Finalmente se ha ejecutado el desahucio de Dulce, la mujer que vive junto a sus cinco hijos (tres de ellos menores y el más pequeño con síndrome de Down) en Moratalaz (Madrid). Se trata de una vivienda gestionada por la Agencia de Vivienda Social, que pertenece a la Comunidad de Madrid.El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas había instado a España a suspender el desahucio de la familia de Dulce hasta lograr una solución habitacional para evitar “daños irreparables” a los tres hijos menores de edad, dos niñas y un niño con síndrome de Down.Sin solución habitacional para la familia Desde el Ayuntamiento aseguran que la familia ha rechazado la solución habitacional ofrecida por Servicios Sociales, como el recurso temporal ofrecido desde el Samur Social. Por su parte, la Consejería de Vivienda argumenta que el procedimiento se ha llevado a cabo con “todas las garantías y dando protección a la unidad familiar”.En una comunicación recibida ayer, el Comité de los Derechos del Niño había solicitado al Estado español la adopción de medidas provisionales como suspender el lanzamiento o proporcionar una vivienda adecuada tras un proceso de consulta con la familia mientras se estudia su caso.España tiene que responderLa resolución ha sido transmitida a España para que presente sus observaciones a más tardar el 14 de enero de 2027.La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 14, había fijado para este miércoles 15 de julio el desahucio de Dulce y sus cinco hijos de un piso perteneciente a la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.Varias entidades ciudadanas, entre ellas la Coordinadora de Barrios, había convocado este miércoles a las 07:00 horas un acto de apoyo a esta familia con el lema “Dulce se queda”, junto a la vivienda situada en la avenida del Doctor García Tapia, número 19, en El Ruedo, en el distrito de Moratalaz, donde residen desde hace cinco años.La respuesta de Naciones Unidas ha llegado después de un primer intento de desahucio, el pasado 3 de julio, que fue suspendido mientras se resolvían los recursos presentados, entre ellos la solicitud de medidas cautelares ante el Comité de los Derechos del Niño.Los colectivos vecinales han trasladado la decisión de la ONU a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, a la Fiscalía General de Derechos Humanos y Memoria Democrática y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid.Según las organizaciones ciudadanas, la familia sigue sin recibir una propuesta concreta de alojamiento alternativo por parte de las administraciones implicadas.Hasta ayer, los organismos vecinales aseguraban en un comunicado que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid habían ofrecido una solución que garantizase la protección efectiva de los niños y niñas afectadas, lo que, a su juicio, demuestra que las administraciones no han situado en el centro de sus decisiones el interés superior de los menores y la especial protección del niño con discapacidad.Tras la comunicación de la ONU, las entidades que acompañan a la familia esperaban que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid acátese las medidas cautelares solicitadas por el Comité, se suspendiera el desahucio y se atendiese a los requerimientos sobre el procedimiento.La entidades vecinales consideran que la decisión de la ONU supone un importante respaldo a sus reivindicaciones, aunque recuerdan que se trata de una medida cautelar y no de una decisión definitiva.En este contexto, reiteraron su petición a la Comunidad de Madrid para que concediese a Dulce y sus hijos un alquiler social en la vivienda que ocupan actualmente, al entender que es la única medida capaz de garantizar de forma estable el bienestar y los derechos de los menores.