La Comisión Europea prepara para el próximo 9 de septiembre una reforma de gran alcance de la contratación pública para dar prioridad a proveedores europeos en sectores estratégicos como el material ferroviario, la construcción naval y las infraestructuras críticas. El objetivo es reducir dependencias exteriores, reforzar la seguridad de suministro y utilizar el gasto público como herramienta de política industrial.El borrador de reglamento plantea sustituir las tres directivas actualmente vigentes sobre contratación pública, concesiones y compras realizadas por entidades de los sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales por una única norma.
La principal novedad es la creación de un marco común de "preferencia europea". Este sistema permitiría a las administraciones restringir la participación de empresas de terceros países que no estén cubiertas por los acuerdos internacionales suscritos por la UE, exigir un porcentaje mínimo de bienes, servicios u obras de origen europeo y conceder ventajas en la evaluación a las ofertas comunitarias.
La Comisión podría también cerrar determinadas licitaciones a operadores o productos extranjeros cuando considere que existen riesgos para los intereses esenciales de la Unión, falta de reciprocidad comercial o una dependencia excesiva de proveedores externos, lo que supone un arma adicional frente a los productos de origen chino.
