Hay días en los que la política parece escrita por un guionista empeñado en subrayar las coincidencias. Apenas unas horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía, desmontando los argumentos jurídicos en su contra, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez deberá sentarse en el banquillo por dos presuntos delitos. Dos resoluciones de signo opuesto, el mismo día, sobre los dos frentes judiciales que más han desgastado y sostenido el relato político de esta legislatura.
La tentación de leer ambas noticias como un empate técnico –Bruselas da una alegría al Gobierno, la Audiencia le da un disgusto– es comprensible, pero engañosa. No hay tal empate. Que la mujer del presidente vaya a comparecer ante un jurado popular es un triunfo para la derecha y la extrema derecha, que llevan dos años señalando a Gómez como símbolo de una trama de favores conyugales y ven ahora confirmado ante un tribunal lo que hasta hoy era un relato construido a fuerza de repetición mediática. Es también la culminación del empeño de un juez, Juan Carlos Peinado, cuya instrucción fue corregida varias veces por la propia Audiencia y que, pese a ello, mantuvo el pulso hasta el final, alimentando la sospecha de que buscaba algo más que impartir justicia: dejar huella en la historia reciente de la Justicia de este país.
