El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que la ley de Amnistía persigue reducir las tensiones institucionales y políticas y favorecer un escenario de “reconciliación”. Ese fue uno de los mensajes centrales que se desgranó ayer en la lectura de una sentencia que avala la norma, disipa buena parte de las dudas sobre su encaje en el derecho de la Unión Europea y despeja uno de los principales obstáculos jurídicos para el regreso del expresident Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig.Para el tribunal, serán ahora los jueces españoles quienes deban culminar la aplicación de la ley, que ya ha beneficiado a unas 400 personas, aunque todavía queda pendiente la amnistía para cerca de un centenar de ex altos cargos políticos.La ley ha acompañado al Gobierno de Pedro Sánchez desde los inicios de esta legislatura. El presidente era en principio muy reacio a impulsar la norma –así se lo recordó ayer Junts– pero hizo “de la necesidad virtud” para sacar adelante su investidura con los siete votos de los posconvergentes. La exposición de motivos de la norma –que registró en 2023 el PSOE en solitario– justificaba la medida bajo la premisa de favorecer la reconciliación, la convivencia y la normalización institucional en Catalunya, unos objetivos que el TJUE ha tomado en consideración al refrendar la ley.La ley se convirtió desde el primer momento en el principal foco de polarización políticaUn respaldo que llega en uno de los momentos de mayor debilidad parlamentaria del Gobierno y abre un nuevo escenario en la relación con Junts, aunque está por ver si el aval europeo se traduce en una mayor estabilidad política, cuando los puentes entre los posconvergentes y socialistas permanecen cerrados desde hace meses.Las reuniones en Suiza con el mediador internacional quedaron varadas hace tiempo. Los dos interlocutores socialistas –Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero– están imputados por casos de corrupción y el diálogo entre ambas formaciones se limita al estrictamente necesario en el ámbito parlamentario. Con este escenario, resulta difícil prever qué efectos puede tener la sentencia en la relación entre el Gobierno y Junts, aunque modifica el contexto político en el que ambas formaciones deberían volver a entenderse, sobre todo una vez se materialice el regreso del expresident a Catalunya.En el Gobierno se sienten defraudados por lo que califican una deslealtad de Junts, que se ha significado en votaciones clave en Congreso del lado de PP y Vox. Consideran que el PSOE se ha quemado a lo bonzo con la ley de Amnistía que fue difícil de justificar hasta entre sus propias filas, mientras que Junts acusa a los socialistas de incumplir los pactos sellados para la investidura. Con todo, en el Ejecutivo señalan que el retorno de Puigdemont puede ser la “ventana de oportunidad” para recomponer estas maltrechas relaciones.Los populares dan por amortizado el retorno del expresident antes de que se convoquen eleccionesEn el independentismo, pese a celebrar un fallo más contundente de lo que preveían y considerarlo una victoria, enfrían las expectativas sobre el regreso de Puigdemont. El propio expresident lo dejó claro ayer en un mensaje en X, al advertir de que aún queda recorrido judicial y que la aplicación efectiva de la sentencia dependerá, en gran medida, de la respuesta del Tribunal Supremo. “El camino para acabar con la represión no ha terminado”, zanjó.Lo cierto es que el horizonte que tiene por delante Junts en los próximos meses presenta dificultades. De un lado, está el regreso de su líder y determinar qué papel jugará en el partido y, de otro, contrarrestar la embestida de Aliança Catalana que aspira al sorpasso de los posconvergentes.Lo cierto es que la sentencia deja en manos de los tribunales españoles la aplicación de la ley a cada caso concreto. El fallo, eso sí, refuerza la doctrina del Tribunal Constitucional que hace ahora un año declaró que la norma es compatible con la Constitución.La decisión europea modifica el contexto en el que Junts y el PSOE podrían volver a entenderseDesde la aprobación de la ley, el Constitucional –presidido por Cándido Conde-Pumpido– y el Tribunal Supremo –con el magistrado instructor Pablo Llarena al frente de los principales procedimientos del procés – han mantenido un pulso jurídico en torno a su aplicación. Mientras el primero avaló la constitucionalidad de la norma, el segundo ha planteado una interpretación más restrictiva, como en los casos relacionados con la malversación.Por lo pronto, todo apunta a que Pablo Llarena mantendrá la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que el expresident interpuso contra la decisión del magistrado del Supremo de excluir el delito de malversación de la amnistía. Ese pronunciamiento no llegará hasta el otoño. De ahí que Puigdemont descarte, por ahora, regresar a España sin tener garantías de sufrir ningún sobresalto judicial y sin saber si el Supremo pondrá alguna nueva objeción.La ley, clave para la investidura de Sánchez, se convirtió desde el primer momento en el principal foco de polarización política y en el origen de un duro enfrentamiento entre el Gobierno, la judicatura y la oposición. El PP y Vox mantuvieron un rechazo frontal a la norma con recursos de las autonomías gobernadas por los populares en el Constitucional, pese a que Alberto Núñez Feijóo defendiera hace apenas unas semanas en Catalunya que era necesario “pasar página” del procés .El respaldo del TJUE llega en el momento de mayor debilidad parlamentaria del GobiernoLos populares dan por amortizado el regreso del expresident y prefieren que se produzca ahora y no más adelante, ante la posibilidad de que unas futuras elecciones generales les sean favorables, según apuntan los sondeos. Pero dentro del PP no todos tienen la misma visión. El expresidente José María Aznar señaló ayer que “la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune”.La polarización política que durante el procés se vivió en Catalunya se ha trasladado esta legislatura al Congreso y la amnistía es en parte responsable de este fenómeno. Una situación contraria a la experimentada en Catalunya, cuyo efecto se hizo visible en las últimas autonómicas, cuando el independentismo se quedó sin mayoría en el Parlament.Silvia Angulo Valdearenas (Esplugues de Llobregat, 1973) es redactora jefa de Política en La Vanguardia. Licenciada en Historia y Periodismo y máster en Ciudad y Urbanismo. Entre 1998 y 2021 fue redactora y jefa de sección en local.