Suiza, Australia y Nueva Zelanda tienen proyectos legislativos con supervisi�n humana que Espa�a podr�a usar como modelo para posibles usos de la IA en el proceso legislativo.Compensar la avalancha regulatoria con la aplicaci�n de la inteligencia artificial para alcanzar una mayor coherencia en el ordenamiento jur�dico puede ser una opci�n leg�tima siempre que esta tecnolog�a no sustituya al legislador y, en ning�n caso, afecte a los derechos fundamentales.Integrar tecnolog�a para optimizar el proceso legislativo es una posibilidad que puede calificarse como "v�lida", ya que aplicarla en un enfoque amplio ofrecer�a "calidad, transparencia, eficiencia y consistencia" sobre la regulaci�n de las leyes espa�olas.Estos factores positivos se deducen tras conocer varios proyectos iniciados en Suiza, Nueva Zelanda, Australia y Pennsylvania (EEUU). As�, Nueva Zelanda adopt� esta tecnolog�a como apoyo de los servicios p�blicos automatizando tareas o revisando documentos. Suiza y Pennsylvania optaron por sacar conclusiones para buscar transparencia y Australia us� la IA para redactar leyes bajo la supervisi�n humana.Si fuera necesario Espa�a puede echar un vistazo para comprobar de primera mano qu� ocurre cuando esta tecnolog�a se utiliza en una evaluaci�n del impacto normativo o cu�les son los proyectos de redacci�n legislativa que mejoran la eficiencia y consistencia de las normas.Salvando distancias el Ejecutivo no es ajeno a las tecnolog�as avanzadas y mucho menos a la inteligencia artificial. La hoja de ruta del Ministerio para la Transformaci�n Digital y de la Funci�n P�blica considera la IA como una oportunidad sobresaliente que ofrece soluciones "fiables e interoperables" alineadas con los valores democr�ticos.Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acaba de presentar el Informe FAT. Aqu� se establece un marco coherente como garant�a de los sistemas, procesos y decisiones vinculados a los servicios de inteligencia artificial desarrollados por la Subdirecci�n General de Digitalizaci�n de la Inteligencia Artificial y las Tecnolog�as del Lenguaje (SGDIISD).El Informe FAT recoge en uno de sus apartados el uso de la IA para la normalizaci�n de leyes. El objetivo es buscar patrones en los servicios online que suministran documentaci�n jur�dica, leyes, decretos y conseguir normalizar todo en formato similar. Para esto se utiliza el servicio NER (named entity recognition) que identifica y categoriza elementos clave de un texto no estructurado a trav�s de algoritmos basados en patrones Regex. Esto permite, por ejemplo, generar un informe final con coincidencias a partir de grandes cantidades de texto.Si bien no existe ning�n proyecto de aplicaci�n de tecnolog�as en el proceso legislativo en Espa�a, no ser�a extra�o que a largo plazo esto pudiera ocurrir. Lo importante es, como subrayan los expertos, que nunca se sustituya al legislador o queden afectados los derechos fundamentales.En este sentido, Mois�s Barrio, letrado del Consejo de Estado y experto internacional en regulaci�n digital, est� convencido que la IA podr�a proporcionar "apoyo argumental a las iniciativas legislativas". De esta forma, el debate parlamentario estar�a basado en datos y ciencia y no en juicios subjetivos, "tecnificando la actividad parlamentaria". A�ade que dicha aplicaci�n ayudar�a "a la detecci�n de desinformaci�n, identificando y mitigando campa�as que puedan afectar al debate p�blico o al proceso legislativo".Javier L�pez Guti�rrez, socio de tecnolog�a, medios y telecomunicaciones (TMT) en Ecija, considera que las nuevas tecnolog�as "mejorar�an significativamente el proceso de creaci�n de leyes en diversas fases".En concreto, el big data permite identificar "patrones y situaciones que requieren nuevas normas". Cuando se trata de recopilar antecedentes, "las plataformas digitales facilitan la participaci�n ciudadana". Adem�s, en el proceso de redacci�n, la IA generativa aporta "precisi�n y coherencia a los textos legales". Por �ltimo, el blockchain "puede ayudar en la fase de prueba porque permite evaluar el impacto y rastrear modificaciones antes de la publicaci�n".Alerta de incoherenciasJurista y consultor legaltech en The Legal Letters, Jorge Morell considera que la aplicaci�n de la IA permite, en su opini�n, "detectar tendencias pasadas o futuras, procesar mayor n�mero de enmiendas, gestionar m�s aportaciones p�blicas, localizar aportaciones pasadas o anticipar propuestas en funci�n