La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo de los acusados a la mujer del presidente del Gobierno. Los magistrados de la Sección 23 han acordado apoyar al instructor en su decisión de que Begoña Gómez sea juzgada por un juzgado popular, pero únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El órgano regional tumba la acusación por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. El pleno ha estimado parcialmente los recursos presentados por las defensas y de la Fiscalía que, además, ha solicitado la absolución para la esposa de Pedro Sánchez. En un auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, los magistrados sostienen que "no constan indicios suficientemente verosímiles de que las personas investigadas hayan percibido dádivas, presentes o ventajas económicas, directas o indirectas". Además, la audiencia ordena sobreseer a todos los investigados por el delito de corrupción en los negocios. En consecuencia, deja fuera del jucio por jurado popular a Juan Carlos Barrabés, contra el que "se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos". Cabe destacar que la audiencia madrileña rechazó el primer intento de Peinado de exponer a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés a un jurado popular. Entonces, los magistrados consideraron que el instructor no había justificado debidamente los motivos por los que concurrían los requisitos para someter a los tres investigados al escrutinio de un jurado popular, al tratarse de "una decisión trascendental" para la que es necesario justificar de manera detallada que los hechos investigados constituyen un delito. TE PUEDE INTERESAR Tras este varapalo, el magistrado dictó un nuevo auto en el que se recogían nuevos indicios contra la esposa del presidente del Gobierno. Con estos argumentos sobre la mesa, la Audiencia de Madrid avala enviar a juicio a la mujer del presidente por tráfico de influencias y malversación. En el caso de la asesora de Moncloa, sólo se mantiene contra ella la acusación por malversación. En su auto de procesamiento, el juez Peinado sostiene que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional". Es aquí donde el instructor apoya su la acusación por tráfico de influencias contra la esposa del presidente, quien se benefició de la decisión de la Complutense de nombrarla codirectora de una cátedra universitaria sin contar con un título universitario. En cuanto al delito de corrupción en los negocios, el magistrado defendía a Gómez de ser "la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal". TE PUEDE INTERESAR El juez Peinado también acusa a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, de un presunto delito de malversación. El instructor acordó mandarla también a juicio al considerar probado que esta ejerció de apoyo logístico a la mujer de Sánchez también en sus actividades privadas, mientras cobraba su sueldo con fondos públicos. Respecto a Carlos Barrabés, el juez da por terminada la investigación relacionada con la cátedra de Begoña Gómez y sus actividades en favor del empresario. Peinado envía a juicio a Barrabés por la parte troncal de la causa mientras investiga, en paralelo, la adjudicación irregular de un nuevo contrato por parte de Red.es. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo de los acusados a la mujer del presidente del Gobierno. Los magistrados de la Sección 23 han acordado apoyar al instructor en su decisión de que Begoña Gómez sea juzgada por un juzgado popular, pero únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El órgano regional tumba la acusación por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.