Se anunció como el año de la gran transformación democrática. Terminó siendo el año de los ajustes de bajo perfil.Entre audiencias públicas, cientos de escritos y miles de voces ciudadanas, la reforma electoral de 2026 prometía rediseñar las reglas del juego. Al final, solo modificó aquello que resultaba más sencillo de cambiar.Hay que recordar que el sexenio ya venía reformando el sistema político-electoral por partes. En septiembre de 2024, la reforma judicial mandó a las urnas a gran parte de la judicatura federal y local desde 2025. En abril de 2025 se prohibió la reelección inmediata de legisladores federales y de titulares de los poderes ejecutivos y legislativos locales, junto con el llamado nepotismo electoral.En agosto de 2025 se dio un paso distinto. Se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral bajo una premisa relevante: el diseño del sistema político no debía ser un asunto reservado exclusivamente a la clase política. El ejercicio no aparentó ser una simulación. Se celebraron 65 audiencias, se recibieron 395 escritos y participaron 5,294 personas.De ese proceso surgieron tres temas con verdadero peso específico: la representación proporcional, es decir, si debía eliminarse o corregirse la forma en que se asignan las candidaturas; el financiamiento de los partidos políticos, porque la austeridad ha alcanzado a las instituciones, pero no a quienes compiten por el poder; y el uso de inteligencia artificial en las campañas, pues han pasado más de dos años desde el primer litigio sobre IA en propaganda política sin que exista todavía una regulación clara.Tres temas que, de verdad, habrían cambiado las condiciones de acceso al poder rumbo a la elección de 2027.A ellos se sumó recientemente la necesidad, planteada por la Presidenta de la República, de revisar la representación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero, una comunidad cercana a los veinte millones de personas, más numerosa que la población de países como Portugal.Lo que se quedó en el tintero:La iniciativa presidencial presentada en marzo retomó buena parte de ese diagnóstico: eliminar los escaños plurinominales del Senado, reducir en 25% el financiamiento público de los partidos políticos y establecer la obligación de identificar el contenido generado mediante inteligencia artificial.Entonces llegó el proceso legislativo.Lo que finalmente salió de él fue otra cosa: reducción del número de integrantes de los ayuntamientos, prohibición de la reelección para diputaciones locales, límites al presupuesto de los congresos locales y topes a las remuneraciones de las autoridades electorales.Después, entre lo judicial, lo criminal y lo diplomático, se incorporaron medidas para atender riesgos relacionados con las candidaturas y con posibles injerencias extranjeras.Todo ello resulta razonable. Pero difícilmente puede calificarse como una transformación del sistema electoral.Mientras tanto, los tres temas que movilizaron a más de cinco mil personas —la representación proporcional, el financiamiento de los partidos y la regulación de la inteligencia artificial— quedaron, una vez más, para después.También permaneció pendiente una discusión indispensable sobre la protección y el fortalecimiento de los derechos político-electorales de los grupos en situación de desventaja, entre ellos las personas migrantes, los pueblos y comunidades indígenas, las personas con discapacidad y la población LGBTI+.El balance, a mi juicio:Esta no fue una reforma electoral en sentido estricto. Fueron retoques con vocación de reforma. Su contenido demuestra movimiento, pero no transformación. Los temas que quedaron fuera son, precisamente, los más complejos de negociar y, al mismo tiempo, los más urgentes de resolver. No parece una coincidencia; parece un diagnóstico.La elección de 2027 pondrá a prueba lo que sí se construyó. Y cuando vuelvan a aparecer las grietas del sistema —una representación proporcional sin revisar, el financiamiento partidista sin cambios de fondo, la inteligencia artificial sin reglas claras y los derechos político-electorales de los grupos en situación de desventaja todavía insuficientemente protegidos— ya no habrá tiempo para nuevas comisiones, consultas o diagnósticos.Las autoridades electorales tendrán que administrar las consecuencias de una reforma que decidió aplazar los problemas más difíciles en lugar de resolverlos. Tendrán que sostener un edificio cuyas grietas todos vieron venir, pero que nadie quiso reparar a tiempo.Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
