15 de julio, 2026 - 06h30La seguridad jurídica es, en esencia, la certeza de que el ciudadano puede acudir al Estado y obtener de él la protección de sus derechos. Es saber que si un contratista no cumple, existe un juez que lo obligará a cumplir. Es saber que si alguien no paga una deuda, hay un mecanismo efectivo para cobrarla. Es saber que si el propio Estado incumple, un tribunal independiente resolverá el litigio conforme a la ley, y no a la conveniencia de quien gobierna. Sin esa certeza no hay convivencia posible, porque el derecho deja de ser garantía y se convierte en una posibilidad remota, sujeta al azar o a la paciencia infinita de quien reclama.Ese es, hoy, el Ecuador; y me refiero a un estado de cosas que atraviesa administraciones, colores políticos y discursos. Me refiero al irrespeto generalizado a las instituciones, a la escasa confiabilidad de buena parte de las autoridades de justicia, y a la desconfianza –cada vez más extendida– de que el Estado, a través de sus instituciones, esté realmente dispuesto a hacer prevalecer la ley por encima de los intereses particulares o coyunturales del momento.Las consecuencias de esa ausencia se sienten en lo cotidiano. El constructor que entrega la obra tarde, mal o nunca, y que sabe que un juicio puede tardar años en resolverse. El médico que no ejerce su profesión con la diligencia debida y rara vez enfrenta consecuencia alguna. El abogado que cobra un honorario y no lo devenga. El Estado que, de un día para otro, inventa nuevas disposiciones y destruye con ello cualquier presupuesto, cualquier proyección económica seria hecha por una empresa o una familia. El vecino que hace lo que le da la gana, sin que la normativa de convivencia prevista en la ley tenga forma de hacerse respetar. Todo esto compone un mismo fenómeno: el ciudadano se siente indefenso frente a los abusos, tanto del sector público como del privado, y no encuentra en la justicia el amparo que debería ser una de las razones esenciales de la existencia del Estado.Porque de eso se trata, en el fondo, un Estado: de ofrecer a quien vive bajo sus leyes la certeza de que se van a cumplir, y de que existe un mecanismo confiable para hacerlas cumplir cuando alguien –particular o autoridad– decide ignorarlas. Cuando esa certeza falta, no solo se resiente la administración de justicia; se resiente la confianza básica en que las instituciones existen para algo.Esa desconfianza tiene un costo altísimo: desalienta la inversión, deteriora la convivencia social y convence al ciudadano de que la ley es, en el mejor de los casos, una recomendación.Recuperar la seguridad jurídica no depende de un Gobierno ni se resuelve con un decreto. Depende de que las autoridades entiendan que su función no es interpretar la ley según el interés de turno, sino hacerla prevalecer siempre, por encima de cualquier interés particular o circunstancial. Mientras eso no ocurra, el Ecuador seguirá siendo un país donde tener la razón no es suficiente: hay que además tener suerte. (O)