reforma era obligada para poder alinear las reglas al nuevo objetivo legal consagrado con el acuerdo de la ley climática que obliga a reducir un 90% las emisiones de CO2 respecto a los niveles del 1990 ya en el año 2040. La UE tiene, además, el objetivo de lograr la neutralidad climática en el 2050. El sistema de ETS funciona de manera sencilla, aunque parezca enormemente complejo. La UE establece un máximo de toneladas de CO2 que se pueden lanzar a la atmósfera, y emite una serie de derechos de emisiones, como si fueran bonos, que coinciden exactamente con ese número de toneladas de CO2: cada derecho es equivalente a una tonelada. Estos derechos se reparten con una subasta. Después hay un sistema de comercio posterior: hay empresas que se descarbonizan de manera más sencilla, así que venden sus derechos a emitir, que compran empresas a las que les cuesta más dejar de lanzar CO2 a la atmósfera. Cada año el tope de toneladas que se pueden emitir se va reduciendo a través de un Factor de Reducción Lineal (LRF). Además, se permiten una serie de derechos de emisiones gratuitos, que lo que buscan es evitar que algunas empresas desplacen su producción a países terceros, contaminando igualmente allí lo que hayan dejado de contaminar en Europa. La idea del Ejecutivo comunitario también es aumentar esos permisos gratuitos, los lotes de emisiones por los que la industria no tiene que pagar nada, pero que este incremento esté vinculado con proyectos por parte de las compañías para descarbonizar sus actividades: recibirán el 80% de los derechos de emisión con la presentación del plan y el 20% restante después. Bruselas busca así mantener la señal de mercado que exigen otros Estados miembros preocupados con que un cambio en las normas de ETS pueda llevar a una ralentización de la transición ecológica. TE PUEDE INTERESAR Además, la Comisión plantea la creación de un 'banco', con la venta de permisos, que calcula que acumulará unos 100.000 millones de euros y con el que la Unión Europea podrá ayudar a financiar a la industria para apoyarle durante el proceso de descarbonización. El Ejecutivo comunitario también plantea que los beneficios de la venta de ETS, cuyo montante ahora va destinado fundamentalmente a otros gastos presupuestarios, se redirija a la misma industria que está pagando por esos derechos de emisión para que usen ese dinero para financiar su reconversión, señalando que al menos la mitad de lo recaudado se destine a la industria. Bruselas también amplía cómo la normativa de ETS afecta al sector de la aviación, señalando que los vuelos en un radio de 5.000 kilómetros también tendrán que pagar por los derechos de emisión. Así, un Frankfurt - Tokio no pagaría, pero un Frankfurt - Doha ahora sí. Además, la Comisión propone que el sector de la incineración de basura también vaya paulatinamente entrando en el sistema de comercio de emisiones, con un período transitorio entre 2031 y 2034. Electrificación en la Unión Europea Además de esta propuesta respecto a ETS, la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa una iniciativa para aumentar la electrificación de la Unión, que incluye un objetivo de cara al 2040 del 46% con el que fortalecer la agenda climática de los Veintisiete, aunque no es vinculante y será reevaluada a finales de año. La cifra objetivo ha sido un misterio hasta el último momento, manteniéndose como un punto pendiente de acuerdo hasta este viernes. Hay un objetivo intermedio del 32% en 2030. Se trata de un punto importante de la propuesta porque el club se ha ido quedando estancado en electrificación del consumo final respecto a otros actores como China o Corea del Sur, con unos niveles que se encuentran alrededor del 23%. Una pieza fundamental para lograrlo es la fiscalidad energética, porque la electricidad es mucho más cara para industria y hogares que otro tipo de tecnologías. Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Competencia y Transición Ecológica, ha insistido en la necesidad de que los impuestos sobre la electricidad sean más bajos que sobre el gas, una petición que ya ha hecho el Ejecutivo comunitario en repetidas ocasiones en los últimos meses. Entre las iniciativas que plantea el Ejecutivo comunitario también se incluyen extender los incentivos a la compra de vehículos eléctricos o facilitar el despliegue de energías renovables. La Comisión Europea ha presentado este viernes la esperada reforma del mercado de emisiones, conocido por sus siglas en inglés, ETS (Emissions Trading System), un sistema que establece unos topes anuales para una serie de sectores contaminantes (industria, generación eléctrica, transporte aéreo y marítimo), que ha sido desde su introducción en el año 2005 una de las piezas clave de la agenda climática de la Unión Europea. Cada año se va reduciendo el tope de emisiones permitidas, llevando así a la industria hacia una descarbonización y financiando con esos ingresos otros proyectos destinados también a reducir las emisiones.