OpiniónNo bastan las normas para cambiar las realidades políticas. Aún hoy, parecería existir una dicotomía entre las constituciones y las realidades.ABOGADO Y COLUMNISTA14.07.2026 22:01 Actualizado: 14.07.2026 22:01 En mi columna anterior anuncié la realización del Congreso Mundial de Derecho Constitucional en el Externado. Vuelvo ahora sobre el tema, pues las discusiones que se dieron en ese foro apuntan a los problemas de hoy en la política regional y particularmente en la de nuestro país dentro del marco del “constitucionalismo sostenible”.En los discursos inaugurales, tanto el rector Hernando Parra como la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera, abordaron los asuntos centrales sobre los retos del derecho público en un momento en que en el contexto mundial todo parecería estar en crisis: la credibilidad de la ciudadanía en los partidos y hasta en la democracia misma, con la secuela del auge de los populismos y autoritarismos; la independencia del Poder Judicial frente a los embates del Ejecutivo; la inmadurez conceptual por la superficialidad derivada de las redes sociales, entre tantos otros tópicos.En la clausura, la profesora Emilsen de Cancino, decana de la Facultad de Derecho, en una de sus piezas magistrales a las que sus discípulos —entre quienes me cuento— estamos acostumbrados, con gran dominio de los temas, desde la perspectiva de la filosofía del derecho dejó sentadas las dificultades del derecho constitucional en nuestro tiempo. Y la profesora del Departamento de Constitucional, una de las organizadoras del congreso, Paula Robledo, como relatora, con un gran poder de síntesis resumió los tópicos más discutidos en el evento.Queda claro que no bastan las normas para cambiar las realidades políticas. Aún hoy, parecería existir una dicotomía entre las constituciones y las realidades sociales y políticas. Yo utilizaría una expresión un poco más fuerte. Una especie de “esquizofrenia constitucional” en donde las constituciones formales van de un lado y las realidades de otro. Todas las constituciones —no solo la del 91— han contemplado la separación de poderes, pero esa división se ve afectada en la práctica por muchos factores como el clientelismo y el preponderante papel del Ejecutivo en países como Colombia, en donde casi toda la agenda política gira en torno a lo que haga o deje de hacer el Presidente.Un constitucionalismo real y no meramente formal seguirá siendo un garante para evitar populismos —de izquierda o de derecha— y autoritarismos.El saliente presidente Petro, cuando decía ser el jefe del Fiscal, el representante único del Estado, o recordaba permanentemente a las Fuerzas Militares y de Policía que él era “su” comandante, o se tomaba la televisión por interminables horas para hablar de lo divino y de lo humano, desconocía en la práctica la división de poderes teóricamente establecida, considerando además como “golpe blando” las decisiones autónomas del Congreso, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. Olvidaba —y ojalá reflexione sobre eso el nuevo mandatario— que el país elige cada cuatro años un presidente y no un monarca sin límites. Esos excesos para demostrar que era el “jefe” de todo el Estado se dieron desde el comienzo hasta su cercano final: interrumpió el acto formal de posesión frente al Congreso, para darles la “orden” a las Fuerzas Militares de que trajeran la “espada de Bolívar”. Y ahora le deja ordenes al Ejército en relación con el sitio de posesión del nuevo mandatario, Abelardo De La Espriella.Otra tendencia autoritaria es la de que los presidentes de turno, ante sí, asuman la vocería del “pueblo”, una de cuyas manifestaciones es la del “cesarismo plebiscitario”. Parte de lo mismo es estar amenazando al Congreso o al Poder Judicial, con el ‘coco’ de la constituyente, si no se pliegan a los designios del gobernante de turno. Tal vez con la excepción de la del 91 —a pesar del cuestionado procedimiento utilizado en su convocatoria— las constituyentes han sido nefastas para Colombia. Basta recordar la de Reyes en 1905, que utilizó para prorrogarse el periodo, y la de Laureano Gómez en 1952, que sirvió para justificar el golpe de Estado de Rojas contra él y para que el mismo dictador expidiera varias reformas constitucionales.Con todo, el Poder Judicial se ha mantenido como guardián del Estado de derecho. El control constitucional, que existe desde 1910, pero perfeccionado en el 91, sigue siendo una barrera para evitar desbordamientos, como lo ha demostrado también el Consejo de Estado.Un constitucionalismo real y no meramente formal seguirá siendo un garante para evitar populismos —de izquierda o de derecha— y autoritarismos disfrazados de “voluntad popular”. Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. 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