del legislador o partido pol�tico".Sigue la misma l�nea Gary Robertson, m�nager en Ecix Tech. Los beneficios estar�an relacionados con la coherencia de la regulaci�n y los plazos de tramitaci�n de normas. Como muestra, Robertson reconoce que el lanzamiento de convocatorias para participar en el proceso de aprobar una norma se puede "eficientar y agilizar", logrando mayor participaci�n ciudadana.Mois�s Barrio concluye que la IA puede ser una herramienta complementaria que optimiza tareas. De hecho, su uso ser�a muy interesante a fin de "mejorar la calidad del ordenamiento jur�dico", desbordado por una actividad normativa "no siempre planificada". Adem�s, alerta que un sistema de IA deber�a avisar de contradicciones normativas, ofreciendo "sugerencias de mejora en los proyectos de ley".Para Juan Carlos Guerrero, socio de TMT en Ecija, la IA ni sustituye al legislador ni al ejecutivo, sino que "ampl�a su capacidad de an�lisis, agiliza procesos internos y permite centrarse en el debate pol�ticos sustantivo".Guerrero trae a colaci�n el reglamento europeo en el que la mayor�a de los usos de la IA en la pr�ctica jur�dica "ni est�n prohibidos, ni son de alto riesgo". Aun as�, explica que si al automatizar decisiones se afecta a los derechos fundamentales "s� se entrar�a en el �mbito de los sistemas de alto riesgo" teniendo en cuenta el articulado del reglamento.Su conclusi�n es que la IA, utilizada con responsabilidad, "eleva la pr�ctica profesional a niveles de eficiencia y calidad", aunque siempre se debe evitar suplantar el juicio legal y quedar garantizado que sea el jurista quien tome las decisiones relevantes.Riesgos y desigualdadesCon referencia a los riesgos, Juan Carlos Guerrero es el primero que enumera la "falta de transparencia algor�tmica o de los datos de entrenamiento del modelo utilizado". En caso de que una IA sugiera una redacci�n legal sin estar motivada, la cuesti�n es c�mo el legislador deber� defender, modificar o rechazar de forma informada.Existen tambi�n otras desventajas como el riesgo de sesgos cuando se trata de reforzar desigualdades estructurales o excluir sensibilidades normativas por razones de sexo, raza, clase o ideolog�a.Con la IA existe la posibilidad de "caer en una instrumentalizaci�n pol�tica". Partiendo de que la transparencia, la neutralidad y la calidad del proceso democr�tico es lo m�s importante, Guerrero expone que como herramienta de asistencia es prometedora, pero como sustituto puede "poner en jaque los fundamentos del estado de Derecho".Las temidas alucinaciones tambi�n son un h�ndicap. Morell advierte de una "mala verificaci�n del contenido generado o de un resumen que pase por alto detalles relevantes". Consciente de esto, Gary Robertson aboga por una "toma de conciencia" de la finalidad de cada uso. Como los sistemas basados en modelos generativos para redactar borradores de regulaci�n, utilizar�an "tecnolog�a de base probabil�stica y no determinista", no quedan garantizados la ausencia de errores o las posibles alucinaciones del sistema.El resultado ser�a un texto legislativo que, sin supervisi�n humana y experta, mantiene el error. "La IA no sabe Derecho, sino que sabe generar texto que puede parecer Derecho", afirma Robertson. Adem�s, hace hincapi� en revisar el sistema y las bases de informaci�n porque, a su juicio, podr�an darse casos de propuestas legislativas que mantengan alg�n tipo de sesgos como una "mayor dureza para determinados colectivos en leyes penales".A favorDetección de contradicciones normativas, referencias incorrectas o vacíos jurídicos del texto.Normas robustas, leyes comprensibles, menos mitigables y más coherentes con el ordenamiento jurídico.Análisis automático de consultas públicas y mayor participación ciudadana.Mejora de la eficiencia y calidad de las leyes.Apoyo argumental a las iniciativas legislativas.Detección de desinformación que puede afectar al debate público o al proceso legislativo.En contraFalta de transparencia algorítmica con carencias en la trazabilidad de las fuentes o el razonamiento.Prejuicios de género, raza, clase o ideología reforzando desigualdades estructurales.Tecnocratización del debate y empobrecimiento de pluralidad de enfoques.Riesgo de instrumentalización política que hace peligrar la neutralidad del procedimiento legislativo.Desequilibrios argumentativos por un acceso desigual a la tecnología entre los grupos parlamentarios.Riesgos de privacidad y confidencialidad.