El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inte­ligencia artificial (IA). En la exposición de motivos de esta norma se reconoce el enorme potencial de crecimiento y transformación de la IA, tanto en el ámbito de las relaciones económicas como en el de los usos sociales. Y, dado el alto grado de autonomía que puede alcanzar la IA, así como sus déficits en lo tocante a transparencia y trazabilidad, y también para prevenir sus posibles efectos negativos, se constata la necesidad de establecer un marco normativo.En un momento en el que la escena política vive días convulsos y la atención pública se centra en los casos de corrupción, el impulso a este proyecto de ley puede pasar relativamente desapercibido. Pero su importancia está fuera de duda y reclama nuestra atención.El objetivo de esta normativa es adaptar a nuestra legislación lo establecido en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, acordado a finales del 2023 y aplicado desde marzo del año pasado. Dicho reglamento, pionero a escala global, pretende fomentar una IA fiable, en la que los beneficios para la comunidad se antepongan siempre a los posibles perjuicios derivados de la codicia de unos conglomerados tecnológicos privados, que operan guiados por el afán de lucro y el deseo de hacerse con una posición dominante en este sector, ahora en plena expansión, que continúa atrayendo inversiones multimillonarias.El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para regular la inteligencia artificialEl respaldo social en Europa a este tipo de regulaciones es elevado, como lo prueba, por ejemplo, el hecho de que el 92% de los europeos consideren una prioridad absoluta garantizar la protección de los niños expuestos a un mundo digitalizado, cuyos contenidos pueden afectar a su salud mental o convertirlos en víctimas de acoso, mientras flojea la eficacia de los controles restrictivos establecidos al objeto de salvaguardar a los más jóvenes.Como ya se ha apuntado, el espíritu de esta norma española, que seguirá su curso hasta llegar al Congreso, engrana con el de la homóloga europea. El propósito es adaptarse a esta última, incorporando a la española las sanciones comunitarias. En este sentido, las multas a los operadores digitales que incumplan sus obligaciones pueden ser de entre 6.000 euros y 35 millones de euros, o de cantidades que pueden alcanzar hasta el 7% del negocio anual del sancionado. La ley establece la responsabilidad de los proveedores de contenidos gene­rados con IA y también la obligatoriedad de la supervisión humana en sus desarrollos.Asimismo, la normativa que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros hace referencia explícita a materias como la prohibición de los deepfakes sexuales generados mediante la IA o de contenidos relacionados con la pornografía infantil.La norma, que se adecua a la europea, prevé elevadas sanciones para quienes no la observenLos peligros que comporta el avance de una IA no regulada, guiada además por un puñado de magnates tecnológicos, la mayoría de los cuales no ocultan sus tendencias iliberales ni sus objetivos posdemocráticos, son cada día más notorios y suscitan firmes reacciones. Sin ir más lejos, la del papa León XIV, que en su primera encíclica, Magnifica humanitas , que ayer valorábamos en esta página editorial, alerta sobre diversos riesgos. Estos riesgos, ante el horizonte de deshumanización que podrían conllevar determinados desarrollos de la IA, pueden abocar al control de la información y fomentar la desigualdad o el belicismo. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, expresó precisamente ayer su agradecimiento a la iniciativa tomada por el Sumo Pontífice al alertar sobre el uso deshumanizador de la IA.La IA ha venido para quedarse. Su capacidad de desarrollo es enorme y ahora muy difícil de dimensionar con precisión, aunque suficiente, eso sí, para transformar por completo la sociedad global. Es, pues, imprescindible regularla de tal modo que no se nos escape de las manos. No será sencillo, porque los intereses en juego son muy grandes y porque quienes los defienden ya han demostrado su resolución. Pero es totalmente necesario para proteger los principios que han llevado a la sociedad hasta su actual grado de bienestar, siempre mejorable, aunque ya en absoluto desdeñable. No le faltó razón al ministro López cuando ayer afirmó que “estamos ante un debate civilizatorio, de avanzar o retroceder”. Y para conseguir lo primero y evitar lo segundo es indispensable dotarse de una normas puestas al día, razonables y aplicables.