Hace 36 días que el activista saharaui Naama Asfari inició una huelga de hambre indefinida. En la celda de la prisión marroquí de Kenitra, donde permanece recluido en régimen de aislamiento desde hace días, su salud se deteriora velozmente, alertan desde el Frente Polisario. Especialmente, teniendo en cuenta la privación de atención médica y las torturas constantes a las que denuncia haber sido sometido. Esto es algo que la ex relatora Especial sobre la Tortura de la ONU, Alice Jill Edwards, no pudo verificar debido a que las autoridades de Marruecos cancelaron su visita al país, prevista para el pasado 23 de marzo, alegando que coincidía con la festividad del Eid al-Fitr.PublicidadSin embargo, son muchas las organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional o la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), las que han certificado el uso de esta práctica por parte de las autoridades penitenciarias marroquíes. También lo hizo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU cuando tras su última visita oficial a Marruecos en 2013 afirmó que había "denuncias creíbles de torturas y malos tratos", durante las detenciones contra activistas saharauis. Este es el mismo organismo que en 2023 consideró irregular el posterior juicio en el que Naama Asfari fue condenado a 30 años de prisión por un delito de pertenencia a organización criminal y complicidad en actos de violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, que causaron la muerte de varios agentes.De aquella sentencia, Asfari ya ha pasado 15 en prisión. En este tiempo, ha denunciado numerosas torturas físicas y psicológicas, entre las que la restricción casi total de las visitas de familiares y allegados, así como "de sus comunicaciones", cumple un papel fundamental. Tal y como explica a Público Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, cualquier carta o paquete destinado a los presos "es interceptada por las fuerzas marroquíes, por tanto, acceden al contenido, que determinan si lo entregan o no" en lo que supone "una vulneración sistemática de sus derechos". Voces expertas, como las del Grupo de Trabajo sobre la Detenciones Arbitrarias de la ONU, insisten en que esta violencia se reproduce con especial crueldad contra los activistas saharauis. Ante esta situación, la huelga de hambre indefinida era el último recurso que le quedaba a Asfari después de haber protagonizado otras cinco huelgas de hambre de duración limitada desde 2016. Según informa a este periódico el representante del Frente Polisario en España, la esposa del detenido, Claude Mangin, también trató de llamar la atención mediática sobre la difícil situación de su marido, liderando "la marcha por la libertad, desde Francia hasta la cárcel marroquí de Kenitra". Sin embargo, "tampoco en esta ocasión, pese al impacto social, político y mediático de la iniciativa, se le permitió ver a Naama", denuncia Arabi.Con esta nueva acción exige su liberación y busca obligar a la comunidad internacional a mirar a lo que ocurre en las celdas marroquíes de los activistas saharauis. Estas demandas quedan recogidas en la campaña Salvemos la vida de Naama, lanzada el 15 de julio desde la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y a la que ya se han unido formaciones políticas a la izquierda del PSOE, como IU, MÉS Mallorca o el Bloque Nacionalista Galego; así como organizaciones y movimientos sociales tales como CCOO o la asociaciones de amistad con el pueblo saharaui.PublicidadDetención tras el desalojo de Gdeim IzikEn octubre de 2010, varios miles de saharauis acamparon, a modo de protesta pacífica en Gdeim Izik, cerca de El Aiún, la capital del Sáhara Occidental, desde 1975 ocupada ilegalmente por Marruecos. Las reclamaciones de los manifestantes eran diversas e incluían tanto la adjudicación de ayudas para la población saharaui como el derecho a la autodeterminación. Las iniciales aspiraciones pacíficas de la protesta quedaron ensombrecidas tras el asesinato de un adolescente saharaui de 14 años a manos de la policía marroquí cuando se disponía a salir del campamento.Varios días después, el 8 de noviembre de 2010, la policía marroquí asaltó de forma violenta el campamento, produciéndose enfrentamientos entre sus habitantes y las fuerzas de seguridad del país ocupante. Además, otros barrios saharauis de las localidades cercanas también se levantaron contra la policía. El balance de heridos, muertos y desaparecidos varió enormemente según la fuente.Marruecos denunció que 255 de sus policías habían sido heridos y que otras 13 personas habían muerto en los enfrentamientos, de las que solo dos de ellas eran saharauis acampados en Gdeim Izik. El Frente Polisario elevó las muertes a 19 personas, las personas heridas, a 723, y dio una cifra de 159 desaparecidos. Todavía, a día de hoy, se desconoce el alcance real de aquel asalto. Sí trascendió la cifra de activistas saharauis detenidos y procesados en los días siguientes al asalto: un total de 25, entre los que se encontraba Naama Asfari.PublicidadDurante estas detenciones, las autoridades marroquíes cometieron torturas que iban desde las palizas y quemaduras con cigarros a los arrestados, hasta privación de alimentos. Así lo constató el Comité contra la ONU Contra la Tortura el pasado mes de mayo, tras analizar las denuncias de cuatro de los detenidos.En 2013, 23 saharauis fueron condenados a penas de entre dos años de prisión y cadena perpetua por un tribunal militar. Poco después, la sentencia quedó anulada, y el caso pasó a un tribunal civil, donde el grupo de Gdeim Izik fue condenado a penas "que oscilan, en la gran mayoría de casos, entre más de 10 años y la cadena perpetua" por delitos relacionados con organización criminal, violencia contra las fuerzas de seguridad y homicidio -o la complicidad- de 11 gendarmes marroquíes.Este segundo procedimiento "careció de garantías procesales", asegura a Público Arabi. Unas de las pruebas centrales de la acusación fueron las confesiones realizadas por los propios detenidos, que posteriormente aseguraron haber realizado bajo coacción y torturas. En 2023, después de más de una década en prisión, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que las violaciones del derecho de los procesados a un juicio justo hacían que su privación de libertad fuera arbitraria.Además, señaló que Marruecos había ignorado las alegaciones de torturas hechas por los activistas saharauis y que había razones de peso para tomar en consideración dichas denuncias. Pese a todo, todavía 19 de ellos languidecen en prisión, a la espera de que las peticiones de puesta en libertad realizadas por la ONU se cumplan.