“Begoña Gómez es inocente”, han vuelto a recalcar en la Moncloa, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya confirmado este jueves el envío de la mujer del presidente del Gobierno a juicio por un tribunal de jurado, acusada de los delitos de malversación y trafico de influencias. Y justo después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya condenado esta misma semana al hermano del presidente, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.En el Ejecutivo no se han mordido la lengua, ante un proceso judicial contra Begoña Gómez que tachan de aberración tras la polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado. “Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno”, han advertido fuentes del Gobierno.En el Ejecutivo han insistido así en poner el foco en que las investigaciones judiciales contra Begoña Gómez arrancaron tras una querella presentada por la organización ultra Manos Limpias. Igual que ocurrió en el caso del hermano del jefe del Ejecutivo, ya condenado.Quien tampoco se ha mordido la lengua, fiel a su estilo combativo, ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente. “¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante”, ha advertido Puente, que ha atribuido así al tribunal madrileño la intención política de tapar hoy con su decisión sobre la causa contra la mujer del presidente, el aval que la justicia europea ha dictaminado sobre la ley de Amnistía.“La decisión de llevar a cabo un procedimiento por jurado es una muestra más de la intención política”, advierten en el EjecutivoEn la Moncloa han criticado que “la decisión de llevar a cabo un procedimiento por jurado es una muestra más de la intención política”.Y han rebatido las acusaciones por los dos delitos que se imputan a la mujer del presidente del Gobierno. En cuanto al tráfico de influencias, por presuntamente favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés, han destacado que “fue adjudicatario de contratos públicos donde no se ha encontrado ninguna irregularidad”. “No existe ninguna prueba de llamadas, presiones o gestiones para influir en adjudicaciones. Las cartas de apoyo eran similares a otras firmadas por decenas de entidades, como el Ayuntamiento de Madrid”, han alegado. El empresario Barrabés, según han destacado, “ya contrataba con la Administración antes de conocer a Begoña Gómez”.Respecto a la malversación de caudales públicos, por presuntamente haber utilizado recursos públicos para fines privados, tanto por el uso del software desarrollado en la Universidad Complutense como por la supuesta utilización de su asistente para asuntos personales, en el Ejecutivo han señalado que “el ‘software’ era una url de una página web que nunca se finalizó, que nunca se explotó comercialmente y que estaba pensada para ser un servicio gratuito para empresas y ONGs del tercer sector”. “No hubo beneficio económico para ninguno de los investigados y la UCM no sufrió perjuicio patrimonial”, han subrayado.“Begoña Gómez no cobró ni un euro por codirigir la cátedra. Empezó a colaborar con la Complutense desde 2012, años antes de que Pedro Sánchez fuera secretario general del PSOE o presidente del Gobierno”, han indicado estas fuentes.Y, por otra parte, han señalado que “la asistente fue nombrada legalmente para asistir a la esposa del presidente y sus funciones incluían agenda, comunicaciones, acompañamiento y apoyo organizativo”. “Una figura imprescindible que han tenido todos los cónyuges de los presidentes del gobierno”, han recalcado.En la Moncloa han zanjado, así, que “los hechos no constituyen delito”, y han resaltado que “la Fiscalía solicita la libre absolución”.Madrid, 1966. Redactor de La Vanguardia en Madrid desde 1997