NoticiaLa Constitución señala los fundamentos esenciales de nuestra organización política. A ellos se someterá quien resulte elegido.JURISTA, PROFESOR, EXMAGISTRADO Y CATEDRÁTICO19.06.2026 22:01 Actualizado: 19.06.2026 22:01 En relación con el proceso democrático que culminará este domingo 21 de junio, debemos consignar algunas reflexiones sobre la trascendencia de la decisión que cada uno, en plena libertad, deberá adoptar en las urnas:Ante todo, los ciudadanos ejerceremos un derecho básico, esencial en una democracia: el de escoger a quien habrá de desempeñarse, durante los próximos cuatro años, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, máximo director de las relaciones exteriores de Colombia y comandante general de nuestra Fuerza Pública. Habrá de representar a todos los colombianos y colombianas, con independencia de credos y partidos, sin importar si el elegido era o no el candidato de cada uno, ni de su respectiva tendencia ideológica. Como dice el artículo 188 de la Constitución, “el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.Quien resulte triunfante no será el vocero ni el representante de sus partidarios, impulsores políticos o amigos, ni el vocero de otro Estado, por poderoso que sea, sino el líder máximo del Estado colombiano, libre, soberano, independiente, participativo y pluralista, llamado a cristalizar y fortalecer los objetivos propios de un Estado social de derecho.Como señala el preámbulo de la Constitución –que tiene carácter vinculante, según lo ha sostenido la Corte Constitucional–, el Estado, bajo su conducción, tendrá las funciones necesarias orientadas a “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.Algo trascendental será el compromiso que contraerá el nuevo presidente de la República el 7 de agosto. Ante el Congreso y de manera solemne, deberá prestar un juramento, bajo cuya gravedad asumirá compromisos que el pueblo, como titular de la soberanía, y nuestro ordenamiento jurídico habrán de exigir y reclamar con toda contundencia y drasticidad. En los términos del artículo 192 de la Constitución, ese ciudadano quedará obligado, en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. No las de otro Estado.La Constitución señala los fundamentos esenciales de nuestra organización política. A ellos se someterá quien resulte elegido. Proclama el primer artículo constitucional: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.Se obligará el gobernante a garantizar la libertad y los derechos humanos, en desarrollo de los postulados constitucionales y de los pactos internacionales plasmados en tratados y convenios. Colombia tiene compromisos indeclinables con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, y los colombianos queremos que los derechos y obligaciones inherentes a esos instrumentos internacionales permanezcan y sean respetados por la próxima administración.A la luz del artículo 93 de la Constitución, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, “prevalecen en el orden interno”. Señala la norma, por cuyo cumplimiento habrá de jurar el nuevo presidente, que “los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.Exigiremos puntual y pleno cumplimiento. 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