Con bombo y platillo fue anunciada la reforma publicada el pasado dos de junio, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la legislación electoral en materia de integridad de elecciones en la que diversos legisladores manifestaron públicamente que el objetivo fundamental era impedir que personas vinculadas con la delincuencia organizada, con antecedentes de corrupción, violentadores de género o que representen un riesgo para nuestro sistema y principios democráticos, participaran como personas candidatas. La intención del Legislador se fundó en fortalecer la confianza de la ciudadanía en las elecciones a través de la incorporación de mecanismos preventivos que permitieran verificar la idoneidad ética de las personas que eventualmente se convirtieran en candidatos. Por ello, la ley determinó la creación de una comisión que formará parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá la tarea de verificar la integridad de las candidaturas y podrá auxiliarse de las autoridades en materia de inteligencia, seguridad, procuración de justicia y financiera. Sin embargo, la reforma quedó muy lejos de contemplar varios aspectos para poder señalar que la elección de 2027 tendrá condiciones suficientes para una integridad electoral. Explico mis consideraciones. El mecanismo establecido en la normatividad deja a los partidos políticos la opción de remitir las listas de las personas candidatas a la comisión del INE para que ésta instancia proceda a la revisión y análisis correspondiente. De igual forma, se deja a los partidos la decisión de si registra o no a alguna persona como candidata o candidato aun cuando el análisis arroje como resultado que pudiera estar relacionado con actividades delictivas. Además, el INE tendrá que emitir diversos criterios para que la información que reciba de las diversas autoridades tenga las garantías suficientes para un análisis riguroso de la integridad electoral y que, incluso no pueda ser utilizado de manera política para desacreditar a ninguna persona candidata o bien, a algún partido político. Bajo este contexto, ¿qué le hizo falta al Legislador para que esta ley cumpliera con todos los parámetros para fortalecer elecciones libres, auténticas y democráticas? En mi opinión, al menos dos aspectos: 1. Fortalecer la fiscalización electoral. Mientras no se le den manos al INE para una auténtica revisión del origen y destino de los recursos que utilizan las y los precandidatos, las y los candidatos y los partidos políticos, difícilmente contaremos con elecciones íntegras. Es necesario que la fiscalización alcance y utilice componentes de mayor cobertura a través del uso de tecnologías como la inteligencia artificial para identificar movimientos financieros sospechosos, procesar grandes cantidades de información, entre otros. La legislación debe determinar la entrega obligada y oportuna al INE de diversa información por parte de áreas como el SAT, la UIF, la FGR, la CNBV, entre otras. 2. El Legislativo pudo haber apostado por estrategias sugeridas por las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales para inhibir la presencia de la delincuencia organizada, por ejemplo, el uso del voto por internet. Esta modalidad de voto, utilizado ya por las y los mexicanos residentes en el extranjero, o para las personas con alguna discapacidad y sus cuidadoras primarias), en su caso (implementado en la elección local de Coahuila en este 2026, podría haberse usado en 2027 en aquellas zonas en las que se tiene registro de presencia de organizaciones delictivas o zonas de alta inseguridad. Hubo muchas propuestas más, al final el Legislativo solo convino en apostar por la revisión de candidaturas que, de manera incompleta, será un proceso que deja desde ahora muchas interrogantes. Analista político Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Incompleta la legislación en materia de integridad electoral, escribe Fernando Díaz Naranjo
Con bombo y platillo fue anunciada la reforma publicada el pasado dos de junio, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la legislación electoral en materia de integridad de elecciones en la que diversos legisladores manifestaron públicamente que el objetivo fundamental era impedir que personas vinculadas con la delincuencia organizada, con antecedentes de corrupción, violentadores de género o que representen un riesgo para nuestro sistema y principios democráticos, participaran como personas candidatas. La intención del Legislador se fundó en fortalecer la confianza de la ciudadanía en las elecciones a través de la incorporación de mecanismos preventivos que permitieran verificar la idoneidad ética de las personas que eventualmente se convirtieran en candidatos. Por ello, la ley determinó la creación de una comisión que formará parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá la tarea de verificar la integridad de las candidaturas y podrá auxiliarse de las autoridades en materia de inteligencia, seguridad, procuración de justicia y financiera. Sin embargo, la reforma quedó muy lejos de contemplar varios aspectos para poder señalar que la elección de 2027 tendrá condiciones suficientes para una integridad electoral. Explico mis consideraciones. El mecanismo establecido en la normatividad deja a los partidos políticos la opción de remitir las listas de las personas candidatas a la comisión del INE para que ésta instancia proceda a la revisión y análisis correspondiente. De igual forma, se deja a los partidos la decisión de si registra o no a alguna persona como candidata o candidato aun cuando el análisis arroje como resultado que pudiera estar relacionado con actividades delictivas. Además, el INE tendrá que emitir diversos criterios para que la información que reciba de las diversas autoridades tenga las garantías suficientes para un análisis riguroso de la integridad electoral y que, incluso no pueda ser utilizado de manera política para desacreditar a ninguna persona candidata o bien, a algún partido político. Bajo este contexto, ¿qué le hizo falta al Legislador para que esta ley cumpliera con todos los parámetros para fortalecer elecciones libres, auténticas y democráticas? En mi opinión, al menos dos aspectos: 1. Fortalecer la fiscalización electoral. Mientras no se le den manos al INE para una auténtica revisión del origen y destino de los recursos que utilizan las y los precandidatos, las y los candidatos y los partidos políticos, difícilmente contaremos con elecciones íntegras. Es necesario que la fiscalización alcance y utilice componentes de mayor cobertura a través del uso de tecnologías como la inteligencia artificial para identificar movimientos financieros sospechosos, procesar grandes cantidades de información, entre otros. La legislación debe determinar la entrega obligada y oportuna al INE de diversa información por parte de áreas como el SAT, la UIF, la FGR, la CNBV, entre otras. 2. El Legislativo pudo haber apostado por estrategias sugeridas por las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales para inhibir la presencia de la delincuencia organizada, por ejemplo, el uso del voto por internet. Esta modalidad de voto, utilizado ya por las y los mexicanos residentes en el extranjero, o para las personas con alguna discapacidad y sus cuidadoras primarias), en su caso (implementado en la elección local de Coahuila en este 2026, podría haberse usado en 2027 en aquellas zonas en las que se tiene registro de presencia de organizaciones delictivas o zonas de alta inseguridad. Hubo muchas propuestas más, al final el Legislativo solo convino en apostar por la revisión de candidaturas que, de manera incompleta, será un proceso que deja desde ahora muchas interrogantes. Analista político Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
