15 de julio, 2026 - 07h00El pasado lunes, este Diario publicó dos noticias que van de la mano respecto de la administración de justicia en el país: El déficit de 657 jueces a nivel nacional, al año 2025, que podría ser mayor en el que transcurre; y el proyecto de ley para la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial.La rémora en el despacho de los procesos judiciales debida, entre otras causas, a la falta de jueces, es totalmente perjudicial para la ciudadanía porque la justicia llega tarde, mal o nunca y se presta para que los corruptos se beneficien pidiendo dinero –cuyas cantidades se negocian según los casos–, a los usuarios que ansían ver resueltos sus problemas. Este retardo hace también que muchos ni siquiera intenten proponer una demanda o desistan de la misma al cabo del tiempo, lo cual afecta también nuestra institucionalidad y credibilidad, para quienes desean invertir en el país. Pero, debemos agregar que no es solamente la falta de jueces lo que hace que las causas no se resuelvan en tiempo razonable, es también la precaria infraestructura con la que cuenta el personal en despachos donde, a veces, no hay papel ni aire acondicionado, entre otras falencias más. En lo que respecta al proyecto de Ley Orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, presentado por la asambleísta Mónica Salazar, nos parece oportuno y necesario que se regule el uso de la IA en la administración de justicia. Es evidente que esta herramienta ayuda muchísimo en la investigación, del orden que fuese, pero debemos admitir que puede convertirse en un arma de doble filo si no contrastamos o validamos la información y si no asumimos con absoluta responsabilidad la forma de indagar y analizar los resultados de esta. No debemos dejar a su arbitrio una decisión que puede afectar derechos fundamentales de las personas, o sustentar un fallo en disposiciones legales que no existen en nuestro ordenamiento jurídico, o en normas o jurisprudencia de otros países o disposiciones o casos similares, pero que, de ningún modo, podrían ser o resultar iguales. Y no está de más la prevención a través de la legislación, con las respectivas sanciones por incumplimiento. Hemos visto casos, como el que se evidenció hace poco en el Reino Unido, de un abogado que se dejó guiar por la IA y, sin verificación previa, presentó 45 citas jurisprudenciales ante el tribunal, de las cuales 18 resultaron ser completamente falsas, lo que hizo que la High Court de Inglaterra y Gales advirtiera a los abogados sobre el uso indiscriminado de la IA sin previa verificación.Es evidente que no se trata de una camisa de fuerza, sino de una regulación a través de normas que eviten perjuicios a los usuarios por decisiones que pudiesen adoptar los jueces, fiscales y servidores judiciales, quienes serán administrativamente responsables de sus actuaciones, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales, por el uso de herramientas de IA en el ejercicio de sus funciones, incluyendo la obligación de verificar la pertinencia y legalidad de la información generada”, según reza del proyecto que ya ha sido conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de acuerdo con la información de este Diario. (O)