De sopetón le vi entrar en la sala de la Audiencia Nacional en la que el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que me había imputado por enaltecimiento del terrorismo, se disponía a interrogarme. Llegó allí, en la primavera de 2014, de la mano del abogado español José Luis Sanz Arribas, contratado por el Gobierno de Marruecos para presentar una querella contra mí cuando aún trabajaba como periodista de El País. "Es el letrado Mohamed Ziane que acude en representación del Gobierno de Marruecos y le ruega poder participar en el interrogatorio" del periodista, le dijo Sanz Arribas, que fue abogado de dos militares golpistas del 23-F, al titular del juzgado número 3 de la Audiencia. Éste rechazó la petición, pero sí le permitió asistir a mi interrogatorio. Días después, Gómez Bermúdez archivó por segunda vez la querella contra mí en línea con lo que hizo en 2014 la fiscalía. Aún estoy arrepentido de no haber denunciado judicialmente esa falsa querella marroquí. Conocía a grandes rasgos el currículo de Ziane y no me sorprendió que se prestara a viajar a Madrid para respaldar la querella de Marruecos. Ese año había publicado una tribuna, salpicada de descalificaciones, alegrándose de que "El País se someta a la voluntad de Marruecos y prohíba a Cembrero escribir y publicar". Nacido en Málaga en 1943, de madre española y padre marroquí, ejerció como abogado desde muy joven. Fue decano del Colegio de Abogados de Rabat. Llegó incluso en los noventa a ostentar la cartera de Derechos Humanos al final del reinado de Hassan II, una época en la que esos derechos eran inexistentes. Dimitió como ministro, algo insólito en la política marroquí, por un motivo que no guardaba relación con su cartera. Acta de nacimiento de Mohamed Ziane en Málaga. (Cedida) Fundó más tarde un partido político supuestamente liberal con el que se dedicó a luchar en 2002 contra la "ocupación" de Melilla, en cuya frontera entorpeció el tráfico. Hizo campaña contra una tarjeta de identidad que la policía española quería proporcionar entonces a los trabajadores fronterizos marroquíes para agilizar su entrada en la ciudad autónoma. La comparó con el documento que Israel expedía a los trabajadores palestinos de Cisjordania o Gaza. ¡Una barbaridad! Años después me escribió un buen día por mensajería para decirme que podía dar por buena una información que circulaba entonces sobre las ramificaciones en Marruecos de una operación policial contra el narcotráfico que se había desarrollado en Europa. Me sorprendió que, tras intentar clavármela en la Audiencia, se dirigiera a mí. Sospeché que estaba tomando distancias con las autoridades de su país. Tuve la confirmación de que había cambiado de parecer cuando, en septiembre de 2022, le vi en un vídeo, difundido por redes sociales, tachando de "totalmente anormal que Mohamed VI esté fuera de Marruecos" tanto tiempo. "No se puede dirigir un país por Zoom", añadió antes de pedir la abdicación del monarca y que su hijo, Moulay Hassan, accediese al trono. Por si aún quedaban dudas, repitió sus palabras en español para El Independiente. Años atrás, el monarca alauí pasaba largas temporadas de vacaciones, a veces la mitad del año, fuera de su país. Como era de esperar, a Mohamed Ziane le llovieron entonces las denuncias, no por su vídeo, sino por otros motivos, desde acoso sexual a difamación de instituciones. Fue condenado a tres años e ingresó en prisión en noviembre de 2022. Cuando, el año pasado, había cumplido la pena, le cayó otra condena, esta vez a cinco años, por malversación y dilapidación de fondos públicos. Mohamed Ziane, que ahora tiene 83 años, se ha convertido así en el preso político de más edad del norte de África y quizás de todo el continente. El escritor y periodista etíope Tadios Tantu, condenado a seis años a finales de 2024, tiene 86 años, pero hay algunas dudas sobre su edad real. Mohamed Ziane a su salida de los juzgados en Rabat a principios de 2025. (Cedida) La edad no le otorga a Ziane privilegios en la cárcel de Al Arjat 1, cerca de Casablanca. Más bien todo lo contrario. Con el dinero que da mensualmente la familia a la administración penitenciaria y que esta revierte al reo, Ziane podía comprar comida en la tienda de comestibles de la prisión y mejorar así el penoso y escaso rancho que le suministran. Ahora ha sido, sin embargo, castigado por motivos no aclarados. Sólo puede adquirir productos de higiene, según un comunicado de la familia. Esta recuerda que la compra de alimentos "es un derecho garantizado por la ley y no un privilegio". Reconozco que me ha costado escribir estas líneas como me costó en su día responder a los partidos políticos españoles que me pidieron opinión sobre el calvario de Ziane. Recordaba su mueca de disgusto cuando el magistrado le prohibió interrogarme por un supuesto delito que yo no había cometido. Recordaba el artículo que publicó arremetiendo contra mi labor periodística. Pasé página cuando observé en unas fotos de 2025 su gran deterioro físico tras pasar años detrás de los barrotes. Los partidos, especialmente el PP, formularon sus preguntas escritas en las Cortes sobre la respuesta dada por el Gobierno español a las demandas de amparo y asistencia consular al abogado marroquí con derecho a la nacionalidad española. "Los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del gobierno de España y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se defienden y promocionan en todos los países", contestó el Ejecutivo. No expresó su preocupación por la salud del reo. Ni siquiera nombró a Ziane en su respuesta. TE PUEDE INTERESAR ¿Los derechos humanos principio rector? Por eso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expulsó en 2021 y 2022 a Argelia a dos militares argelinos que solicitaron en vano asilo en España. Uno de ellos había sido condenado a muerte en ausencia y el otro dejó a esposa e hijos en Bilbao. Por eso los eurodiputados socialistas españoles fueron casi los únicos en votar, en enero de 2023, contra una resolución del Parlamento Europeo que pedía la puesta en libertad de tres periodistas marroquíes encarcelados y de los líderes de la revuelta pacífica del Rif. Por eso en 2024 España envió de vuelta a Marruecos a 24 saharauis que habían solicitado asilo en el aeropuerto madrileño de Barajas. Hay otros muchos ejemplos desde 2018 de cómo el Gobierno aplica ese "principio rector". De sopetón le vi entrar en la sala de la Audiencia Nacional en la que el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que me había imputado por enaltecimiento del terrorismo, se disponía a interrogarme. Llegó allí, en la primavera de 2014, de la mano del abogado español José Luis Sanz Arribas, contratado por el Gobierno de Marruecos para presentar una querella contra mí cuando aún trabajaba como periodista de El País.