Actualizado Jueves,
julio
22:52La esposa del presidente del Gobierno se sentar� en el banquillo ante un jurado para responder por los delitos de tr�fico de influencias y malversaci�n. As� lo acord� ayer por unanimidad el Pleno de la Secci�n 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de revisar los recursos contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Bego�a G�mez.Estaba acusada de cuatro delitos, de los que la Audiencia ratifica dos. Otro de ellos, el de la apropiaci�n indebida del software de su c�tedra en la Complutense, el tribunal lo reconduce por motivos t�cnicos al delito de malversaci�n: hay indicios de delito, pero les da otra calificaci�n jur�dica. En la malversaci�n engloba tambi�n que G�mez recurriera a su asesora en La Moncloa para actividades profesionales privadas. El cuarto delito, el de corrupci�n en los negocios, queda eliminado de la causa al estimar los magistrados que no hay inicios de su comisi�n.El balance del tribunal sobre la esposa de Pedro S�nchez es que existen indicios, por un lado, de "su participaci�n en unos presuntos delitos de tr�fico de influencias cometidos por particular tanto en relaci�n con la creaci�n de la c�tedra como en la intermediaci�n en favor de Juan Carlos Barrab�s". Y por otro, del delito de "malversaci�n de patrimonio p�blico cometido por funcionario p�blico en relaci�n tanto al destino del software como en la utilizaci�n para fines privados de su asistente personal, designada como esposa del Presidente de Gobierno".Para presentar como "perfectamente veros�mil" que Bego�a G�mez aprovechara "su privilegiada posici�n de esposa del Presidente del Gobierno" para lograr su c�tedra en la Complutense, el tribunal cita un "importante precedente": la condena a I�aki Urdangar�n, en la que qued� probado que se vali� de su afinidad familiar con el Rey para lograr un beneficio profesional. "Es decir, la sola relaci�n de parentesco por v�nculo matrimonial con la m�s alta autoridad del gobierno de la Naci�n, en determinados contextos y circunstancias, como los aqu� analizados, puede comportar una presi�n moral eficiente a efectos de conformar el delito de tr�fico de influencias".El tribunal recupera en su auto afirmaciones del Tribunal Supremo en la reciente sentencia condenatoria del caso Koldo, referidas al peligro que suponen para las democracias los casos de corrupci�n. Indica que su efecto m�s grave "es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema pol�tico" y que "una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder act�an guiados por intereses privados, o ajenos al servicio p�blico para obtener un beneficio, experimenta una p�rdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema".En la misma resoluci�n, los magistrados retiran las medidas cautelares sobre la esposa del presidente del Gobierno, a la que Peinado hab�a prohibido salir del pa�s sin autorizaci�n y obligaba a comparecer cada 15 d�as. El tribunal considera que el instructor no ha justificado la necesidad de medidas tan gravosas para evitar el riesgo de fuga. Resaltan que tanto G�mez como su asesora han comparecido a todas las citaciones y que tienen un arraigo familiar y profesional que reduce cualquier riesgo. El resultado es que Peinado tendr� que devolverles el pasaporte y ya no tendr�n que fichar quincenalmente.Los cinco magistrados de que integran la Secci�n 23 tambi�n ratifican que se siente ante el jurado, junto a Bego�a G�mez, su asesora en La Moncloa, Cristina �lvarez. En su caso, solo por el delito de malversaci�n y �nicamente lo referido a su presunta colaboraci�n para aprovecharse del software que era propiedad de la universidad p�blica.Al tercer acusado, el empresario Juan Carlos Barrab�s, se le aparta del juicio con jurado. En su caso, el tribunal no ve indicios suficientes de los delitos de tr�fico de influencias y corrupci�n en los negocios que se le atribu�an.Pero eso no implica que quede exonerado penalmente: la Sala cree que el supuesto favorecimiento a Barrab�s por parte de Bego�a G�mez, -que firm� cartas de recomendaci�n para adjudicaciones p�blicas a su empresa- podr�a suponer una prevaricaci�n. Se trata de un delito que no puede ser juzgado por un jurado y que, adem�s, a�n no se ha investigado a fondo.Por todo ello, la Audiencia acuerda que se tramite de forma separada y que, si finalmente hay indicios para ello, el juicio se celebre ante un tribunal profesional, no un jurado. El juez Peinado ya hab�a abierto una pieza separada por una de las adjudicaciones a Barrab�s bajo sospecha. Al mismo tiempo, la Fiscal�a Europea indaga en otras dos adjudicaciones de Red.es que se financiaron con fondos comunitarios.La decisi�n del tribunal de retocar los delitos y los acusados que ir�n ante el jurado supondr� cierta demora en la causa. El auto de apertura de juicio oral que ya hab�a dictado el instructor ha quedado desactivado. Peinado tendr� que volver a dar traslado a las partes para que soliciten uno nuevo, adapt�ndolo a los ajustes hechos por la Audiencia. Con toda seguridad, volver� a haber auto de apertura de juicio oral: conforme al contenido de la resoluci�n dictada ayer, el resultado no puede ser ya otro que el juicio a la esposa del presidente del Gobierno.
