Apenas unas semanas después de sacar adelante sus primeros Presupuestos en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha valido del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía para reforzar el principal eje político de su mandato: presentar una Cataluña centrada en la estabilidad institucional, el diálogo y los grandes retos económicos y sociales. Y lo hace en pleno auge de la extrema derecha de Aliança Catalana y Vox en los sondeos, que amenaza con acentuar los debates identitarios y migratorios que Illa pretende desplazar. “La inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas, de Cataluña y de España, apostamos por el reencuentro, por el diálogo, por la convivencia y por un nuevo futuro”, afirmó este jueves tras conocer el fallo del tribunal europeo. Illa ha insistido desde su llegada en el Palau de la Generalitat en desplazar el centro de gravedad de la política catalana desde el conflicto territorial hacia una agenda centrada en su mensaje de “prosperidad compartida” que incluye el acceso a la vivienda, el fortalecimiento de los servicios públicos, las infraestructuras o la competitividad económica. “Hemos dejado atrás la parálisis y nos hemos activado. Hace dos años abrimos una nueva etapa basada en la estabilidad institucional y abrimos la colaboración como método. Creemos que esa es la mejor herramienta para progresar”, afirmó el presidente en un acto de presentación de la memoria económica de Cataluña de 2025, que destaca que la comunidad creció por quinto año consecutivo por encima de la media de la zona euro.La recuperación de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central constituye otro gran pilar del proyecto de Illa. Después de los años de máxima confrontación institucional, ambos ejecutivos han reactivado la cooperación. En este tiempo se han negociado cuestiones que durante el procés resultaban prácticamente inviables, como el nuevo modelo de financiación singular, la creación de una empresa mixta de Rodalies o diversos acuerdos en materia de infraestructuras como la Línea Orbital. En ese contexto, la amnistía aparece como la última pieza pendiente para consolidar la normalización institucional. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley de manera diligente, integral y sin subterfugios?”, se preguntó Illa en su declaración institucional tras conocerse la sentencia, después de recordar que la norma fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, avalada por el Tribunal Constitucional y ahora respaldada también por el TJUE. “Ya no hay ningún obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida la plena aplicación de la ley”, remachó. Sin entrar en los expedientes concretos ni citar a Carles Puigdemont u otros dirigentes, el presidente defendió que “las personas y las formaciones políticas afectadas por la ley” deben poder participar en el futuro de Cataluña “con los mismos derechos y los mismos deberes”.Esa estrategia avalada por el TJUE, que resalta que la amnistía se enmarca en un proceso de “reconciliación”, se ve reflejada en las encuestas del Centro de Estudios de Opinión (CEO). Solo el 2,6% de la población cree que las relaciones entre Cataluña y España sean el principal problema de la ciudadanía, muy lejos del 9% registrado hace dos años, cuando Illa fue investido president, o del 31% alcanzado en 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. Muy por delante de esos problemas están la vivienda (28%) y la inmigración y la seguridad ciudadana (10%). Tras conocer la sentencia del TJUE, el Gobierno central resaltó las virtudes de esa “reconciliación”. Illa siguió el mismo guion, y ante una sala repleta de políticos y economistas resaltó que hoy su Ejecutivo ofrece “confianza” a empresarios e inversores. “Aquí hallarán seguridad jurídica y un ambiente previsible”, sostuvo Illa, marcando distancias con la época del procés.Casi en el ecuador de su mandato, esas encuestas indican que el PSC sí sufre un cierto desgaste: el mismo sondeo mantiene a Illa como ganador de unas hipotéticas elecciones, pero le atribuye una pérdida de apoyo de hasta seis escaños, de los 42 actuales hasta una horquilla de entre 36 y 38. A la vez, Aliança Catalana y Vox siguen ganando terreno y se harían con un 30% de los escaños del Parlament. El augurado auge de Aliança Catalana, que aspira a convertirse en tercera fuerza parlamentaria, según el CEO, y podría disputar a ERC la segunda posición, amenaza con reforzar los debates identitarios y migratorios que el PSC busca alejar. Ante ese escenario, el presidente llamó a “seguir construyendo ese futuro sobre la base de buscar aquello que nos une, celebrar nuestra diversidad y transformar nuestra pluralidad política en acuerdos a favor del progreso colectivo”. “Los catalanes no queremos ni permitiremos que nadie ponga en riesgo aquello que tanto nos ha costado conseguir”, añadió.