Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puede acabar ante un jurado conformado por nueve españoles mayores de edad que tengan su residencia en la provincia de Madrid. Ese es el empeño del juez Juan Carlos Peinado, que tomó la decisión de que tanto ella como los otros dos encausados —su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— fueran sometidos al veredicto de un jurado popular. Pero el auto por el que acordaba seguir el procedimiento por ese cauce será revisado desde este lunes por los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.
Los magistrados de esa Sección ya tiraron por tierra esa misma decisión en febrero de 2026, pero al entender que no fundamentó de manera suficiente su resolución. Subrayaron entonces que Peinado únicamente mencionaba a las personas contra las que se dirigía, pero no hacía un relato que comprendiera los “indicios verosímiles” que les atribuía. Y eso, lógicamente, generaba indefensión. Peinado asumió que debía escribir más y mejor, y volvió a la carga el 20 de marzo con un nuevo auto en el que pedía lo mismo pero en más páginas (47).
En él, Peinado volvía a acusar a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.