La reforma que 2026 aplazó y que 2027 cobrará, escribe Clarissa Veneroso Segura
Se anunció como el año de la gran transformación democrática. Terminó siendo el año de los ajustes de bajo perfil.Entre audiencias públicas, cientos de escritos y miles de voces ciudadanas, la reforma electoral de 2026 prometía rediseñar las reglas del juego. Al final, solo modificó aquello que resultaba más sencillo de cambiar.Hay que recordar que el sexenio ya venía reformando el sistema político-electoral por partes. En septiembre de 2024, la reforma judicial mandó a las urnas a gran parte de la judicatura federal y local desde 2025. En abril de 2025 se prohibió la reelección inmediata de legisladores federales y de titulares de los poderes ejecutivos y legislativos locales, junto con el llamado nepotismo electoral.En agosto de 2025 se dio un paso distinto. Se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral bajo una premisa relevante: el diseño del sistema político no debía ser un asunto reservado exclusivamente a la clase política. El ejercicio no aparentó ser una simulación. Se celebraron 65 audiencias, se recibieron 395 escritos y participaron 5,294 personas.De ese proceso surgieron tres temas con verdadero peso específico: la representación proporcional, es decir, si debía eliminarse o corregirse la forma en que se asignan las candidaturas; el financiamiento de los partidos políticos, porque la austeridad ha alcanzado a las instituciones, pero no a quienes compiten por el poder; y el uso de inteligencia artificial en las campañas, pues han pasado más de dos años desde el primer litigio sobre IA en propaganda política sin que exista todavía una regulación clara.Tres temas que, de verdad, habrían cambiado las condiciones de acceso al poder rumbo a la elección de 2027.A ellos se sumó recientemente la necesidad, planteada por la Presidenta de la República, de revisar la representación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero, una comunidad cercana a los veinte millones de personas, más numerosa que la población de países como Portugal.Lo que se quedó en el tintero:La iniciativa presidencial presentada en marzo retomó buena parte de ese diagnóstico: eliminar los escaños plurinominales del Senado, reducir en 25% el financiamiento público de los partidos políticos y establecer la obligación de identificar el contenido generado mediante inteligencia artificial.Entonces llegó el proceso legislativo.Lo que finalmente salió de él fue otra cosa: reducción del número de integrantes de los ayuntamientos, prohibición de la reelección para diputaciones locales, límites al presupuesto de los congresos locales y topes a las remuneraciones de las autoridades electorales.Después, entre lo judicial, lo criminal y lo diplomático, se incorporaron medidas para atender riesgos relacionados con las candidaturas y con posibles injerencias extranjeras.Todo ello resulta razonable. Pero difícilmente puede calificarse como una transformación del sistema electoral.Mientras tanto, los tres temas que movilizaron a más de cinco mil personas —la representación proporcional, el financiamiento de los partidos y la regulación de la inteligencia artificial— quedaron, una vez más, para después.También permaneció pendiente una discusión indispensable sobre la protección y el fortalecimiento de los derechos político-electorales de los grupos en situación de desventaja, entre ellos las personas migrantes, los pueblos y comunidades indígenas, las personas con discapacidad y la población LGBTI+.El balance, a mi juicio:Esta no fue una reforma electoral en sentido estricto. Fueron retoques con vocación de reforma. Su contenido demuestra movimiento, pero no transformación. Los temas que quedaron fuera son, precisamente, los más complejos de negociar y, al mismo tiempo, los más urgentes de resolver. No parece una coincidencia; parece un diagnóstico.La elección de 2027 pondrá a prueba lo que sí se construyó. Y cuando vuelvan a aparecer las grietas del sistema —una representación proporcional sin revisar, el financiamiento partidista sin cambios de fondo, la inteligencia artificial sin reglas claras y los derechos político-electorales de los grupos en situación de desventaja todavía insuficientemente protegidos— ya no habrá tiempo para nuevas comisiones, consultas o diagnósticos.Las autoridades electorales tendrán que administrar las consecuencias de una reforma que decidió aplazar los problemas más difíciles en lugar de resolverlos. Tendrán que sostener un edificio cuyas grietas todos vieron venir, pero que nadie quiso reparar a tiempo.Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
